?Juez imparcial?

HACE TIEMPO que el Consejo General del Poder Judicial debi¨® tomar cartas en el asunto de la juez decana de los juzgados de Marbella, Pilar Ram¨ªrez. Sencillamente, porque resulta escandaloso que una juez ejerza la jurisdicci¨®n en una ciudad donde sus familiares tienen importantes intereses econ¨®micos y que, adem¨¢s, intervenga judicialmente en asuntos que les afectan. La situaci¨®n no es de ahora, aunque se ha ido agravando con los a?os, y era conocida, al menos en sus rasgos generales, por las altas instancias judiciales. Por eso resulta sorprendente que denuncias anteriores se resolvieran por medio de expedientes meramente superficiales. La inspecci¨®n del Consejo acaba de realizar por primera vez, a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, una investigaci¨®n a fondo de los hechos. Y la conclusi¨®n es la que se sospechaba: los negocios de la familia de la juez (padre, hermano y marido) existen realmente y la juez decana de Marbella ha actuado en casos judiciales que afectan directamente a sus familiares o en los que ¨¦stos intervienen en calidad de asesores y representanes legales. La inspecci¨®n apunta incluso una posible prevaricaci¨®n en unas diligencias en las que actuaba como parte el Ayuntamiento de Marbella. Este asunto no s¨®lo ser¨ªa perseguible en el orden disciplinario, sino tambi¨¦n en el penal.

El Poder Judicial deber¨¢ estudiar a partir del pr¨®ximo lunes estos hechos y tomar decisiones. La inspecci¨®n propone la inmediata suspensi¨®n cautelar de la juez en sus funciones, su traslado forzoso a otra ciudad por incompatibilidad y la apertura de cinco expedientes informativos por falta muy grave, que podr¨ªan acarrear su expulsi¨®n de la carrera judicial. Evidentemente, ni la suspensi¨®n cautelar ni el traslado forzoso presuponen la culpabilidad. Tampoco la apertura de los expedientes informativos, en los que deber¨¢ ser o¨ªda. Lo que parece insostenible es que pueda continuar adscrita a los juzgados de Marbella, a la luz de la incompatibilidad que establece la ley para actuar como juez en poblaciones de menos de 100.000 habitantes donde sus familiares directos tengan negocios y/o act¨²en ante los tribunales. ?se es exactamente el caso de la juez Ram¨ªrez. Y si hoy puede discutirse si Marbella ha superado o no ese umbral de poblaci¨®n, no hay ninguna duda de que la juez ha ejercido durante una d¨¦cada en situaci¨®n de incompatibilidad legal. Este hecho no s¨®lo pone en cuesti¨®n su imagen de juez imparcial e independiente, sino la de la justicia misma. El Consejo debe obrar en consecuencia.