Una juez investiga si una ONG cambi¨® el destino de algunas subvenciones

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Valencia, Isabel Rodr¨ªguez, investiga desde hace ya casi dos a?os a una organizaci¨®n no gubernamental que pudo utilizar fraudulentamente parte de las subvenciones que le concedi¨® la Generalitat, principalmente en el periodo comprendido entre 1994 y 1997. Seg¨²n fuentes cercanas al caso, las pesquisas de la magistrada y la fiscal actualmente adscrita al caso, Rosa Ruiz, se iniciaron a finales de 1997, cuando la Administraci¨®n auton¨®mica no logr¨® que la asociaci¨®n justificara el uso o devolviera parte del importe de una subvenci¨®n de alrededor de 12 millones de pesetas. La ayuda fue concedida para un proyecto de cooperaci¨®n en Guatamela. La ONG en cuesti¨®n es la Liga Espa?ola Pro-Derechos Humanos. La sede central de esta entidad, con sede en Madrid, fue fue interpelada en junio de 1997 por la Direcci¨®n General Interior de la Consejer¨ªa de Presidencia. El motivo, bien claro: la existencia de otra organizaci¨®n del mismo nombre pero con distinto n¨²mero de registro. La organizaic¨®n de ¨¢mbito estatal tiene el 95.860, y la valenciana, el 137.636. Seg¨²n las mencionadas fuentes, la segunda, que ubic¨® su sede en la calle de San Dionisio de Valencia -unas dependencias que el Ayuntamiento de Valencia cede a varias entidades sin ¨¢nimo de lucro- consigui¨® gestionar algunas subvenciones de varias instituciones valencianas. El uso de la mayor¨ªa de ellas no fue concretado ni, como es preceptivo en esos casos, devuelto su importe. La Administraci¨®n puso los hechos en conocimiento de la Justicia. A partir de ah¨ª, la magistrada ha ordenado a la Polic¨ªa Judicial la pr¨¢ctica de varias investigaciones. Los agentes se pusieron en contacto con el presidente de la organizaci¨®n estatal de la Liga, Francisco Jos¨¦ Alonso, y con los responsables del grupo del mismo nombre posteriormente registrado en Valencia. Varias declaraciones Adem¨¢s, acudieron a las entidades que concedieron las ayudas para intentar averiguar la cuant¨ªa de las subvenciones percibidas entre 1993 y 1997 y su destino final. Por ejemplo, la juez orden¨® a la Direcci¨®n General de Servicios Sociales, un organismo dependiente de la Consejer¨ªa de Bienestar Social, que concretar¨¢ el monto de las ayudas repartidas y la relaci¨®n de las personas -extranjeras- que finalmente se hab¨ªan beneficiado de ellas. Alonso responsabiliza a Mar¨ªa Dolores P. C., una antigua y ef¨ªmera componente de su entidad, de ser la responsable del supuesto delito. "Esta se?ora form¨® una junta directiva compuesta por varios familiares suyos, pero al no abonar la primera cuota caus¨® baja. No supimos m¨¢s de ella hasta que nos llam¨® la polic¨ªa", asegur¨®. Mientras, la magistrada contin¨²a investigando. Varias de las personas que auspiciaron la fallida secci¨®n de la Liga Pro-Derechos Humanos en la Comunidad Valenciana han declarado en el juzgado. Sin ir m¨¢s lejos, el pasado lunes compareci¨® Fernando Mill¨¢n, ex diputado provincial y ex concejal del Ayuntamiento de Valencia por el PSPV. Mill¨¢n neg¨® tener cualquier relaci¨®n con las posibles irregularidades. "Hace m¨¢s de cinco a?os que perd¨ª cualquier contacto con esa asociaci¨®n o con la persona sobre la que, en principio, se centra la investigaci¨®n". La fiscal Ruiz no quiso hacer ning¨²n comentario sobre el caso. Otro tanto, "por desconocimiento", hizo el actual representante de Liga Pro-Derechos Humanos en la Comunidad Valenciana. Francisco Carri¨®n, no obstante, asegura que la actividad de la entidad en Valencia es m¨ªnima, "pr¨¢cticamente inexistente", dijo. "Apenas tenemos socios y, desde luego, no hemos recibido ni una sola subvenci¨®n", a?adi¨®.