La inspecci¨®n del Poder Judicial propone expulsar a la juez decana de Marbella

El Servicio de Inspecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso ayer a su Comisi¨®n Disciplinaria la expulsi¨®n de la juez decana de Marbella, Pilar Ram¨ªrez, a causa de los cinco expedientes por falta muy grave cuya apertura solicita, as¨ª como que sea suspendida cautelarmente de sus funciones. La inspecci¨®n asume una segunda ampliaci¨®n de la denuncia formulada contra la magistrada por el fiscal jefe anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, en la que aporta nuevos datos sobre las actividades de la juez Ram¨ªrez, su marido, su hermano y su padre.

Los inspectores del Consejo que estuvieron en Marbella investigando la denuncia del fiscal anticorrupci¨®n sobre la presunta vinculaci¨®n de la familia de la juez Ram¨ªrez y el alcalde de la localidad, Jes¨²s Gil, con varios miembros del clan mafioso Santapaola, han elevado un informe a la Comisi¨®n Disciplinaria en el que entienden que existen irregularidades en la actuaci¨®n de la juez como para abrir cinco expedientes por falta muy grave. En caso de que estos expedientes terminen en sanci¨®n, conllevar¨ªan la expulsi¨®n de la magistrada de la judicatura. Mientras tanto, los inspectores proponen que se la suspenda cautelarmente en sus funciones y se ordene su traslado forzoso. Varios de los expedientes se refieren a que la juez Ram¨ªrez no se abstuvo de intervenir, como era obligado, en casos relacionados con Gil o sociedades vinculadas a los mafiosos italianos que estaban representados jur¨ªdicamente por familiares de la magistrada.Tambi¨¦n se considera grave la intromisi¨®n de la juez en las tareas del titular del juzgado n¨²mero 7 de Marbella, Santiago Torres, instructor del caso Atl¨¦tico en el que Gil est¨¢ imputado y con una petici¨®n de pena que supera los 30 a?os de prisi¨®n. Ram¨ªrez, al resolver una queja de Gil contra Torres, decret¨® que el magistrado hab¨ªa vulnerado las normas de reparto.

Datos falsificados

El informe propone tambi¨¦n la reapertura de un expediente anterior contra Ram¨ªrez, que fue archivado, por entender que su sobreseimiento fue acordado en funci¨®n de datos falsificados. El archivo declaraba que la juez estaba legitimada para ejercer en Marbella, aunque tambi¨¦n lo hicieran sus familiares como abogados, debido a que la localidad ten¨ªa un censo superior a 100.000 habitantes, una cifra que el Instituto Nacional de Estad¨ªstica ha demostrado que es falsa. El informe de la inspecci¨®n, en cambio, no ve irregularidades en la actuaci¨®n del juez Torres.Para hacer sus propuestas a la Comisi¨®n Disciplinaria, la Inspecci¨®n del CGPJ ha tenido en cuenta la segunda ampliaci¨®n realizada por la fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n el mi¨¦rcoles, encaminada a demostrar que la juez Ram¨ªrez vulner¨® el precepto legal que impide a los magistrados ejercer en poblaciones, como Marbella, de menos de 100.000 habitantes, en las que ellos mismos, su c¨®nyuge o parientes de segundo grado posean "intereses econ¨®micos" o "tengan arraigo que pueda obstaculizarles el imparcial ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional". Como nuevos hechos aportados por Carlos Jim¨¦nez Villarejo y comprobados por la Inspecci¨®n del CGPJ figuran datos que afectan a la actividad econ¨®mica de la magistrada, su marido, su hermano y su padre.

La magistrada Ram¨ªrez invirti¨® en 1995 un total de 15 millones de pesetas en letras del Tesoro, que en 1996 reinvirti¨® en fondos de inversi¨®n en los que suscribi¨®, adem¨¢s, cinco millones de pesetas, que no pueden proceder del mismo origen. En 1997, la juez Ram¨ªrez abon¨® a la sociedad Bail¨®n Ram¨ªrez, SL, m¨¢s de 34 millones, seg¨²n declar¨® a Hacienda tal empresa, con domicilio en Marbella.

El esposo de la magistrada, Nicol¨¢s Navarro Abad¨ªa, farmac¨¦utico, dado de alta por cuenta propia en Marbella y dedicado a realizar an¨¢lisis cl¨ªnicos, declar¨® a Hacienda entre 1993 y 1997 ingresos anuales de entre 15 y 22 millones de pesetas.

Aunque en el expediente que se le abri¨® a la juez en 1996 declar¨® que su padre no ten¨ªa actividad econ¨®mica y viv¨ªa de su pensi¨®n y de un alquiler de 4.000 pesetas, tales ingresos no son compatibles con el pago hecho en 1997 por Juan Ram¨ªrez de m¨¢s de 30 millones de pesetas a la empresa Bail¨®n, seg¨²n declar¨® ¨¦sta a Hacienda.

La fiscal¨ªa aport¨® tambi¨¦n el dato de que el hermano de la juez, Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo, recibi¨® 122 millones de la Cl¨ªnica Oncol¨®gica Aramburu, SL, sin que se haya acreditado la raz¨®n por la que se pag¨® tal importe, declarado a Hacienda por dicha entidad.