Una ofensiva imparable

La guerra contra el tabaco emprendida por ciudadanos y autoridades tuvo su punto de arranque en EE UU en 1976, cuando un informe m¨¦dico moviliz¨® a la opini¨®n p¨²blica norteamericana con el dato de que los fumadores ten¨ªan un 6,1% de riesgo de muerte m¨¢s alto que los no fumadores. En 1990, un tribunal de apelaciones de Filadelfia (Pensilvania) revoc¨® el primer dictamen en la historia de EE UU que hab¨ªa ordenado a un fabricante de tabaco a indemnizar a una fumadora que muri¨® de c¨¢ncer de pulm¨®n. Se trataba de la empresa Liggett, fabricante de los cigarrillos Chesterfield y L&M, que se eximi¨® as¨ª de pagar 400.000 d¨®lares (44 millones de pesetas entonces) al esposo de la mujer fallecida en 1984. Aunque la empresa sali¨® victoriosa, el caso abri¨® las puertas a una decisi¨®n hist¨®rica: el Supremo dictamin¨® en 1992 que aquella advertencia de que "fumar es nocivo para la salud" no imped¨ªa que las empresas tuvieran que responder ante los tribunales por las personas que demostraran ser v¨ªctimas del tabaco. Ese mismo a?o hab¨ªa ya 50 demandas en marcha.

El colectivo de auxiliares de vuelo logr¨® en octubre de 1997 la primera victoria en la pelea contra las tabacaleras, que optaron por evitar el juicio a cambio del pago de 350 millones de d¨®lares por las secuelas en estos trabajadores del humo de los cigarrillos que hab¨ªan inhalado de forma pasiva en los aviones.

Pocos d¨ªas despu¨¦s, un juez federal de Filadelfia decidi¨® desestimar un pleito colectivo que le podr¨ªa haber costado a la industria unos 300.000 millones de pesetas. Fue s¨®lo un peque?o respiro, pues, para entonces, ya se perfilaba una amenaza mucho m¨¢s grave, la de las demandas que 40 Estados hab¨ªan presentado para intentar recuperar parte del gasto sanitario provocado por la adicci¨®n al cigarrillo.

Para lograr la inmunidad ante las demandas de las autoridades, las tabacaleras acordaron en marzo de 1998 pagar 506.000 millones de d¨®lares (78,4 billones de pesetas) a la Administraci¨®n a cambio de que ¨¦sta frenase las demandas presentadas en su contra por los ciudadanos. Las cr¨ªticas al pacto por parte de los grupos sanitarios y del movimiento en contra del tabaco llevaron al Congreso a rechazar el acuerdo. Se reanudaron las conversaciones entre los representantes de los Gobiernos y la industria, que desembocaron en un nuevo acuerdo en noviembre de 1998 que inclu¨ªa el pago de 30 billones de pesetas a ocho Estados en los pr¨®ximos 25 a?os. Este pacto no les libraba, sin embargo, de las demandas de los ciudadanos, como la que ayer se resolvi¨® en Florida.

En Espa?a, la viuda de un fumador present¨® en Barcelona el pasado a?o una demanda para pedir una indemnizaci¨®n de 60 millones de pesetas por la muerte de su esposo, adicto al tabaco negro desde los 14 a?os, por un c¨¢ncer que ella atribuye al consumo de cigarrillos. Por las mismas fechas, otra viuda de fumador reclam¨® a Tabacalera, en Bilbao, una indemnizaci¨®n de 40 millones por la muerte de su marido a causa de un enfisema pulmonar. Tambi¨¦n ha demandado a Tabacalera un vecino de Reus que fue operado de un c¨¢ncer de laringe provocado, seg¨²n el diagn¨®stico m¨¦dico, por el tabaco.

En Francia, un organismo de la Seguridad Social de Francia anunci¨® el pasado febrero sus planes para querellarse contra los grandes fabricantes de tabaco del mundo. Otros pa¨ªses, como Nicaragua y Guatemala, han presentado demandas judiciales contra las tabacaleras de EE UU por el gasto sanitario causado por el h¨¢bito de fumar.