La diplomacia de los hermanos Marx

"Pero el ¨²nico inter¨¦s real del presidente Richard Nixon era la diplomacia", escribe Max Frankel, ex director ejecutivo de The New York Times, en sus memorias, publicadas en Nueva York hace pocas semanas. "La diplomacia, un deporte sin reglas y con pocas restricciones del Congreso, que Nixon y su brillante consorte, Henry Kissinger, pensaban que pod¨ªan cumplir en un aislamiento imperial". El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y sus colegas chilenos -primero Jos¨¦ Miguel Insulza y ahora Juan Gabriel Vald¨¦s- han mantenido m¨²ltiples conversaciones y contactos con un tema central: c¨®mo hallar una salida para el caso Pinochet. Una salida, l¨®gicamente, "no judicial".Pero por necesidades pol¨ªticas del Gobierno chileno -esto es, exhibir en Santiago, sobre todo ante los militares, los esfuerzos que se estaban haciendo para conseguir la vuelta de Pinochet-, estas negociaciones ten¨ªan que salir, en cierto momento, de su "aislamiento imperial". Ten¨ªan que tener una expresi¨®n m¨¢s o menos p¨²blica. Buena parte de lo ocurrido estos d¨ªas tiene que ver con esa "salida no judicial" en curso, en la cual el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar parec¨ªa empe?ado, bajo la f¨®rmula de aceptar un arbitraje bilateral propuesto por Chile, impulsando en agosto una serie de iniciativas.

La diplomacia chilena imprimi¨® en junio un giro importante en el caso Pinochet, tras los cambios impulsados en el Gabinete por el presidente Eduardo Frei. El entonces canciller Insulza asegur¨® en mayo que hab¨ªa descartado la f¨®rmula de arbitraje prevista en la Convenci¨®n contra la Tortura, sobre la que Chile mantiene su reserva, antes de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y que hab¨ªa optado por aplicar un viejo tratado bilateral, el de 1927, para dirimir la controversia. El Gobierno chileno hab¨ªa sondeado al espa?ol sobre el primer arbitraje, pero Insulza, seg¨²n dijo, hab¨ªa abandonado la idea.

El nuevo canciller, Juan Gabriel Vald¨¦s, volvi¨® a plantear con mayor fuerza la iniciativa del arbitraje. La hora son¨® el 11 de julio pasado. Ese d¨ªa, en acuerdo previo con Vald¨¦s, el ministro de Asuntos Exteriores espa?ol public¨® una carta-art¨ªculo en El Mercurio.

Todav¨ªa entonces, apoyado en dict¨¢menes de sus asesores jur¨ªdicos, Matutes, en consulta con el presidente Aznar, estaba en contra de un arbitraje bilateral con Chile. Pero el 11 de julio, el tono era m¨¢s conciliador, y evocaba la colaboraci¨®n mantenida con los chilenos hasta ahora. "Mi Gobierno ha estado en comunicaci¨®n con el Gobierno chileno y le ha ofrecido toda la colaboraci¨®n posible en el ¨¢mbito de sus contactos a lo largo de los ¨²ltimos meses. Concretamente, accedi¨® a transmitir oficialmente, a trav¨¦s del Ministerio de Justicia, toda la informaci¨®n disponible que hab¨ªa solicitado el Gobierno de Chile sobre las actuaciones del ministerio fiscal al oponerse a los diferentes pasos procesales adoptados por el juez, junto con las razones alegadas por la fiscal¨ªa", escrib¨ªa en El Mercurio.

Matutes, pues, reconoc¨ªa la entrega de documentos -las "razones alegadas" por la fiscal¨ªa, cuya ¨²nica "fuente" pod¨ªa ser el sumario del caso Chile- a un Gobierno, el chileno, que ha decidido no personarse en la causa espa?ola.

El ministro matizaba su posici¨®n, todav¨ªa favorable a la jurisdicci¨®n espa?ola en "cr¨ªmenes contra la humanidad", con dos ofertas de hecho. "Ahora bien, y dentro del respeto a nuestra legalidad y a la independencia del Poder Judicial, , lo que s¨ª puede y quiere hacer es escuchar, y estudiar opciones, y mantener y mejorar nuestras preciadas relaciones bilaterales". Y, en segundo t¨¦rmino, el "Gobierno espa?ol ha comunicado al chileno que respetar¨¢ cualquier decisi¨®n de la justicia del Reino Unido en el caso de que ¨¦sta o el Gobierno brit¨¢nico decidan apreciar razones de tipo humanitario para interrumpir la extradici¨®n a Espa?a".

