Ya no es tan seguro cometer atrocidades

La formulaci¨®n de cargos presentada contra Slobodan Milosevic, que sigui¨® a la detenci¨®n de Augusto Pinochet, muestra lo que hemos avanzado desde los d¨ªas en que los d¨¦spotas pod¨ªan aterrorizar a su pueblo confiados en que nunca tendr¨ªan que rendir cuentas. Hasta hace poco, parec¨ªa que si uno mataba a una persona iba a la c¨¢rcel, pero si masacraba a miles, por lo general sal¨ªa impune. La mayor¨ªa de los asesinos en masa de este siglo, o bien mor¨ªan pac¨ªficamente, como Stalin y Mao, o contemplaban atardeceres en tierras for¨¢neas, como Idi Am¨ªn y Mengistu Haile Miriam, de Etiop¨ªa. Con esos antecedentes de impunidad, no hab¨ªa raz¨®n para que los tiranos utilizasen guantes de seda. Los juicios de N¨²remberg contra los dirigentes nazis establecieron el principio de que no deb¨ªa haber inmunidad para los autores de las m¨¢s graves atrocidades, independientemente de qui¨¦nes fueran o de d¨®nde hubieran cometido sus cr¨ªmenes. Ese principio fue consagrado por Naciones Unidas y repetido en el convenio para la prevenci¨®n del genocidio de 1948. Sin embargo, durante d¨¦cadas se careci¨® de la voluntad pol¨ªtica para poner en pr¨¢ctica estos valiosos principios.

Pero los tiempos cambian. Los genocidios paralelos cometidos en la d¨¦cada de los noventa en Bosnia y Ruanda parecen haber dado al mundo, que no hizo nada por evitarlos, un sentimiento de culpa, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, libre de la par¨¢lisis de la guerra fr¨ªa, ha creado tribunales para juzgar a los autores de esos horribles acontecimientos. Los genocidios de Ruanda y Bosnia tambi¨¦n impulsaron la aplazada idea de establecer un Tribunal Penal Internacional (TPI) para juzgar futuras atrocidades cuando los tribunales nacionales no quieran o no puedan hacerlo.

Una extraordinaria coalici¨®n de pa¨ªses respald¨® al TPI en las negociaciones definitivas, celebradas el pasado julio en Roma. Junto con Canad¨¢ y Europa occidental, muchos de los principales partidarios fueron pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo, como Sur¨¢frica, Corea del Sur, Argentina, Malawi e incluso Chile, que hab¨ªa salido recientemente de periodos autoritarios y deseaba protegerse frente a una posible reincidencia.

La renovada b¨²squeda de justicia est¨¢ afectando tambi¨¦n a otros tiranos. A comienzos de a?o, un grupo de expertos de la ONU, respaldados por el secretario general, Kofi Annan, exigieron procesos internacionales para los l¨ªderes del Jermer Rojo que a¨²n sobreviv¨ªan. Despu¨¦s de que el informe de una comisi¨®n de la verdad, respaldada por la ONU, acusara a su r¨¦gimen de genocida, Efra¨ªn R¨ªos Monti, de Guatemala, se enfrenta tambi¨¦n al fantasma de un juicio.

Estados Unidos, a pesar de apoyar los tribunales de Yugoslavia y Ruanda, se ha convertido en el principal enemigo del nuevo tribunal, que debe ser ratificado por 60 pa¨ªses antes de comenzar a actuar. En Roma, Estados Unidos exigi¨® c¨ªnicamente, aunque sin conseguirlo, una garant¨ªa blindada que lo autorizara a vetar cualquier juicio contra soldados o pol¨ªticos estadounidenses. Como ¨²nica superpotencia militar, Washington ve pocas ventajas en someter sus decisiones de uso de la fuerza a restricciones legales internacionales. El pertinaz silencio del Gobierno de Clinton en lo referente a la acusaci¨®n contra Pinochet tambi¨¦n refleja en parte un temor fundamental a un sistema de justicia que no controla, y que se podr¨ªa utilizar para procesar a norteamericanos que cometan cr¨ªmenes de guerra.

