?Arbitraje extrajudicial para Pinochet?

Los Gobiernos de Chile y de Espa?a, al parecer deseosos de librarse de una envenenada "patata caliente", parecen dispuestos a pactar una salida no judicial para el caso Pinochet. No otra interpretaci¨®n nos parece posible cuando se nos informa simult¨¢neamente de dos hechos. Primero: el ministro chileno de Exteriores ha dirigido a su colega espa?ol una carta (publicada un d¨ªa antes en la prensa chilena), en la que "urge en t¨¦rminos muy agresivos al Gobierno espa?ol a aceptar un arbitraje bilateral sobre la solicitud de extradici¨®n del general Pinochet". A esos t¨¦rminos tan "agresivos" se une adem¨¢s lo muy perentorio de tal urgencia, pues el ministro chileno establece en una semana el plazo de respuesta a su reclamaci¨®n. Y segundo: a tal iniciativa se responde, por parte espa?ola, con una curiosa ambig¨¹edad. El director general de la Oficina de Informaci¨®n Diplom¨¢tica (OID) manifiesta que "el Gobierno espa?ol no ha cambiado su postura" respecto a la petici¨®n de extradici¨®n del general, pero que "no se descarta someter al Consejo de Estado" la petici¨®n del Ejecutivo chileno de resolver el asunto mediante un arbitraje bilateral. "Lo que ha ocurrido", precisa, "es que el Gobierno chileno ha pedido formalmente que se recurra al arbitraje", por lo que nuestro Gobierno, "en virtud de lo mucho que valora las relaciones con Chile, va a analizar las razones de su petici¨®n". Sin perjuicio del debido respeto al dictamen que en su momento pudiera emitir el Consejo de Estado sobre si procede dicho arbitraje y, en caso afirmativo, si ello requerir¨¢ o no alguna medida previa con rango de ley -y, en consecuencia, si necesitar¨¢ o no su tramitaci¨®n parlamentaria-, nos proponemos examinar aqu¨ª un aspecto concreto y grave de la cuesti¨®n: la significaci¨®n y consecuencias que, en materia de derechos humanos para numerosos pa¨ªses, tendr¨ªa en este caso una salida pactada o arbitrada, prescindiendo -indebida e interesadamente- de la v¨ªa judicial.La primera consecuencia -realmente pat¨¦tica- de una liberaci¨®n de Pinochet a trav¨¦s de un denominado "arbitraje amistoso bilateral" significar¨ªa arrojar a la basura una serie de decisiones judiciales absolutamente hist¨®ricas y de decisiva trascendencia internacional, emitidas por la justicia -tanto espa?ola como brit¨¢nica- en los ¨²ltimos doce meses, y que, prescindiendo de vicisitudes menores, pueden resumirse en los tres puntos siguientes. He aqu¨ª, pues, la lista dr¨¢sticamente resumida -reducida a esos tres puntos- de aquellas actuaciones judiciales de primera magnitud que ahora se pretende inutilizar por la tortuosa v¨ªa del llamado arbitraje amistoso bilateral: - Resoluci¨®n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por decisi¨®n un¨¢nime de sus once magistrados, ratificando la plena legitimidad de la jurisdicci¨®n espa?ola en sus actuaciones judiciales contra las dictaduras chilena y argentina. Decisi¨®n trascendental, tanto m¨¢s valiosa y significativa cuanto que fue adoptada a pesar de la actitud beligerante y contraria a tal jurisdicci¨®n mantenida por la Fiscal¨ªa de la misma Audiencia Nacional con el respaldo del propio Fiscal General del Estado.

- Emisi¨®n de un auto de prisi¨®n incondicional por un juez espa?ol de la Audiencia Nacional contra un ex jefe de Estado extranjero, acusado de delitos contra la humanidad, perpetrados a sus ¨®rdenes tras su golpe militar y durante su largo periodo de gobierno dictatorial. Plena aceptaci¨®n por las autoridades brit¨¢nicas de dicho auto judicial, e inmediato cumplimiento de ¨¦ste mediante la detenci¨®n del imputado por Scotland Yard, ejecutada con fulminante rapidez.