Matutes ofrec¨ªa una pista de hasta qu¨¦ punto este caso interesa al Gobierno. "Con esta postura el Gobierno espa?ol ha cubierto todo el margen de maniobra pol¨ªtica que le permite su posici¨®n constitucional, y lo ha hecho siendo plenamente consciente del posible costo pol¨ªtico que ello podr¨ªa tener en t¨¦rminos de la opini¨®n p¨²blica espa?ola". Coste pol¨ªtico es sin¨®nimo de votos. En octubre o noviembre a m¨¢s tardar habr¨¢ en Catalu?a elecciones auton¨®micas; y las generales, no m¨¢s all¨¢ de abril del 2000.

Ya a primeros de julio tuvo lugar un hecho, hasta ahora, in¨¦dito. El vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, suspendi¨® una visita a Chile, como parte de un viaje a Brasil y Argentina. La raz¨®n: el Gobierno de Frei comunic¨® al Gobierno espa?ol que la visita no era conveniente.

Rato, en declaraciones a EL PA?S, hab¨ªa calificado, en mayo, el "asunto Pinochet" como un "caso penal", en el que el Gobierno nada ten¨ªa que hacer. El vicepresidente quer¨ªa, pues, aprovechar la "normalizaci¨®n de la inversi¨®n" de Endesa Espa?a en Endesa Chile -el ¨¦xito final de la oferta p¨²blica de adquisici¨®n, a mediados de mayo- para reanudar las relaciones con Chile. Pero la recomendaci¨®n de las autoridades chilenas le llev¨® a abandonar esa etapa.

La entrada de Endesa Espa?a, que fue bloqueada primero, entre otros, por dos representantes de instituciones del Gobierno de Frei en la Comisi¨®n Resolutiva Antimonopolios, y que m¨¢s tarde se resolvi¨® a favor de la empresa espa?ola, es una inversi¨®n de 2.155 millones de d¨®lares (330.000 millones de pesetas).

La fuerte presencia de Endesa en Chile ha supuesto un notable incremento de las inversiones de Espa?a, que ascienden, entre 1974 y mayo de 1999, a 8.000 millones de d¨®lares (1,2 billones de pesetas). Pero, precisamente por Endesa y otras inversiones espa?olas, el periodo diciembre de 1998-mayo de 1999, el m¨¢s duro, habida cuenta de la influencia del caso Pinochet, ha sido el m¨¢s floreciente. Se han invertido 4.200 millones de los 8.000 millones de d¨®lares totales. En Chile, los empresarios agrupados en la central local se han pronunciado por no utilizar a Pinochet contra la inversi¨®n espa?ola.

La posici¨®n de los socialistas chilenos en el caso Pinochet, por otra parte, ha estado lejos de ser compacta. En una visita a Madrid, el senador Carlos Ominami, ex ministro de Hacienda durante el Gobierno Aylwin y firmante del Convenio de Protecci¨®n Rec¨ªproca de Inversiones Espa?a-Chile, record¨® hace algunas semanas que el candidato a la Presidencia de Chile en las elecciones del pr¨®ximo diciembre, Ricardo Lagos, reaccion¨® con claridad ante el arresto de Pinochet. "Fue muy expresivo cuando dijo que el mundo le hab¨ªa sacado tarjeta amarilla a Chile", dijo Ominami.

Aun cuando el senador apoya la posici¨®n de su partido de que Pinochet deber¨ªa ser juzgado en Chile, reconoce el efecto positivo que ha tenido la acci¨®n judicial espa?ola. "Se siente ahora que ya no es posible continuar tratando a Pinochet como a un intocable judicialmente hablando", dijo.

