La salud mental de los jueces
La salud mental de los jueces no es cuesti¨®n balad¨ª ni a la que pueda despacharse con un tratamiento fr¨ªvolo o humor¨ªstico del tipo "?qu¨¦ locos est¨¢n algunos jueces!", o "?hay que ver las cosas que hacen o dicen algunos magistrados!".El asunto es mucho m¨¢s importante, y tampoco se agota con una cr¨ªtica zafia al comportamiento mentalmente desequilibrado de algunos titulares del poder judicial. Puestos a describir locuras, ah¨ª tenemos las de no pocos pol¨ªticos, muchos periodistas e infinidad de personajes de las m¨¢s variadas relevancias p¨²blicas. Ahora bien, el enloquecimiento de los pol¨ªticos lo ventilar¨¢n sus electores en los sucesivos comicios, y si no, ?all¨¢ ellos! Y en cuanto a la salud mental de otros profesionales o personajes, las empresas o entidades para las que trabajen, o los p¨²blicos a los que se deban, les ajustar¨¢n, en su caso, las cuentas.
En su caso, porque no hay que olvidar que las deficiencias ps¨ªquicas no siempre son un mal, al menos desde un punto de vista exterior o social. El enajenamiento del pintor holand¨¦s Van Gogh no le incapacit¨® para producir obras pict¨®ricas sublimes, del mismo modo que la esquizofrenia del bailar¨ªn ruso Vaslav Nijinski o del compositor alem¨¢n Robert Schumann no les rest¨® cotas de genialidad en sus respectivas dedicaciones a la danza y a la creaci¨®n musical.
En cambio, la salud mental de los jueces plantea problemas de gran calado y cualitativamente diferentes. Debido a dos par¨¢metros constitucionales: uno, la obligaci¨®n de que las resoluciones judiciales sean motivadas; el otro, la inamovilidad de los jueces y magistrados.
La obligaci¨®n judicial de motivar las resoluciones nos introduce directamente en el car¨¢cter imprescindible de la raz¨®n, como herramienta de trabajo del juez. Quien ejerce jurisdicci¨®n es, ante todo, un razonador, y no s¨®lo por imperativo constitucional, sino por obvias necesidades de la funci¨®n que realiza, del inevitable silogismo al que tiene que someter los hechos que se le cuentan y la ley que debe aplicar para obtener una decisi¨®n razonable, cuya justicia ser¨¢ directamente proporcional a los quilates de razonabilidad que contenga.
En la funci¨®n del juez lo que predomina es ese mecanismo de la raz¨®n -pertrechada por las armas de la ley y la equidad-, dedicado a resolver conflictos. La aver¨ªa de esa herramienta esencial del juez produce un serio descalabro en la soluci¨®n que corresponde dar al conflicto, e incluso en el modo de afrontarlo, que a veces condiciona la decisi¨®n final.
La enfermedad mental de un juez no es, de ninguna manera, un defecto del que quepa responsabilizar a quien la padece, o a la funci¨®n judicial, sino una contingencia personal que, en el caso de los jueces, les invalida para su cometido. Por supuesto que, como el resto de las enfermedades, debe tratarse m¨¦dicamente y, en caso de no solucionarse, el enfermo ha de tener garantizada su remuneraci¨®n de por vida.
Pero por encima de las vicisitudes sanitarias personales, es preciso que los jueces, como servidores p¨²blicos que son, tengan su herramienta permanentemente en buen uso. Los ciudadanos que acuden a un juzgado o tribunal deben, por tanto, tener garantizada la salud mental de quienes est¨¢n llamados a resolver sus conflictos. Como es exigible pulso firme al cirujano o buena vista al ¨¢rbitro de f¨²tbol.
El otro par¨¢metro constitucional es la inamovilidad. En defensa de su independencia, el juez no puede ser removido de su cargo, salvo por sanci¨®n o suspensi¨®n cautelar y en los casos de incapacitaci¨®n permanente acordada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para decidir tales incapacitaciones, el CGPJ tiene que apoyarse en los informes m¨¦dicos, que, por lo general, no exigen a los jueces unos niveles espec¨ªficos de salud mental m¨¢s altos que los de otras personas.
As¨ª, se ha dado un caso en que, tras percibir el CGPJ muestras evidentes de "personalidad an¨®mala, con posible desequilibrio emocional y ps¨ªquico", en un magistrado que actu¨® a la vez como juez y perito y mantuvo detenidas sin motivo a varias personas, tuvo que levantar la suspensi¨®n del expedientado porque los informes m¨¦dico-psiqui¨¢tricos le fueron favorables, al no detectar ning¨²n hallazgo de incapacidad "total" en lo que denominaban "caracter¨ªsticas de su personalidad".
