La Generalitat, condenada a pagar 4.000 millones a los ayuntamientos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha dictado una resoluci¨®n por la que condena a la Generalitat a pagar 3.820 millones de pesetas m¨¢s intereses por el gasto que ha supuesto para 21 ayuntamientos catalanes mantener durante 14 a?os los dep¨®sitos municipales de detenidos. El Tribunal Supremo estableci¨® en 1998 que el Departamento de Justicia deb¨ªa correr con ese gasto, pero la Generalitat nunca lleg¨® a asumirlo porque no lleg¨® a un acuerdo con los ayuntamientos sobre las cantidades que deb¨ªa abonar.

La sentencia dictada en febrero de 1998 por el Tribunal Supremo dio la raz¨®n a la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC) y reconoci¨® el derecho de los ayuntamientos a ser compensados por haber asumido desde abril de 1985 unos gastos que eran competencia de Justicia. Desde esa fecha, la Generalitat ven¨ªa pagando 1.150 pesetas por detenido y d¨ªa en aplicaci¨®n de una orden del Departamento de Justicia. El Supremo consider¨® que se trataba de una cifra muy inferior al gasto real que comporta mantener las instalaciones en las que permanecen los detenidos hasta que pasan a disposici¨®n judicial y en las que tambi¨¦n se cumplen las penas de arrestos de fin de semana. Por ese motivo, el Supremo anul¨® esa orden de Justicia, pero dej¨® para el periodo de ejecuci¨®n de sentencia la cantidad que deb¨ªa pagarse a cada ayuntamiento. La FMC y la Generalitat estuvieron negociando un acuerdo durante 1998, pero por discrepancias econ¨®micas no se alcanz¨®. Orden anulada Ante ese desacuerdo, la consejera de Justicia, N¨²ria de Gispert, dict¨® el pasado 24 de diciembre otra orden por la que se establec¨ªa un nuevo m¨®dulo de 5.424 pesetas por detenido y d¨ªa aplicable desde abril de 1985 m¨¢s otras 538.057 pesetas anuales por dep¨®sito en funcionamiento "sea cual sea su ocupaci¨®n". La FMC, por su parte, acudi¨® al Tribunal Superior de Justicia para reclamar que se reconociese el derecho a cobrar los gastos que, seg¨²n las certificaciones aportadas por los secretarios municipales, comportan esas instalaciones: 3.820 millones de pesetas, que ascienden a 7.421 si se suman los intereses de demora de estos ¨²ltimos 14 a?os. Se trata de cantidades muy diferentes seg¨²n el municipio y oscilan entre los 462 millones que reclama L"Hospitalet y los 40 millones de Les Borges Blanques. La sentencia dictada el pasado d¨ªa 20 por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del TSJC no s¨®lo reconoce el derecho a cobrar de la Generalitat las certificaciones de gastos que presenten los secretarios municipales, sino que tambi¨¦n anula la ¨²ltima orden del Gobierno catal¨¢n. "Es perfectamente comprensible el af¨¢n de la Generalitat por estandarizar los referidos gastos, pero dicha soluci¨®n no dar¨ªa el cumplimiento debido a la sentencia del Tribunal Supremo", afirma el TSJC. La sentencia tambi¨¦n califica de "interpretaci¨®n alicorta" la que ha realizado la Generalitat con esa orden y afirma que los argumentos expuestos "devienen intempestivos" y s¨®lo pretenden "interferir en la ejecuci¨®n de la sentencia". En cuanto a los intereses de demora que reclaman los ayuntamientos, el Tribunal Superior tambi¨¦n reconoce su derecho a percibirlos, en contra del criterio de la Generalitat, que se negaba a pagarlos por considerar que no se reclamaron en el proceso que finaliz¨® con la sentencia del Supremo. El Departamento de Justicia asegur¨® ayer que presentar¨¢ recurso contra la nueva sentencia y que solicitar¨¢ su suspensi¨®n. La Generalitat considera que de esa manera se "evitar¨ªan situaciones injustas", ya que algunos consistorios reclaman cantidades "desorbitadas", fijadas en 90.000 pesetas por d¨ªa y detenido, frente a las 7.000 que exigen otros ayuntamientos.