Man¨ªa persecutoria

EL GOBIERNO vasco parece empe?ado en confundir las reglas de la competencia con la soberan¨ªa fiscal. El anuncio de que la Comisi¨®n Europea ha abierto expedientes de infracci¨®n contra seis normas fiscales del Pa¨ªs Vasco y una de Navarra ha provocado una alarma pol¨ªtica sobre la autonom¨ªa fiscal vasca que revela m¨¢s un juego de victimismo organizado que una preocupaci¨®n real por la vigencia del Concierto Econ¨®mico. Las reacciones son excesivas y est¨¢n mal orientadas: la Comisi¨®n no cuestiona la soberan¨ªa fiscal vasca ni puede hacerlo, pero est¨¢ obligada a velar por que se cumpla la normativa comunitaria.Lo que Bruselas no puede aceptar, en el Pa¨ªs Vasco o en cualquier otro territorio europeo, es que las subvenciones impl¨ªcitas en los incentivos fiscales para estimular la localizaci¨®n de empresas superen los l¨ªmites establecidos en la UE para garantizar la competencia. Y varias de las ventajas fiscales de las diputaciones forales vascas los han superado. Tampoco puede pasar por alto que se apliquen normas fiscales espec¨ªficas para favorecer a determinadas empresas, y s¨®lo a ellas, porque el resto resultan discriminadas.

El Concierto vasco debe ser defendido pol¨ªticamente como lo que es, un instrumento de rango constitucional que garantiza la capacidad del Gobierno aut¨®nomo para elaborar sus propias leyes fiscales en armon¨ªa con el resto de Espa?a. Pero no es una patente de corso para dictar leyes que puedan violar las normas que rigen en el espacio econ¨®mico europeo. En lugar de atizar el alarmismo y convocar actos de reafirmaci¨®n de un Concierto que nadie cuestiona, el Ejecutivo vasco debe adecuar su pol¨ªtica fiscal a los m¨¢rgenes acordados por los Quince. Lo que menos necesita el Concierto es alarma, alboroto y trincheras defensivas; lo que requiere urgentemente es una puesta al d¨ªa que lo armonice con las reglas europeas de competencia en un mercado ¨²nico. Igual que Madrid debe someter a Bruselas las ayudas al sector el¨¦ctrico, las diputaciones vascas tendr¨¢n que ajustar sus beneficios fiscales a las directivas de la UE.