Sin embargo, la acusaci¨®n contra Pinochet se basa en principios jur¨ªdicos ampliamente aceptados. Seg¨²n el derecho internacional, cualquier pa¨ªs puede ejercer su jurisdicci¨®n sobre personas sospechosas de haber cometido tortura, genocidio, cr¨ªmenes de guerra o cr¨ªmenes contra la humanidad. Algunos tratados, como el convenio de las Naciones Unidas sobre la tortura, en el que se bas¨® la C¨¢mara de los Lores brit¨¢nica, exigen a los pa¨ªses que lo hagan.

La detenci¨®n de Pinochet despert¨® las esperanzas de grupos de v¨ªctimas de todo el mundo, muchos de los cuales exploran ahora la posibilidad de utilizar tribunales extranjeros para llevar ante la justicia a sus torturadores. La senda, sin embargo, no es sencilla. La acusaci¨®n contra Pinochet en Espa?a fue posible gracias a la recopilaci¨®n de informaci¨®n realizada durante d¨¦cadas, primero por activistas chilenos; despu¨¦s, por la Comisi¨®n Nacional Chilena para la Verdad y la Reconciliaci¨®n, y finalmente, por abogados y jueces espa?oles. Roberto Garret¨®n, director jur¨ªdico de la pugnaz Vicar¨ªa de la Solidaridad durante la dictadura, reflexion¨® orgullosamente que "aunque no lo sab¨ªamos en ese momento, la concienzuda labor de documentaci¨®n que hicimos entonces se est¨¢ utilizando ahora, 25 a?os despu¨¦s, para llevar a Pinochet ante la justicia". A diferencia de otras muchas situaciones de asesinatos en masa, como en ?frica Central, Timor Oriental o Centroam¨¦rica, cada una de las v¨ªctimas chilenas, incluidos los desaparecidos, tiene un nombre y una historia, y la cadena de mando que conduce al general Pinochet est¨¢ clara.

Otro obst¨¢culo clave ser¨¢ la voluntad pol¨ªtica de los pa¨ªses implicados. El ministro del Interior brit¨¢nico, Jack Straw, despu¨¦s de sopesar todos los factores jur¨ªdicos y pol¨ªticos, tom¨® por dos veces la dif¨ªcil y diplom¨¢ticamente costosa decisi¨®n de permitir la extradici¨®n de Pinochet a Espa?a. Otros pa¨ªses podr¨ªan haber hecho un c¨¢lculo m¨¢s oportunista. Cuando Abu Daud, acusado de la masacre de atletas israel¨ªes en las Olimpiadas de M¨²nich de 1972, fue apresado en Francia en 1976, Par¨ªs desech¨® de plano las solicitudes de extradici¨®n de Alemania occidental y de Israel, y lo liber¨® cuatro d¨ªas despu¨¦s de su captura. Ning¨²n pa¨ªs europeo se ha mostrado ansioso por juzgar a Abdal¨¢ Ocalan. Es dif¨ªcil pensar que Arabia Saud¨ª vaya a llevar al exiliado Idi Am¨ªn ante la justicia. Y es todav¨ªa m¨¢s dif¨ªcil imaginar que alguien pueda tocar a Henry Kissinger, incluso aunque pa¨ªses como Vietnam o Camboya fuesen lo suficientemente atrevidos como para pedir su extradici¨®n.

Pero los precedentes han sido establecidos, Augusto Pinochet fue el primer ex jefe de Estado detenido por otro pa¨ªs por cr¨ªmenes contra los derechos humanos. No ser¨¢ el ¨²ltimo. Slobodan Milosevic es el primer jefe de Estado en funciones contra el que se formulan cargos por cr¨ªmenes contra los derechos humanos. No ser¨¢ el ¨²ltimo. Por tanto, los futuros l¨ªderes est¨¢n sobreaviso: la pr¨®xima vez que pretendan cometer masacres impunemente podr¨ªan ser traducidas en justicia.