A la vista de ¨¦ste y otros casos, no es extra?o que el CGPJ, en su Libro Blanco de la justicia, haya sugerido que la valoraci¨®n de la capacidad de jueces y magistrados no se atenga a criterios generales, sino que sea "siempre analizada en relaci¨®n con la funci¨®n jurisdiccional".
Esta sensata recomendaci¨®n no ha sido, sin embargo, desarrollada, y, sobre todo, el objetivo que en ella subyace de vigilar la salud mental de los jueces no se ha traducido en una revisi¨®n peri¨®dica de la misma, como la que tienen que superar, por ejemplo, los pilotos a¨¦reos. Sin embargo, s¨®lo una revisi¨®n peri¨®dica de los jueces y magistrados -desde criterios espec¨ªficos para la funci¨®n de enjuiciar- puede detectar la existencia de anomal¨ªas.
Porque probablemente sean menos preocupantes las conductas judiciales que sentencian a base de ripios o mediante un lenguaje cuartelero -resoluciones que finalmen te saltan a los peri¨®dicos y originan expedientes disciplinarios-, que aquellas otras que cumplen los formalismos externos, incluido a veces el lenguaje ininteligible, pero que en realidad responden a una anomal¨ªa mental que requiere un tratamiento m¨¦dico y, mientras tanto, el inmediato apartamiento de la funci¨®n de juzgar.
?Pero, qu¨¦ digo, revisiones peri¨®dicas, si nuestros jueces, para serlo, no son siquiera sometidos a un m¨ªnimo test psicol¨®gico? Las exigentes pruebas memor¨ªsticas que tienen que superar los opositores a judicatura no tienen el contrapunto de alguna indagaci¨®n sobre la salud mental de esos juristas a quienes se encomienda la resoluci¨®n de nuestros conflictos.
Tampoco los dos a?os de estancia en la Escuela Judicial son aprovechados para efectuar comprobaciones sobre el estado de la raz¨®n de quienes se van a convertir, normalmente hasta que se jubilen, en titulares del poder judicial.
Sin embargo, tales mediciones de la salud mental no son tan an¨®malas. Sin salirnos de la Uni¨®n Europea, en Portugal hay psic¨®logos en el tribunal de oposiciones; en Francia, los opositores conviven con psic¨®logos en la Escuela Judicial; en Grecia existen pruebas psicol¨®gicas para la selecci¨®n de los jueces, y en Holanda se realizan unas pruebas psicol¨®gicas exhaustivas para el acceso a la judicatura.
El modelo holand¨¦s -una muestra m¨¢s de una sociedad civilizada- es el m¨¢s exigente y eficaz, desde las primeras pruebas psicol¨®gicas a las que se someten los aproximadamente mil j¨®venes abogados que aspiran cada a?o a ocupar alguna de las 50 nuevas plazas judiciales. Tras los filtros sucesivos, varias docenas de candidatos a juez tienen que afrontar 10 pruebas de habilidad mental, que eval¨²an el razonamiento verbal, la comprensi¨®n ling¨¹¨ªstica, el razonamiento l¨®gico y sistem¨¢tico y el razonamiento espacial.
El examen psicol¨®gico del futuro juez requiere todav¨ªa, en Holanda, varias entrevistas en las que se analiza la historia vital del candidato y se eval¨²an habilidades sociales y de resoluci¨®n de problemas no centradas directamente en el sistema judicial.
En Espa?a, el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Luis Mar¨ªa D¨ªez-Picazo, en un cuidado trabajo sobre Los problemas y tensiones de la judicatura, ha propuesto, como alternativa a la memorizaci¨®n de unos trescientos temas en que consiste hoy la oposici¨®n a juez, varios ejercicios escritos y entrevistas orales, complementados en la Escuela Judicial con una "s¨®lida preparaci¨®n pr¨¢ctica" y la ense?anza de materias como criminolog¨ªa, sociolog¨ªa y econom¨ªa. "Y, junto a ello", dice, "hacer una serie de pruebas psicol¨®gicas que muestren la idoneidad caracterol¨®gica para desempe?ar una funci¨®n tan delicada como la judicial".
Me consta que el CGPJ es consciente del problema... y tambi¨¦n de la dificultad de abordarlo. En la ciudadan¨ªa, que sufre los efectos da?inos de algunos jueces enloquecidos, todav¨ªa no se ha producido una queja clamorosa, aunque ya existe una Asociaci¨®n Nacional de Afectados por Errores y Abusos Judiciales que ha solicitado la "revisi¨®n psicol¨®gica" de jueces y fiscales.
En l¨ªnea con su Libro Blanco de la justicia, que es su programa de gobierno, ser¨ªa bueno que el actual CGPJ, que preside Javier Delgado Barrio, encomendara a una unidad m¨¦dica centralizada la valoraci¨®n de la salud mental de los aspirantes a jueces y la revisi¨®n peri¨®dica de los que ejercen jurisdicci¨®n. Por el bien de todos.
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