La guerra de Kosovo y el sopor de Espa?a

FRANCISCO RUBIO LLORENTELlegados adonde estamos, no parece que tenga mucho sentido seguir insistiendo en los horrores causados o suscitados por la intervenci¨®n de la OTAN en Kosovo, o en su tr¨¢gica inutilidad, si el fin de tal intervenci¨®n era, como se dijo, el de lograr una convivencia pac¨ªfica de serbios y albaneses en esa provincia, sin separarla de Serbia. La evidencia de los hechos se estrella siempre contra un razonamiento que no cabe rebatir, porque est¨¢ apoyado en un futurible: lo que hubiera pasado si la OTAN no hubiese acudido a las armas. En espera de que la historia dirima el litigio, si alguna vez lo hace, mejor es callar. Hay, sin embargo, otras perspectivas desde las que tal vez tenga a¨²n sentido seguir hablando de Kosovo, y entre ellas, la de nuestra Constituci¨®n, que es tanto como decir la de nuestra democracia, de la que aqu¨¦lla es simple forma. Muy seguro tampoco es, por razones que al final se dir¨¢n, pero en todo caso vale la pena intentarlo.

Si guerra significa en nuestra lengua "lucha armada entre dos o m¨¢s potencias, o entre bandos de una misma naci¨®n", seg¨²n la definici¨®n que del t¨¦rmino da la Academia, guerra ha sido lo de Kosovo. Por si no bastase la autoridad de la Academia, la conclusi¨®n puede fundamentarse tambi¨¦n en la autoridad militar. En unas declaraciones recogidas por un belicista corresponsal de este peri¨®dico, el general Wesley Clark, que es quien mejor puede saberlo, dijo que para ¨¦l y sus hombres no hab¨ªa duda alguna de que era guerra lo que hac¨ªan, aunque pol¨ªticos y juristas lo negaran. Y si guerra ha sido y en guerra hemos estado, hay alguna raz¨®n para sorprenderse de que toda ella haya podido transcurrir al margen de lo que para el caso dispone la Constituci¨®n, sin que nuestros representantes hayan reparado en ello, o lo hayan hecho s¨®lo de modo marginal. De que hayamos entrado en guerra sin que las Cortes autorizasen al Rey (es decir, al Gobierno) para hacerla, e incluso de que se haya aceptado tambi¨¦n en paz, como cosa natural e inevitable, que en el futuro ser¨¢ siempre as¨ª, al menos en aquellos casos en los que, Dios no lo quiera, la OTAN decida volver a las andadas. Hace unos pocos d¨ªas, este peri¨®dico daba cuenta de la existencia de un sesudo documento de cuarenta p¨¢ginas en el que el Gobierno anuncia a las Cortes su firme prop¨®sito de informarlas, tan pronto como le sea posible (es decir, despu¨¦s de que la CNN lo haya hecho), de las acciones armadas emprendidas por nuestras fuerzas en el extranjero, pero tambi¨¦n de no pedirles autorizaci¨®n para emprenderlas. Si ese documento ha suscitado alguna reacci¨®n, poco eco ha tenido.

Antes de seguir adelante conviene precisar que esa mansa aceptaci¨®n de la marginaci¨®n de las Cortes en las decisiones concernientes a la guerra no puede justificarse, aunque algunos lo hayan intentado, con la estupenda idea de que no ha existido porque la Constituci¨®n no la impone. Es verdad que nuestra Constituci¨®n (como casi todas las dem¨¢s de Europa, anteriores o posteriores) s¨®lo se refiere a la declaraci¨®n de guerra, pero declarar la guerra no es sino tomar la decisi¨®n de emplear las Fuerzas Armadas propias contra un Estado extranjero, sean cuales fueren las razones que impulsan a ello o la forma en la que se hace, y esa decisi¨®n requiere en nuestra Constituci¨®n la autorizaci¨®n previa de las Cortes. Espa?a no form¨® parte del "grupo de contacto" (uno m¨¢s de esos poderes f¨¢cticos que hoy gobiernan el mundo por decisi¨®n propia) que lanz¨® el ultim¨¢tum a Serbia, pero, como miembro de la OTAN, particip¨®, en pie de igualdad formal con los dem¨¢s miembros de la organizaci¨®n, en la decisi¨®n del Consejo Atl¨¢ntico de iniciar las hostilidades contra ella. No hemos ido solos a la guerra ni hemos aportado a ella un esfuerzo comparable al de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista jur¨ªdico es tan suya como nuestra. La buena compa?¨ªa en la que iba no excusaba a nuestro Gobierno de las obligaciones que la Constituci¨®n le impone.

