Los acusados del fraude de las funerarias de M¨¢laga se enfrentan a 39 a?os de c¨¢rcel Se incineraron 2.772 restos de forma irregular

La complicidad entre un empleado del cementerio de M¨¢laga y seis directivos de funerarias de la capital para incinerar de manera clandestina 2.772 restos humanos y obtener as¨ª fuertes ganancias merece un duro castigo: 39 a?os de prisi¨®n en total para los siete acusados. El fiscal reclama adem¨¢s en su calificaci¨®n una indemnizaci¨®n de 150 millones para la empresa que gestiona la necr¨®polis.

La Fiscal¨ªa hace en sus conclusiones provisionales, recogidas ayer por el diario Sur, una detallada reconstrucci¨®n de la estafa. Debido a los altos precios que cobraba Parcemasa por las incineraciones, era frecuente que los restos fueran trasladados para su cremaci¨®n a Sevilla, Granada, Marbella o Alicante. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, Francisco Y. L., empleado de Parcemasa, se puso en contacto con gerentes y administradores de varias funerarias de la capital y, supuestamente, les propuso incinerar restos de manera clandestina durante la noche. A cambio deber¨ªan abonarle de 10.000 a 25.000 pesetas. La cifra no s¨®lo era inferior a la tarifa estipulada por el cementerio malague?o, sino tambi¨¦n a la de las dem¨¢s necr¨®polis. De ese modo, las funerarias tambi¨¦n sal¨ªan beneficiadas con la il¨ªcita operaci¨®n, ya que a los familiares del difunto le cobraban un traslado que en realidad jam¨¢s hac¨ªan. Cenizas sin nombre El il¨ªcito acuerdo comenz¨® a funcionar, en algunos casos, en junio de 1992. Desde entonces, la Fiscal¨ªa calcula que se incineraron de forma irregular un total de 2.772 restos. Y no s¨®lo eso. El empleado entregaba las cenizas en bolsas de pl¨¢stico sin identificaci¨®n, "de tal forma que no puede conocerse si las entregadas a los familiares en la correspondiente urna eran las procedentes de la cremaci¨®n de sus familiares fallecidos". El fiscal jefe, Manuel Vill¨¦n, autor de la calificaci¨®n, hace una pormenorizada petici¨®n de penas. Para el empleado de Parcemasa, solicita seis a?os de c¨¢rcel por estafa y 24 fines de semana de arresto por un delito contra el respeto a los difuntos. Adem¨¢s, pide que indemnice a Parcemasa con 150 millones y con 100.000 pesetas a cada uno de las familias afectadas. Para el propietario de La Popular, Emilio P. R., reclama seis a?os de prisi¨®n por estafa, tres por falsificaci¨®n y 24 fines de semana de arresto por un delito contra el respeto a los difuntos. Otro de los acusados es Emilio M. G., adminitrador de La Soledad, para quien la Fiscal¨ªa reclama cinco a?os de c¨¢rcel y 20 fines de semana de arresto, la misma pena que pide para Jos¨¦ Q. S. y Jos¨¦ Francisco G. D., gerentes de La Nueva. Por ¨²ltimo, para los gerentes de La Malague?a y GFunesur, Juan L.C. y Juan Manuel O. M., solicita cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por estafa y 18 fines de semana de arresto por un delito contra el respeto a los difuntos. Sobre Parcemasa, el ministerio p¨²blico hace una doble consideraci¨®n. En tanto perjudicada por el fraude -ya que en sus hornos se cremaron casi 3.000 restos por los que no percibi¨® ingreso alguno-, reclama una indemnizaci¨®n de 150 millones de pesetas. Pero como empleadora del principal acusado, Francisco Y. L., el fiscal concluye que debe responder de manera subsidiaria en el pago de indemnizaciones a los familiares. El fraude de las funerarias se destap¨® hace dos a?os. El caso provoc¨® gran alarma social ya que m¨¢s de 2.000 familias desconoc¨ªan si las cenizas que hab¨ªan esparcido eran realmente las de sus difuntos. Al comienzo de la investigaci¨®n incluso declararon como imputados el gerente y un directivo de Parcemasa, pero finalmente el juzgado que llevaba la instrucci¨®n dict¨® el sobreseimiento de ambos.