Investigados dos ediles socialistas de Barcelona por prevaricaci¨®n
Un juzgado de Barcelona investiga la adjudicaci¨®n directa del servicio de limpieza de los veh¨ªculos de la Guardia Urbana de esta ciudad por parte del Ayuntamiento, ya que considera que estuvo plagada de ilegalidades. El juez ha citado a declarar como inculpados a la concejal de Seguridad y Movilidad, Carme San Miguel, y al edil del distrito de Horta-Guinard¨®, Albert Batlle, ambos del Partit dels Socialistes de Catalunnya (PSC), as¨ª como a cinco t¨¦cnicos municipales, por entender que su actuaci¨®n, "a todas luces, se tipifica como un delito de prevaricaci¨®n [dictar a sabiendas una resoluci¨®n injusta]".En su auto, el juez Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a relata que en julio de 1995 la Sociedad Municipal de Aparcamientos, que preside San Miguel, aprob¨® la concesi¨®n directa de la explotaci¨®n de un garaje p¨²blico a la empresa Our Company, SL, "sin abrir el periodo de oferta p¨²blica previa al preceptivo concurso" y "pese a tratarse de una sociedad carente de licencia municipal y de medios adecuados". Meses despu¨¦s, dos altos responsables de la Guardia Urbana, que depende tambi¨¦n de San Miguel, firmaron un contrato mercantil con Our Company, "alejado de las m¨ªnimas garant¨ªas administrativas", otorgando la exclusividad del lavado de los 135 veh¨ªculos policiales "sin previa y p¨²blica licitaci¨®n".
Precio excesivo
El juez asegura que el precio del contrato es, "a todas luces, excesivo y de m¨ªnimo esfuerzo": 21.000 pesetas anuales por autom¨®vil, m¨¢s otras 11.000 cada vez que fuese necesario limpiarlo. El contrato se firm¨®, seg¨²n el instructor del caso, a pesar de que la empresa "carec¨ªa de un m¨ªnimo de maquinaria necesaria para prestar tal servicio" y de que fue comprada posteriormente "con dinero de la Caja Municipal obtenido por los ingresos".La investigaci¨®n judicial se inici¨® hace unos meses, cuando surgieron desavenencias entre los socios de la concesionaria y uno de ellos acudi¨® al juzgado. Fue entonces cuando los dos jefes de servicios de la Guardia Urbana liquidaron la concesi¨®n e iniciaron los tr¨¢mites para la contrataci¨®n p¨²blica del servicio.
Tanto el garaje como la empresa de lavado de veh¨ªculos se instalaron en una zona verde del distrito de Horta-Guinard¨®, cuyo edil, Batlle, ya declar¨® hace semanas en el juzgado. Entonces explic¨® que desconoc¨ªa ese hecho y las actividades de la empresa. Su versi¨®n, asegura el juez, "adquiere un aire pat¨¦tico" al afirmar que los t¨¦cnicos del distrito no le infomaron de lo ocurrido. "Es imposible que el responsable municipal de un distrito desconozca la realidad de la mayor zona industrial que existe en su ¨¢rea de control", apostilla.
El instructor tambi¨¦n considera que la actuaci¨®n de San Miguel permitiendo las concesiones directas a la empresa beneficiaria supone una "burla a la necesaria y l¨ªcita competencia" entre las sociedades.
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