Todos los inmigrantes podr¨¢n acogerse a otra regularizaci¨®n extraordinaria
El PP, el PSOE, CiU y el PNV han acordado verbalmente que la nueva Ley de Extranjer¨ªa establezca que todos los inmigrantes sin papeles que acrediten su entrada en Espa?a antes del 1 de junio puedan acogerse a una nueva regularizaci¨®n extraordinaria y acceder a un permiso de residencia temporal, seg¨²n explic¨® ayer el diputado convergente Carles Campuzano. El borrador de la ley ya preve¨ªa que todos los extranjeros sin papeles puedan acceder a un permiso de residencia temporal si demuestran que llevan dos a?os en Espa?a.
Campuzano explic¨® que, aunque no figure en el texto del borrador de la ley, hay un acuerdo verbal entre los grupos parlamentarios para hacer "un proceso de borr¨®n y cuenta nueva" y regularizar a los inmigrantes sin papeles que prueben su presencia en Espa?a desde antes del pasado 1 de junio. Est¨¢ previsto que este punto se incluya en una disposici¨®n adicional de la proposici¨®n de ley, en la reuni¨®n que la ponencia que elabora el texto celebrar¨¢ el 6 de septiembre. En este caso podr¨ªan estar unos 85.000 inmigrantes: 65.000 que han quedado excluidos del cupo anual para trabajadores inmigrantes y otros 20.000 que pueden haber llegado en los ¨²ltimos meses, seg¨²n anticip¨® EL PA?S el pasado 22 de junio. Todos los inmigrantes que no se acojan a este proceso de regularizaci¨®n tendr¨¢n que ce?irse a la norma general y demostrar dos a?os de residencia. El borrador de la nueva ley garantiza el derecho a la sanidad de los inmigrantes irregulares en casos de enfermedades graves, urgencias y accidentes. Los colectivos de inmigrantes han mostrado su desacuerdo ya que los pacientes que sufran otras enfermedades no tienen asegurada la asistencia. Pero Campuzano ha dicho que hay tambi¨¦n un acuerdo verbal entre los partidos para que en el art¨ªculo 14 de la ley se garantice la asistencia sanitaria en todos los casos. El proceso de 1991 En 1991 ya abri¨® el Gobierno socialista de entonces un proceso de regularizaci¨®n para arreglar la situaci¨®n de miles de inmigrantes que viv¨ªan en la clandestinidad. En aquella ocasi¨®n, obedeciendo a una proposici¨®n del Parlamento, el Ejecutivo realiz¨® ese proceso advirtiendo que ser¨ªa "¨²nico" y "extraordinario" y que despu¨¦s se aplicar¨ªa la ley a rajatabla a quienes careciesen de documentaci¨®n, adem¨¢s de establecer "rigurosos controles". El proceso, que se abri¨® el 10 de junio y se cerr¨® el 10 de diciembre de 1991, permit¨ªa arreglar la situaci¨®n legal de los inmigrantes que cumplieran tres requisitos: tener pasaporte en regla, acreditar que entraron en Espa?a antes del 15 de mayo de 1991 y disponer de un contrato de trabajo o bien "presentar un proyecto viable para montar un negocio propio". Un total de 133.000 inmigrantes cursaron sus solicitudes, de las que fueron aprobadas la casi totalidad. El Gobierno se vio abocado por el Parlamento a realizar ese proceso "extraordinario" para tratar de poner fin a la situaci¨®n creada en 1985 con la promulgaci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa, cuya normativa dej¨® en la ilegalidad a miles de inmigrantes. ONG y sindicatos, adem¨¢s de partidos de izquierda, mantuvieron al finalizar el proceso "extraordinario" que miles de extranjeros hab¨ªan quedado sumidos en la clandestinidad. En contra de los firmes prop¨®sitos del Gobierno de no volver a repetir el proceso de regularizaci¨®n de 1991, en mayo de 1996 se abri¨® otro periodo de cuatro meses para arreglar la situaci¨®n de aquellos que pudieran probar que hab¨ªan disfrutado de un permiso de trabajo o de residencia antes del 1 de enero de 1996. Con eso se pretend¨ªa arreglar la vida de quienes estando en situaci¨®n irregular cumpl¨ªan los requisitos del reglamento de Extranjer¨ªa que entr¨® en vigor en abril de 1996. Ahora, ante el borrador de la nueva Ley de Extranjer¨ªa que maneja el Congreso, organizaciones de inmigrantes y ONG creen que mejora la actual normativa, pese a tener deficiencias. Las formaciones pol¨ªticas est¨¢n de acuerdo en ampliar los derechos y libertades de los extranjeros. SOS Racismo, el Centro de Informaci¨®n para Trabajadores Inmigrantes (CITE-CCOO) y la Asociaci¨®n de Trabajadores Inmigrantes de Marruecos en Espa?a (ATIME) piensan que el proyecto legislativo supondr¨¢ que "se siga dando prioridad a las pol¨ªticas de control policial".
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