El Gobierno ultima un informe exhaustivo sobre la pobreza y la marginalidad en el Pa¨ªs Vasco

El Gobierno vasco tiene avanzado un estudio muy pormenorizado sobre la pobreza en el Pa¨ªs Vasco. El informe, con un coste aproximado de 10 millones y que ser¨¢ presentado tras el verano, pretende delimitar en detalle la situaci¨®n de pobres y marginados en el conjunto de Euskadi. Por otro lado, el Departamento de Trabajo quiso dejar ayer claro que el Pa¨ªs Vasco no va a entrar en la pol¨¦mica por la subida de las pensiones no contributivas, tal y como han hecho otras comunidades, porque en el plan global de ayudas a la pobreza se garantiza a todos los vascos el Ingreso M¨ªnimo de Inserci¨®n (IMI), 46.150 pesetas mensuales, incluidos los pensionistas. Euskadi no tiene competencias en esta materia, ya que mantiene un contencioso con el Gobierno central sobre la transferencia de las cuestiones de car¨¢cter social.

El exhaustivo estudio sobre la pobreza y la marginaci¨®n en Euskadi tiene como fundamento la Carta Social, un documento que lleg¨® al Parlamento vasco por medio de la iniciativa popular y que han hecho suyo los socios de Gobierno. El documento, ahora en fase de comisi¨®n en el Parlamento, pretende mejorar las condiciones de tratamiento de las bolsas de marginalidad en el Pa¨ªs Vasco. En esta l¨ªnea, Trabajo se ha adelantado y quiere contar con un nuevo estudio general sobre la pobreza en Euskadi, que se presentar¨¢ tras el verano. La pol¨¦mica abierta por distintas comunidades aut¨®nomas sobre la subida de las pensiones no contributivas (las que perciben aquellas personas que no han cotizado a la Seguridad Social y que son las m¨¢s bajas) ha llevado al Gobierno a dejar claro que en Euskadi, pese a no contar con esta competencia, los pensionistas no contributivos no tienen problemas de supervivencia. Pero adem¨¢s, fuentes del Departamento de Trabajo aseguraron ayer que los ingresos se les avalan no s¨®lo a ¨¦stos, sino a todos los ciudadanos al garantizarles el IMI. El viceconsejero de Trabajo, Jos¨¦ Ram¨®n Bengoetxea, asegur¨® a Efe que Euskadi "no va a tomar decisiones unilaterales", como han hecho otras comunidades, subiendo las pensiones no contributivas. "No tiene sentido hablar de las pensiones no contributivas y no hacerlo, por ejemplo, de los parados que no tienen ninguna subvenci¨®n", explic¨® el viceconsejero. Adem¨¢s, la pol¨ªtica propia de ayudas sociales a trav¨¦s del IMI y de las ayudas de emergencia (con un presupuesto superior a los 2.200 millones de pesetas), hacen que en Euskadi todas las personas necesitadas perciban una cantidad superior a la de las pensiones no contributivas. El IMI es un derecho, de manera que todo el mundo que cumpla los requisitos puede conseguirlo. Si la familia que percibe el salario social tiene tres miembros, cobra 69.225 pesetas mensuales, es decir, lo mismo que el salario m¨ªnimo. Por ello, una persona que reciba en el Pa¨ªs Vasco una pensi¨®n no contributiva, en caso de necesidad ve completados estos ingresos con el salario social, y en la pr¨¢ctica percibe 46.150 pesetas. En el Pa¨ªs Vasco hay unos 16.000 beneficiarios de este Ingreso M¨ªnimo de Inserci¨®n, que percibieron el a?o pasado una media de 46.350 pesetas al mes. El Gobierno considera que el debate sobre las pensiones no contributivas debe ser "un aspecto m¨¢s" de la discusi¨®n sobre la pol¨ªtica de atenci¨®n a todas las situaciones de marginaci¨®n y pobreza, explic¨® Bengoetxea. "Es evidente que aquellas pensiones que est¨¢n por debajo del salario m¨ªnimo bordean las situaciones de pobreza, pero como muchas otras que no dependen del tema de la pensi¨®n", agreg¨®. Subir el IMI En los trabajos de la Carta Social se est¨¢ estudiando la posibilidad de subir el IMI hasta el Salario M¨ªnimo Interprofesional (69.000 pesetas al mes) a todas las personas necesitadas. Una vez que esta comisi¨®n, en la que se integran el Gobierno y los promotores de la Carta, saque sus conclusiones, ser¨¢ el Parlamento el que en oto?o fije la pol¨ªtica global. Por ¨²ltimo, el viceconsejero record¨® que el Pa¨ªs Vasco lleva a?os reclamando la transferencia de todas las pol¨ªticas de la Seguridad Social, lo que incluir¨ªa todas las pensiones para poder hacer una gesti¨®n propia, pero no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central para transferir esta competencia. El Ejecutivo central se niega al traspaso porque entiende que supondr¨ªa romper la caja ¨²nica de la Seguridad Social. El Gobierno aprob¨® tambi¨¦n recientemente los convenios de inserci¨®n, que buscan la ayuda ligada a compromisos de formaci¨®n e integraci¨®n. En Euskadi las ayudas se gestionan en los ayuntamientos y el dinero llega del Gobierno v¨ªa diputaciones.