La Constituyente venezolana debate hasta d¨®nde debe llegar la emergencia nacional

La convenci¨®n que ha tomado el poder en Venezuela quiso ayer ser revolucionaria y declarar "la emergencia nacional" para poner fin al desastre tras 40 a?os de desgobierno y desaforada granujer¨ªa de los partidos tradicionales, seg¨²n los seguidores del presidente Hugo Ch¨¢vez, mayoritarios en la Asamblea Constituyente. Pero tal fue la confusi¨®n y el galimat¨ªas en el debate, que muchos diputados no sab¨ªan siquiera si hab¨ªan aprobado o no el decreto de la pol¨¦mica, y se decidi¨® prolongar la sesi¨®n hasta deshacer el embrollo. Entrada la noche, prosegu¨ªa la discusi¨®n.

La intenci¨®n de la convenci¨®n era decretar "la emergencia nacional de todos los ¨®rganos del poder p¨²blico", as¨ª como autorizar a la Asamblea a "disponer la intervenci¨®n, la modificaci¨®n y la suspensi¨®n" de todas las instituciones del Estado con la intenci¨®n de revertir la catastr¨®fica situaci¨®n nacional, lo que en la pr¨¢ctica supone la culminaci¨®n del golpe de Estado permanente que la nueva mayor¨ªa ha venido imponiendo desde las elecciones del 25 de julio, seg¨²n ha denunciado la oposici¨®n en estas dos semanas de duelos.Tras varias horas de acalorada discusi¨®n en varias direcciones a la vez y un receso para que los constituyentes almorzasen, la mesa directiva someti¨® el texto a votaci¨®n de sus se?or¨ªas, que lo aprobaron por "mayor¨ªa evidente", como proclam¨® el presidente de la convenci¨®n, Luis Miquilena, antes de que los diputados, poco duchos la mayor¨ªa en las complejidades del derecho constitucional e incluso en el derecho a secas, descubriesen con desconcierto lo sucedido. Hubo un conato de rebeli¨®n y en una ins¨®lita decisi¨®n destinada a sentar precedente en la historia de las asambleas constituyentes, la soberan¨ªsima derog¨® el decreto que acababa de aprobar y decidi¨® continuar la discusi¨®n.

Varias horas m¨¢s tarde, la opini¨®n que se impon¨ªa anoche era que la declaratoria de emergencia no deb¨ªa comportar la suspensi¨®n de las garant¨ªas constitucionales y derechos fundamentales, aunque los m¨¢s lanzados de entre los constituyentes del Polo Patri¨®tico de Ch¨¢vez insist¨ªan en imponer el estado de excepci¨®n sin restricci¨®n alguna para intervenir a continuaci¨®n y sin dilaci¨®n los sindicatos, el poder judicial y el resto de instituciones nacionales. Los moderados se opusieron a tanto radicalismo y pidieron adem¨¢s que se incluyese una cl¨¢usula que ofreciese alg¨²n tipo de garant¨ªa a los inversores locales y for¨¢neos.

"Declarar el estado de emergencia supone declarar el estado de sitio", advirti¨® a los presentes el asamble¨ªsta Allan Brewer Car¨ªas, uno de los ¨²nicos cuatro opositores y voz sensata en temas legales, en opini¨®n incluso de sus enemigos pol¨ªticos, lo que caus¨® impresi¨®n entre la concurrencia. De hecho, la reacci¨®n de la comunidad internacional ante la posible declaraci¨®n de emergencia centr¨® gran parte de las intervenciones de los constituyentes, conmocionados todav¨ªa por la acusaci¨®n del presidente el d¨ªa anterior en el mismo foro, en el sentido de que los enemigos de la revoluci¨®n han organizado una "salvaje campa?a internacional contra Venezuela".

En ese esp¨ªritu, el constituyente Guillermo Garc¨ªa Ponce pidi¨® suprimir las palabras "emergencia nacional" del decreto, para "no dar armas a la prensa extranjera, a los mercenarios que denigran el proceso pol¨ªtico de Venezuela". Por la misma raz¨®n, otros diputados exigieron a la soberan¨ªsima que se plantara, brava, ante las presiones de la comunidad internacional y otro legislador, Ildefonso Finol, habl¨® de los "ribetes de conspiraci¨®n econ¨®mica para ahuyentar las inversiones" del pa¨ªs y hacer fracasar la revoluci¨®n de Ch¨¢vez.

Pero dejando a un lado la discusi¨®n sobre la emergencia nacional, este primer decreto que ayer se dispon¨ªa a aprobar la soberan¨ªsima demuestra en el resto del articulado que la ret¨®rica revolucionaria utilizada hasta ahora por los nuevos due?os pol¨ªticos del pa¨ªs, tras arrasar en las elecciones a la Asamblea Constituyente del pasado 25 de julio, no se despleg¨® en vano y no deja dudas sobre la intenci¨®n de la convenci¨®n de ejercer hasta el final las prerrogativas del poder absoluto que se ha arrogado. Todo ello, ignorando una resoluci¨®n en contra del Tribunal Supremo de marzo pasado, que establec¨ªa que la ¨²nica tarea leg¨ªtima de la convenci¨®n es dedicarse a la redacci¨®n de una nueva Carta Magna.