Como la cosa es bastante obvia, esa justificaci¨®n basada en una interpretaci¨®n tan vergonzosamente literal del art¨ªculo 63 de la Constituci¨®n parece haber quedado en el olvido y la actitud de nuestro Gobierno tiende a explicarse ahora, si entiendo bien las oscuras declaraciones de unos y de otros, con dos argumentos que no la toman en cuenta: el de que nuestra participaci¨®n en la intervenci¨®n armada estaba previamente autorizada por ser una obligaci¨®n que asumimos al incorporarnos a la OTAN y el de que la tal intervenci¨®n no es guerra, aunque lo parezca.

El primero tendr¨ªa alg¨²n peso si se tratase de acciones defensivas, que son las que nos obliga a emprender nuestra pertenencia a la organizaci¨®n cuando alguno de sus miembros sea atacado dentro de la zona definida por los art¨ªculo 5 y 6 del tratado que la crea; no tiene ninguno en el caso de acciones ofensivas como la llevada a cabo contra Serbia. Cuando en 1981 se discuti¨® nuestra incorporaci¨®n a la Alianza prevaleci¨® la tesis de que la adhesi¨®n no entra?aba cesi¨®n alguna de soberan¨ªa, porque el eventual acuerdo del Consejo Atl¨¢ntico del que podr¨ªa resultar el inicio de la guerra, adem¨¢s de adoptarse, como todos los de este ¨®rgano, por consenso, no ser¨ªa otra cosa que un juicio de hecho, la simple verificaci¨®n de que se hab¨ªa producido una situaci¨®n que de antemano las Cortes hab¨ªan definido como casus belli. La opini¨®n es discutible, dadas las caracter¨ªsticas reales del consenso, pero puede sostenerse en la medida en la que se aplique s¨®lo a nuestra obligaci¨®n de acudir en defensa de nuestros aliados, con independencia de que Espa?a formara parte o no de la famosa estructura integrada de mandos, en torno a la cual se tram¨® la trapisonda que concluy¨® el 13 de noviembre de 1996, en una sesi¨®n del Congreso de los Diputados muy expresiva de la triste realidad de nuestra vida parlamentaria. (El improbable lector curioso puede estudiarla en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados n¨²mero 38, de 1996; me permito recomendarle una especial atenci¨®n a las p¨¢ginas 1.674 y 1.695, en las que encontrar¨¢ declaraciones de los se?ores Gonz¨¢lez y Aznar, convergentes en la finalidad y paralelas en el desprecio por la verdad). Pero hayan sido los que hayan sido sus fines y justificaci¨®n reales, la guerra de Kosovo no ha sido una guerra defensiva, sino ofensiva. Al decidirla, el Consejo Atl¨¢ntico no pudo anterior apoyarse en el Tratado de Washington por la simple raz¨®n de que ninguno de sus miembros hab¨ªa sido atacado, en Europa o fuera de ella, ni en ninguna otra norma del derecho internacional, que la decisi¨®n ha violado de modo palmario. Por eso, para contribuir a adoptarla a trav¨¦s de nuestro representante en ese consejo, el Gobierno espa?ol debi¨® solicitar autorizaci¨®n de las Cortes, como ya antes se dijo. El primer argumento es, en definitiva, inservible.

Es tal vez la conciencia de su inutilidad la que ha llevado a nuestros pol¨ªticos del Gobierno y de la oposici¨®n, del interior o exportados, a emplear otro, que se resume en la notable idea de que la guerra no ha sido guerra porque no coincide con lo que la Constituci¨®n llama as¨ª. No siendo guerra, la intervenci¨®n armada sobre el territorio de un pa¨ªs extranjero es una acci¨®n ordinaria de pol¨ªtica exterior, competencia, por tanto, del Gobierno, que no necesita de autorizaci¨®n alguna para llevarla a cabo. El argumento descansa sobre el supuesto impl¨ªcito de que hay un concepto constitucional de guerra que no coincide con el contenido que este t¨¦rmino tiene en el l¨¦xico ordinario, y como tal supuesto no tiene apoyo alguno en el texto de la Constituci¨®n, los autores y usuarios del argumento se esfuerzan por encontrarle otro fundamento. Para algunos, la guerra real no ha sido guerra constitucional porque no enfrentaba intereses nacionales; para otros, porque no ha sido decisi¨®n de un Estado aislado, sino colectiva; para otros, por fin, porque ha sido una acci¨®n unidireccional en la que nosotros y nuestros aliados lanz¨¢bamos bombas sobre Serbia sin correr el menor riesgo de que Serbia las lanzase contra nuestro territorio o nuestros ej¨¦rcitos. Quiz¨¢s no sean tres fundamentos distintos, sino m¨¢s bien tres facetas distintas de un fundamento ¨²nico (y falaz) que sus inventores utilizan seg¨²n las conveniencias.