- Doble decisi¨®n de la C¨¢mara de los Lores, en su funci¨®n de Tribunal Supremo, denegando en ambos casos -en la segunda ocasi¨®n con limitaciones cronol¨®gicas- la pretendida "inmunidad soberana" del imputado. Plena refutaci¨®n de la tesis invocada por la defensa -calificada de "repugnante" por el New York Times- que pretend¨ªa otorgar a sus cr¨ªmenes y torturas la consideraci¨®n de "actos de Estado", supuestamente amparados, como tales, por la citada inmunidad. En otras palabras: establecimiento del principio de que ni siquiera los que fueron jefes de Estado pueden quedar inmunes cuando sean responsables de graves cr¨ªmenes contra la humanidad. Estamos hablando, en definitiva, de logros hist¨®ricos sin precedentes, que han marcado otros tantos hitos en la lucha contra esa lacra que hace extremadamente dif¨ªcil la defensa de los derechos humanos en el mundo: la impunidad de tantos dirigentes, habituados a perpetrar sus represiones y genocidios dentro de su feudo, con la garant¨ªa de que -fuera de ¨¦l- no podr¨¢n ser castigados jam¨¢s. As¨ª, les basta y les sobra con establecer sus adecuadas leyes de autoamnist¨ªa o similares para asegurarse la impunidad interna, y con esgrimir enf¨¢ticamente hacia afuera el principio de no injerencia en asuntos internos para defenderse de cualquier amenaza judicial procedente del exterior. ?stos han sido los grandes pilares de la impunidad -intocables en el pasado- que en los ¨²ltimos tres a?os se han visto atacados, y en no poca medida debilitados, por las causas abiertas por nuestra Audiencia Nacional contra las dictaduras del Cono Sur, y m¨¢s intensamente, dentro del ¨²ltimo a?o, por la fuerte incidencia internacional del llamado caso Pinochet. Pues bien: ahora se nos pide que este enorme esfuerzo sea disuelto, como un azucarillo, a trav¨¦s de un tipo de arbitraje internacional que fue concebido en su d¨ªa para dilucidarPasa a la p¨¢gina siguiente Viene de la p¨¢gina anterior otro tipo de contenciosos internacionales (territoriales, fronterizos, de explotaci¨®n pesquera, etc¨¦tera) que ata?en de lleno al poder ejecutivo de los pa¨ªses implicados, pero nunca para un caso como ¨¦ste, que incumbe al poder judicial en el ¨¢rea de lo penal. Centr¨¦monos, pues, en el n¨²cleo de la cuesti¨®n. Con todos los respetos debidos, el n¨²cleo del problema no est¨¢ en los respetables dict¨¢menes del Consejo de Estado, ni en saber si un arbitraje como el propuesto requerir¨¢ o no una nueva promulgaci¨®n legislativa, ni en el hecho de que nuestras cuantiosas inversiones en Chile puedan verse algo afectadas, alcanzando quiz¨¢ una rentabilidad algo inferior a la prevista. El n¨²cleo de la cuesti¨®n estriba en algo mucho m¨¢s importante: en el hecho de que una hipot¨¦tica liberaci¨®n de Pinochet, sustray¨¦ndolo al ¨¢mbito judicial que le corresponde, a trav¨¦s de un arbitraje bilateral, supondr¨ªa otorgar una nueva e in¨¦dita salida a los futuros represores y grandes criminales, que encontrar¨¢n otra v¨ªa para eludir la acci¨®n de la justicia, esta vez en el ¨¢mbito internacional. ?sta podr¨ªa ser la segunda y grav¨ªsima consecuencia del arbitraje en cuesti¨®n. Lo ¨²nico que nos faltaba, y lo ¨²ltimo que les pod¨ªa caer a tantas sociedades castigadas hist¨®ricamente por tiranos represores y torturadores sin escr¨²pulos, ser¨ªa dotarles a ¨¦stos de un nuevo instrumento de impunidad. Adem¨¢s de los indultos, adem¨¢s de las amnist¨ªas autopromulgadas, adem¨¢s de las leyes de obediencia debida y punto final, potentes instrumentos garantizadores de impunidad dentro de su marco nacional, s¨®lo les faltaba encontrarse con otra joya similar para el ¨¢mbito internacional: el arbitraje amistoso bilateral. Maravillosa llave maestra para situaciones ¨²ltimas y desesperadas. Cuando ya no hay indulto posible, cuando ya no hay amnist¨ªa a la que acogerse, cuando se ha ca¨ªdo en manos de otra justicia para la cual no hay obediencia debida ni punto final, surge el nuevo instrumento prodigioso, el arbitraje bilateral, y por a?adidura amistoso, dentro del cual s¨®lo se van a manejar y sopesar intereses rec¨ªprocos, y no responsabilidades criminales. Exactamente el instrumento de salvaci¨®n que necesita un dirigente tan desalmado como Pinochet. No olvidemos la consideraci¨®n de "experiencia piloto" que, por su falta de precedentes similares, est¨¢ teniendo en el mundo el caso que nos ocupa. Si este caso se diluyese a trav¨¦s de ese arbitraje amistoso que, en t¨¦rminos casi conminatorios, nos propone el canciller chileno, la nueva jurisprudencia as¨ª establecida permitir¨ªa, en los casos similares futuros, encontrar una salida tambi¨¦n similar, capaz de soslayar la v¨ªa judicial y garantizar, por v¨ªa arbitral -mediante la puesta en juego de poderosos intereses sobre la balanza-, la puesta en libertad de los grandes criminales. Los cuales, una vez m¨¢s, lograr¨ªan rehuir su comparecencia ante la justicia, restableciendo as¨ª, en gran medida, el viejo y mort¨ªfero modelo de la impunidad garantizada, que tantos cr¨ªmenes propici¨® y tantos otros volver¨ªa a propiciar. Por mucho que el Gobierno espa?ol valore -y nos parece muy bien que lo haga- nuestras relaciones con Chile, Espa?a tiene unas responsabilidades de mayor cuant¨ªa con la comunidad internacional en su conjunto, y con una gran parte de la propia sociedad chilena, que tambi¨¦n clama exigiendo justicia para Pinochet.

Prudencio Garc¨ªa es consultor internacional de las Naciones Unidas, investigador en Sociolog¨ªa Militar del INACS.