La farsa del lino

DESPU?S DE seis d¨ªas de trabajo y 35 comparecencias -la ¨²ltima, de la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio- es dif¨ªcil evitar la sensaci¨®n de que la comisi¨®n parlamentaria encargada de investigar las irregularidades en torno a las subvenciones al lino ha sido un montaje pol¨ªtico organizado para exculpar a los altos cargos de Agricultura implicados en la percepci¨®n de subvenciones y a la ministra que los nombr¨®. No es serio dar seis d¨ªas de plazo, en la semiclandestinidad de los ¨²ltimos d¨ªas de julio, a una comisi¨®n investigadora. Pero as¨ª lo quiso el PP, con el inestimable apoyo de Converg¨¨ncia i Uni¨®, dispuesta siempre a ayudar al Gobierno cuando trata de cegar v¨ªas de investigaci¨®n.A pesar del relativo ¨¦xito del PP en limitar la capacidad investigadora de la comisi¨®n, de las comparecencias de los funcionarios p¨²blicos implicados en la percepci¨®n irregular o ventajista de las subvenciones se desprenden conclusiones devastadoras sobre su ¨¦tica personal y p¨²blica. De sus declaraciones se extrae que Quintiliano P¨¦rez Bonilla, director general de Ganader¨ªa, es propietario de una empresa ganadera; que familiares de Nicol¨¢s L¨®pez de Coca, dimitido presidente del Fondo de Garant¨ªa Agraria que fijaba las normas, tienen sociedades para producir y transformar lino; que Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, es empresario agr¨ªcola y el mayor cultivador de lino de la provincia de Cuenca, y que Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de Mercasa, es propietario de una empresa transformadora que trabajaba con todos ellos. Eran servidores p¨²blicos y empresarios a tiempo parcial. Que consideren una incompatibilidad tan flagrante como algo normal refleja cumplidamente la confusi¨®n de intereses p¨²blicos y privados de todos ellos.

Las declaraciones de la futura comisaria europea aumentan la sensaci¨®n de insensibilidad democr¨¢tica y desprecio ¨¦tico que exhiben sus antiguos subordinados. De Palacio afirma que "se ha tratado de criminalizar la actividad de 4.000 familias que aparecen ante la opini¨®n p¨²blica como aut¨¦nticos delincuentes". M¨¢s bien se trata de exigir responsabilidades pol¨ªticas a cuatro funcionarios del Gobierno que han compaginado desahogadamente sus servicios al Estado con la percepci¨®n de dinero p¨²blico. Tampoco acierta la ex ministra al reducir el caso a "un problema de est¨¦tica en la actuaci¨®n de algunos altos cargos". Resulta que la est¨¦tica, cuando ata?e a servidores p¨²blicos, se convierte en ¨¦tica. Es de temer que las conclusiones de la comisi¨®n sean otro apa?o entre el PP y CiU para echar tierra al asunto; pero ser¨¢ a costa de la credibilidad del Parlamento. Han convertido a la comisi¨®n en un esperpento sin valor; por eso sus conclusiones no tendr¨¢n efecto exculpatorio alguno.