La atribuci¨®n a los t¨¦rminos utilizados en las normas jur¨ªdicas de un significado que no es el l¨¦xico, cuando no tiene apoyo en las normas mismas, es un truco de r¨¢bulas intolerable en juristas serios, como se supone que son o deber¨ªan ser los que asesoran a nuestros hombres de Estado. Pero adem¨¢s, como todo truco, requiere talento. Como a menudo se dice, sofista no es quien quiere, sino quien puede, y la voluntad de los autores del argumento parece m¨¢s fuerte que su capacidad. Es rid¨ªculo afirmar que no existen intereses nacionales enfrentados, aunque ninguno de ellos sea el nuestro, en una guerra que termina con la cesi¨®n de una parte del territorio a uno de los bandos enfrentados en una guerra civil entre dos nacionalismos. Es grotesco sostener que no hay guerra porque la decisi¨®n de emprenderla la toman por consenso quince Estados, y no uno solo de ellos (sin entrar a discutir, una vez m¨¢s, el significado del consenso y el origen real de la decisi¨®n, apenas velados por eufemismos de los que la prensa norteamericana suele prescindir). La ¨²nica raz¨®n con apoyo en la realidad es la ¨²ltima, la de que no hemos hecho guerra porque no hemos corrido riesgos, pero es una raz¨®n inquietante.

Seg¨²n una opini¨®n extendida, la guerra de Kosovo ha sido, en efecto, un hecho hist¨®rico universal al que se debe atribuir el mismo significado que para Goethe tuvo la batalla de Valmy. Ha sido el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad en la que los Estados civilizados (y poderosos) s¨®lo recurrir¨¢n a la fuerza para imponer el respeto a los derechos humanos e implantar la democracia en el mundo entero, sin detenerse en bagatelas jur¨ªdicas ni dejarse paralizar por el respeto a la soberan¨ªa estatal. En ese futuro luminoso pueden darse, sin embargo, como es claro, dos situaciones distintas. Si los Estados b¨¢rbaros, por s¨ª mismos o con el auxilio de aliados poderosos, tienen fuerzas suficientes para responder en especie a los que intentan hacerlos entrar en raz¨®n habr¨ªa guerra para todos (eventualmente incluso guerra at¨®mica) y la decisi¨®n de los Estados virtuosos pondr¨ªa en peligro los derechos humanos de sus propios ciudadanos a la b¨²squeda de la felicidad e incluso a la vida, con lo que ellos mismos estar¨ªan actuando como b¨¢rbaros. S¨®lo si se da la otra situaci¨®n posible y los b¨¢rbaros son tan d¨¦biles que no pueden usar la fuerza contra los paladines de los derechos ser¨¢ la acci¨®n armada de ¨¦stos unidireccional; ser¨¢ guerra para quienes la sufren, no para quienes la hacen, cuyos Gobiernos estar¨¢n por eso dispensados de solicitar autorizaci¨®n alguna para acometerla.

Y as¨ª ha sido en Kosovo. Lo nuevo en lo all¨ª sucedido no es que los mandos militares hayan hecho lo posible por no tener bajas en sus filas, pues eso es para ellos un deber deontol¨®gico elemental, sino que nuestros pol¨ªticos s¨®lo hayan decidido causar destrucciones y muertes en territorio serbio cuando han estado razonablemente seguros de que nosotros no sufrir¨ªamos destrucciones ni muertes, y ser¨ªan pocas, si algunas, las de nuestros ej¨¦rcitos profesionales. Por eso, la intervenci¨®n no ha sido guerra, y ¨¦se es el motivo de que no haya sido necesario solicitar la autorizaci¨®n de nuestros representantes para hacerla. La acumulaci¨®n de contradicciones es interminable. La no-guerra hecha en defensa de los derechos humanos parte del principio de que no todos los humanos son iguales; la defensa de la democracia con las armas permite prescindir de las condiciones que la Constituci¨®n democr¨¢tica impone para utilizarlas, etc¨¦tera.

Dicho lo dicho, tambi¨¦n es verdad que, aunque las Cortes hubiesen intervenido, nada habr¨ªa cambiado, que para la mayor¨ªa de los espa?oles eso carece de importancia y que es seguro que para una buena parte de ellos, mientras estemos del lado de los fuertes y podamos bombardear sin temor a ser bombardeados, todo est¨¢ bien. Quiz¨¢s tengan raz¨®n y este art¨ªculo sea in¨²til, pero si la tienen, ?cu¨¢l es la raz¨®n que justifica la guerra contra Serbia?

Francisco Rubio Llorente es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional.