2.100 plazas de empleo cubrir¨¢n los huecos de la jornada de 35 horas

El Consejo de Gobierno aprob¨® ayer la oferta de empleo p¨²blico para 1999 en vistas de que en octubre se implantar¨¢ la jornada laboral de 35 horas y se necesitar¨¢n m¨¢s trabajadores en la administraci¨®n. Se convocar¨¢n 2.100 nuevas plazas de acceso libre de las cuales, 1.120 corresponden a personal laboral para todos los grupos y categor¨ªas y 980 para funcionarios. De estas ¨²ltimas, 430 se convocan para el cuerpo de auxiliares administrativos (grupo D). Para el grupo A se han reservado 295 plazas, para el B, 179 y 76 para el grupo C. Un 4% de las plazas se dedicar¨¢n a personas que acrediten alg¨²n tipo de minusval¨ªa, un 1% m¨¢s de lo recomendado por el Defensor del Pueblo. Adem¨¢s habr¨¢ 490 plazas que se cubrir¨¢n por promoci¨®n interna. La consejera de Gobernaci¨®n y Justicia, Carmen Hermos¨ªn, inform¨® de que la convocatoria de estas plazas aparecer¨¢n en el Bolet¨ªn Oficial de la Junta alrededor del 15 de septiembre para los funcionarios y entre octubre y noviembre para los laborales. "A partir del 1 de octubre, cuando se implante la jornada de 35 horas, si se necesita cubrir algunos puestos se har¨¢ de forma provisional", dijo Hermos¨ªn en vista de que la oferta de empleo p¨²blico ir¨¢ con retraso respecto a la implantaci¨®n de la nueva jornada laboral. "La mayor¨ªa de las plazas reservadas para personal laboral cubrir¨¢n necesidades provocadas por la reducci¨®n de la jornada", un proceso que costar¨¢ entre 4.000 y 5.000 millones. El Consejo de Gobierno aprob¨® tambi¨¦n el proyecto de ley que autoriza la enajenaci¨®n del Palacio de Miramar en M¨¢laga, una operaci¨®n con cuyos ingresos se finaciar¨¢ las obras de la Ciudad de la Justicia en la misma ciudad. El inmueble, que fue transferido a la Junta con las competencias de Justicia en 1997 es actualmente una de las sedes judiciales de M¨¢laga. Con anterioridad fue un hotel y eso podr¨¢ ser de nuevo cuando quede sin uso porque est¨¦ construida la Ciudad de la Justicia. El valor del inmueble supera los 1.000 millones de pesetas y por eso, el Parlamento debe autorizar la enajenaci¨®n y la afecci¨®n de los ingresos obtenidos.