Condenado al cierre

La reapertura de una Sala de lo Social que d¨¦ fluidez a la conflictividad laboral de la industria alcoyana es una de las peticiones con las que el Palacio de Justicia de Alcoy ha llegado a su 20 aniversario. La "falta de inter¨¦s pol¨ªtico", seg¨²n el anterior portavoz de los Graduados Sociales, Juan Antonio Garrig¨®s, y la "poca conexi¨®n" entre Ayuntamiento y la Generalitat, que se?ala el decano del Colegio de Abogados de Alcoy, Hermelando Linares, ha desembocado en que la ¨²ltima reforma de la Ley de Demarcaci¨®n y Planta Judicial de Alicante, aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de mayo dejase fuera, por segunda vez consecutiva, la Sala de lo Social para Alcoy. El volumen de casos llev¨® en 1946 a la creaci¨®n de la Magistratura de lo Social n¨²mero 2 de Alicante con residencia en la ciudad y jurisdicci¨®n en los partidos judiciales de Alcoy, Cocentaina, Pego, Callosa d"Ensarri¨¤ y D¨¦nia. El juzgado se sumaba a los tres de Primera Instancia e Instrucci¨®n y permit¨ªa la celebraci¨®n de juicios laborales itinerantes hasta febrero de 1996 en que el cambio de destino de los magistrados designados acab¨® con esta actividad sin indicaci¨®n alguna ni disposici¨®n legal que aclarase cu¨¢ndo y porqu¨¦ se suspendieron los juicios de lo Social. As¨ª, la petici¨®n ha estado acompa?ada de una demanda del Colegio de Abogados de Alcoy para que se declaren nulas las resoluciones del Consejo Judicial de 20 de mayo de 1998 y se reconozca el derecho a la continuaci¨®n de los desplazamientos de magistrados a Alcoy. El car¨¢cter industrial de la ciudad, su complejidad social, y el hecho de se celebraran hasta 1.500 vistas por a?o en asuntos de esta jurisdicci¨®n, es para Linares "raz¨®n m¨¢s que suficiente para reabrir la sala". "Nos queda el compromiso del subsecretario de Justicia, Eloy Velasco, de que volver¨¢ a ser una realidad en el a?o 2000". Para ello, el Parlamento ha de crear la demarcaci¨®n y la Generalitat dictar una ley d¨¢ndole capitalidad. Despu¨¦s de los libramientos de presupuestos el Gobierno dictar¨ªa un real decreto de puesta en marcha. Son estas condiciones que precisan de "una volutad pol¨ªtica". "No basta que entre Ibi y Alcoy se contabilicen entre 400 y 500 asuntos laborales al a?o con el consiguiente desplazamiento a los juzgados de Alicante y trastorno para los trabajadores", a?adi¨® Garrig¨®s. La voluntad a la que se refer¨ªa es la que movi¨® el pasado febrero a que en la anterior aprobaci¨®n de la Ley de Planta y Demarcaci¨®n, que permit¨ªa la creaci¨®n de plazas fuera de capitales, "el PP lograse que Elche colase una secci¨®n de la Audiencia Provincial". Ante la pr¨®xima reforma con nuevas demarcaciones sugiri¨® una actuaci¨®n "en la que los pol¨ªticos colen la petici¨®n de Alcoy". La creaci¨®n de una plaza de magistrado, que podr¨ªa darse con la ampliaci¨®n del partido judicial hacia Ontinyent, ha sido otra de las reivindicaciones. La imposibilidad de que los jueces puedan ascender a magistrados convierte al de Alcoy en un juzgado de paso con el retraso en la instrucci¨®n de casos como el de Ardystil, abierto ya siete a?os. No mucho mejor est¨¢n las dependencias judiciales en cuya rehabilitaci¨®n la Generalitat ha invertido en los ¨²ltimos cuatro a?os 14 millones de pesetas, frente a los m¨¢s de 2.000 repartidos en los 12 restantes de Alicante. La cifra queda lejos de los m¨¢s de 40 millones destinados al juzgado de Benidorm o los 92 de Elche. Profesionales y ciudadanos que visitan las dependencias judiciales de Alcoy corroboran su "pat¨¦tico" estado de conservaci¨®n y el hecho que su planta subterr¨¢nea, sin luz natural, ni ventilaci¨®n, no cumpla la altura exigible.