S¨®lo uno de los 5.198 abortos practicados en 1998 tuvo lugar en un hospital p¨²blico

Interrumpir el embarazo en la red p¨²blica sanitaria se ha convertido en una rareza. S¨®lo una de las 5.198 valencianas que abortaron el a?o pasado pudo hacerlo en un centro del Servei Valenci¨¤ de Salut, pese a ser los que cuentan con mejores instalaciones. La raz¨®n: la objeci¨®n de conciencia esgrimida por el personal m¨¦dico. La apelaci¨®n masiva a esta cl¨¢usula ha provocado una privatizaci¨®n de hecho de los abortos. Las interrupciones de embarazo en centros concertados supusieron en 1998 un 32% del total, siete puntos menos que en 1997. El resto se realiz¨® en centros privados.

"Los m¨¦dicos que tradicionalmente han practicado interrupciones est¨¢n perseguidos por sus compa?eros, para ellos son los aborteros". Lo dice Neus Pons, secretaria de la mujer del sindicato Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, quien no duda de que el desprecio hacia los ginec¨®logos que realizaban los abortos en los hospitales p¨²blicos por parte de sus compa?eros y el hecho de que las intervenciones pesaran sobre los hombros de unos pocos -por lo que se encasillaban profesionalmente en este tipo de intervenciones- ha provocado una situaci¨®n que, el a?o pasado, redujo a uno el n¨²mero de profesionales de la sanidad p¨²blica que practicaron abortos. La mayor¨ªa de los centros p¨²blicos carecen de un equipo completo de facultativos (ginec¨®logo, anestesista...) que no hayan objetado para practicar abortos, lo que explica que el a?o pasado el 99,98% de las mujeres que se sometieron a esta intervenci¨®n fueron derivadas a un centro privado. Una cifra muy elevada, pero menor a la de 1997. Si en 1998 s¨®lo se practic¨® una interrupci¨®n de embarazo en un centro p¨²blico de un total de 5.198, en 1997 los 4.252 abortos realizados tuvieron lugar en cl¨ªnicas privadas, seg¨²n consta en la memoria anual que elabora la direcci¨®n general de Salud P¨²blica de la Consejer¨ªa de Sanidad. La ley del aborto -aprobada en 1993 pero recurrida ante el Tribunal Constitucional, por lo que no entr¨® en vigor hasta mediados de 1995-despenaliz¨® la interrupci¨®n del embarazo para tres supuestos: en caso de violaci¨®n, malformaci¨®n del feto o peligro para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre. Hasta 1996 hab¨ªa facultativos que practicaban abortos en los hospitales La Fe y Peset Aleixandre de Valencia, como explica un alto cargo de la consejer¨ªa. Actualmente los ginec¨®logos de los hospitales se han inclinado masivamente por la objeci¨®n, hasta tal punto que el a?o pasado s¨®lo un ginecol¨®go de la red p¨²blica valenciana realiz¨® una intervenci¨®n. S¨®lo existe un peque?o hospital p¨²blico comarcal que cuenta con m¨¦dicos dispuestos a realizar abortos, un centro que desde Sanidad se niegan a identificar: "Lo se?alar¨ªan con el dedo y no volver¨ªa a practicar intervenciones en la vida". Poco y mal A la consejer¨ªa parece no importarle que el sector privado haya monopolizado de hecho la pr¨¢ctica de los abortos, un servicio m¨¢s de la atenci¨®n sanitaria del Servicio Valenciano de Salud. Para Pons la raz¨®n es clara: a trav¨¦s de una red de conciertos, la Administraci¨®n se ha quitado de encima un tema que levanta ampollas en el colectivo m¨¦dico. La soluci¨®n elegida, sin embargo, no funciona bien, seg¨²n admiten desde las propias cl¨ªnicas concertadas, quienes se quejan de que cobran poco. Desde que se aprob¨® el programa, en 1993, la consejer¨ªa no ha subido una peseta las 36.000 que paga por intervenci¨®n, cuando en un centro privado cuesta 60.000. Pero no s¨®lo la acusan de pagar poco sino tambi¨¦n tarde. "A¨²n no hemos ingresado intervenciones del a?o pasado", se lamentaba el gerente de una de las cl¨ªnicas que interviene a mujeres embarazadas en la ciudad de Valencia. Pese a los conciertos, el n¨²mero de mujeres tratadas en cl¨ªnicas totalmente privadas supera a las que se acogen a las ayudas de la Generalitat. Los abortos concertados supusieron en 32% (un total de 1.698) de los practicados el a?o pasado. Numerosas cl¨ªnicas privadas autorizadas a realizar este tipo de intervenciones prefieren no concertar sus servicios. Un ejemplo es la actitud del gerente de la cl¨ªnica Deia de Valencia, Francisco Valero, quien se niega a recibir pacientes de la red p¨²blica por militancia: "Entiendo que el dinero p¨²blico no se ha de gastar en conciertos sino en prestar un servicio desde la red p¨²blica". Valero era uno de los escasos m¨¦dicos que en los ochenta realizaba abortos en el Hospital General de Valencia, hasta que se le acab¨® el contrato que ten¨ªa con este centro y no se le renov¨®. Reniega de una objeci¨®n de conciencia que permite acogerse a la cl¨¢usula "hasta a la mujer de la limpieza". Pero no s¨®lo de ello. Tambi¨¦n de la inseguridad jur¨ªdica de los centros privados que "cada dos por tres se enfrentan a la venganza de novios rencorosos que denuncian el aborto que hizo su novia". Para Pons una soluci¨®n que resolver¨ªa la dependencia de los centros privados ser¨ªa que a trav¨¦s de la red p¨²blica se dispensara la p¨ªldora abortiva, la RU 486 y, tras la administraci¨®n del f¨¢rmaco, se ofreciera seguimiento m¨¦dico a las mujeres. Otras de las propuestas que lanza la responsable de Comisiones Obreras es la contrataci¨®n de facultativos a trav¨¦s de una oferta p¨²blica que se encargaran de realizar las intervenciones en los hospitales p¨²blicos a sueldo de la consejer¨ªa. Pero Sanidad no se f¨ªa de los m¨¦dicos: "Al d¨ªa siguente de haber jurado que no se acoger¨ªan a la objeci¨®n de conciencia podr¨ªan hacerlo y seguir¨ªamos igual".