Cuando se le pregunta a Ominami si ser¨ªa posible una petici¨®n de extradici¨®n de un juez chileno transmitida por el Gobierno de su pa¨ªs, el senador responde en medio de una risa: "Creo que para cualquiera que haya vivido en Chile estos a?os, se hace bastante d¨ªficil pensarlo. ?Un juez encausando a Pinochet! ?Ante una Corte de Apelaciones de Santiago, que est¨¢ formada por 21 ministros, votando el desafuero? Cuesta imagin¨¢rselo y que despu¨¦s un juez inicie el juicio de extradici¨®n, reclamando ante Londres su mejor derecho a juzgar a Pinochet... Ahora, hay cantidad de cosas que han pasado en Chile y que costaba imagin¨¢rselas. Imaginarse al general Pinochet preso en Londres era dif¨ªcil. Creo que Chile no termina de dar sorpresas". ?Le pedir¨ªa Ominami al Gobierno espa?ol que retire la solicitud de extradici¨®n de Pinochet? Respuesta: "Mm... mm.. Nunca le pedir¨ªa tal cosa a Espa?a". Ominami deplora que todos los partidos de su pa¨ªs negociaran con Pinochet la transici¨®n pol¨ªtica como lo hicieron, en 1990. Pero si Ominami no dramatiza el presunto "deterioro" de las relaciones Espa?a-Chile, tras la carta de Matutes, el ministro de Relaciones Exteriores Vald¨¦s s¨ª lo hac¨ªa. Vald¨¦s, socialista, hijo de un ex ministro de la Democracia Cristiana muy perseguido por Pinochet, "agradec¨ªa", en una misiva del 23 de julio, publicada en el ya citado peri¨®dico chileno el domingo 25, un d¨ªa antes de ser recibida por Matutes, el env¨ªo de otra documentaci¨®n. Se trata de materiales de trabajo que el ministro no hab¨ªa mencionado en su carta p¨²blica -dict¨¢menes jur¨ªdicos en posesi¨®n del Ministerio de Asuntos Exteriores espa?ol-, que el propio canciller chileno citaba a la hora de cuestionar, en t¨¦rminos muy agresivos, la posici¨®n espa?ola sobre el caso. Vald¨¦s insist¨ªa en que Matutes diera luz verde al arbitraje e instruyera actuaciones concretas -con todo detalle, subrayando su "inacci¨®n", no sin raz¨®n, para su causa- del fiscal Eduardo Fungairi?o y sus muchachos. La misiva de Vald¨¦s aceler¨® los pasos. Tras recibirla, el Gobierno admiti¨® en c¨ªrculos restringidos, estar dispuesto a solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre la petici¨®n del arbitraje amistoso de cara a una salida no judicial. Hasta entonces, los dict¨¢menes jur¨ªdicos solicitados por Matutes eran contrarios al arbitraje. El Consejo emite dict¨¢menes no vinculantes, pero, como dice un hombre que sirvi¨® a?os en la Administraci¨®n, "cuando te decides a ir al Consejo, que en gran parte t¨² mismo has designado, es porque sabes que el dictamen te servir¨¢ de alg¨²n modo".

Matutes dio entonces un paso para buscar el respaldo a su nueva pol¨ªtica. Se entrevist¨® el viernes 30 de julio con Joaqu¨ªn Almunia, secretario general del PSOE. El ministro expuso que el canciller Vald¨¦s presiona a favor del arbitraje y que el Gobierno estudia aceptarlo, previa consulta al Consejo del Estado. Almunia le dijo que si se da el caso de que el asunto deba ser llevado al Parlamento, el PSOE se opondr¨¢ y plantear¨¢ que siga el procedimiento de extradici¨®n. Seg¨²n fuentes socialistas, si el Consejo de Estado avalara el arbitraje sin pasar por el Congreso, la oposici¨®n del PSOE ser¨ªa a¨²n m¨¢s dura.

Pero antes del viernes 30, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional mov¨ªa pieza, en l¨ªnea con lo solicitado por Vald¨¦s. El fiscal Pedro Rubira depositaba el jueves un escrito en la Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Penal, encargada de resolver en septiembre pr¨®ximo los recursos de apelaci¨®n contra varias resoluciones del juez Baltasar Garz¨®n. Ped¨ªa la libertad de Pinochet por haber pasado m¨¢s de cinco meses desde que la fiscal¨ªa elevara un recurso contra el auto de prisi¨®n del ex dictador, la resoluci¨®n que precedi¨® a la petici¨®n de arresto a Londres, y que est¨¢ pendiente de resoluci¨®n. Este hecho, seg¨²n el fiscal, vulnera la Constituci¨®n.

Tras la revelaci¨®n del escrito y las informaciones sobre el arbitraje, Garz¨®n dict¨® una providencia y dirigi¨® dos oficios a Asuntos Exteriores pidiendo informaci¨®n. Se espera que en un plazo de 10 d¨ªas, Matutes env¨ªe al juzgado y al Congreso, a petici¨®n del PSOE, los documentos que se entregaron a Chile.

Que el fiscal de la Audiencia Nacional no actuaba solo ha quedado acreditado por la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado, el pasado viernes, que "desarroll¨®" con m¨¢s detalles las alegaciones de Rubira contra las resoluciones de Garz¨®n. "El Gobierno de Aznar chapotea en el mismo lodo cada d¨ªa con un pie diferente. Cuando levanta un pie, deja caer el otro y se vuelve a salpicar. Es comos los gags c¨®micos de los tres chiflados", dice un abogado relacionado con el caso. Mientras, en Londres, el juicio de extradici¨®n de Pinochet est¨¢ se?alado para el 27 de septiembre.