Pulso en la c¨¢rceles

SI EL n¨²mero de presos aumenta y el de funcionarios se estanca o no crece proporcionalmente, es seguro que m¨¢s temprano que tarde surgir¨¢n problemas en las c¨¢rceles. Desde finales de junio, los funcionarios de prisiones mantienen un fuerte pulso, que incluye el bloqueo de los accesos a algunos centros y las consiguientes cargas policiales, con la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias en reivindicaci¨®n de mejores condiciones laborales y salariales y de un aumento de plantillas. Es dif¨ªcil determinar si tienen o no raz¨®n en sus exigencias. Pero, una vez establecido el derecho que les asiste a defender sus demandas por medios pac¨ªficos y legales, debe quedar tambi¨¦n claro que sus reclamaciones no pueden hacerse a costa de los derechos de los presos, cuya custodia y asistencia tienen encomendada por ley. Las situaciones coflictivas en las prisiones han venido tradicionalmente del lado de los presos, no de los funcionarios, por cuestiones de masificaci¨®n, malos tratos o intentos de fuga. Estos problemas se han mitigado en parte, que no desaparecido, por la estructura modular de las c¨¢rceles modernas, que, al tiempo que humaniza la vida de los reclusos, los a¨ªsla entre s¨ª en el interior del recinto penitenciario facilitando su control. Pero este tipo de prisiones, de concepci¨®n arquitect¨®nica m¨¢s humana, exige un mayor n¨²mero de funcionarios dedicados a la atenci¨®n y vigilancia de los reclusos. No parece, sin embargo, que la Administraci¨®n penitenciaria haya reparado suficientemente en este aspecto.

En el caso de Espa?a, la situaci¨®n se complica por el crecimiento de la poblaci¨®n reclusa en los ¨²ltimos a?os: 45.142 presos en 1998, una de la tasas m¨¢s altas de Europa. En contra del alarmismo desplegado por el PP cuando estaba en la oposici¨®n, el C¨®digo Penal que entr¨® en vigor en 1995 no sac¨® a los presos a la calle, sino que ha elevado su n¨²mero al desaparecer la redenci¨®n de penas por el trabajo y alargar la duraci¨®n media real de las condenas. Es perfectamente defendible un modelo penal y penitenciario que insista m¨¢s en el aspecto retributivo de la pena que en la reinserci¨®n, siempre que se mantenga en los l¨ªmites de la Constituci¨®n. El PP se mostr¨® partidario de esta v¨ªa antes de llegar al Gobierno con su sonada campa?a a favor del cumplimiento ¨ªntegro de las penas por terrorismo o cuando encabez¨® la protesta social contra los permisos penitenciarios.

Pero ese modelo exige un ingente esfuerzo presupuestario, ya que se necesitar¨ªan m¨¢s c¨¢rceles y m¨¢s funcionarios. No se puede propugnar desde la oposici¨®n una pol¨ªtica de endurecimiento penal y penitenciario y luego resistirse desde el Gobierno a afrontar el elevado coste que supone. Es posible que los funcionarios de prisiones hayan puesto el dedo en la llaga de una nueva contradicci¨®n de este Gobierno.