Pensiones y pactos

EL GOBIERNO se ha visto obligado a adelantar la convocatoria del Pacto de Toledo a septiembre, m¨¢s de un a?o antes de que termine su vigencia. Era casi obligado que lo hiciera, debido a la irresistible presi¨®n de las comunidades aut¨®nomas que han anunciado aumentos en las cuant¨ªas de las pensiones no contributivas y las numerosas voces que se han sumado a la petici¨®n de aumento de las pensiones. No debe interpretarse este adelanto como un pulso perdido por el Gobierno, opuesto inicialmente a la subida de las pensiones no contributivas ; es preferible considerarlo una muestra de flexibilidad pol¨ªtica en un debate que se ha extendido en la sociedad como el m¨¢s importante del agosto profundo y, muy probablemente, del curso pol¨ªtico que empieza el pr¨®ximo mes de septiembre.El debate es complejo porque tiene muchas cuestiones entremezcladas. Si lo que se pregunta el ciudadano es si los m¨¢ximos responsables de las comunidades aut¨®nomas se han dejado llevar por un cierto oportunismo en sus decisiones de subir -cantidades m¨ªnimas- las prestaciones no contributivas y en el alboroto que han organizado para exigir m¨¢s que requerir la subida de las pensiones, la respuesta es s¨ª. Pero si la pregunta es si las subidas en las pensiones no contributivas rompen la unidad de caja del Estado, la respuesta es no. Nada impide que un Gobierno aut¨®nomo aumente, con el dinero de sus propios presupuestos, las atenciones no contributivas a los pensionistas. Forma parte del juego pol¨ªtico, porque el dinero que utilice para pagar pensiones m¨¢s elevadas deber¨¢ detraerlo de otras inversiones, y ser¨¢n los mismos ciudadanos quienes tengan que decir si esa gesti¨®n les favorece.

El paso que no debe hacerse a la ligera es el que consiste en encadenar la subida competitiva entre autonom¨ªas de las pensiones no contributivas con el aumento de las contributivas, aprovechando la ambig¨¹edad de los mensajes que parecen no distinguir interesadamente entre unas y otras. Ser¨ªa una seria irresponsabilidad pol¨ªtica si se hace en el vac¨ªo, es decir, sin que medie un acuerdo pol¨ªtico. Los argumentos que se esgrimen para defender la subida de las prestaciones no dejan de ser justificaciones circunstanciales.

Lo importante es que sea una negociaci¨®n en el ¨¢mbito del Pacto de Toledo, en la que participen tambi¨¦n empresarios y sindicatos, la que decida si el criterio de revisi¨®n es la inflaci¨®n conjunta o la auton¨®mica; tan importante como que las decisiones que se tomen tengan en cuenta la viabilidad del sistema p¨²blico de pensiones y que no solamente se gu¨ªen por la cara amable del ciclo econ¨®mico.

Es natural, incluso saludable, que, en periodos de bonanza econ¨®mica, el Estado eleve las pensiones m¨¢s bajas. Las pensiones m¨ªnimas pueden y deben subir, y ya era hora de que el Gobierno se decidiera a cumplir los compromisos adquiridos en el Pacto para aproximar las pensiones al salario m¨ªnimo. Pero con el acuerdo de las fuerzas pol¨ªticas y sociales en la cuant¨ªa de esas subidas. La buena situaci¨®n de la econom¨ªa no debe hacer olvidar a los gestores p¨²blicos y a los pol¨ªticos profesionales que en una fecha tan cercana como 1995 exist¨ªan graves inquietudes en la sociedad espa?ola sobre el futuro del sistema p¨²blico de pensiones; que el Pacto de Toledo fue inventado para aplicar reformas pactadas que garantizasen su viabilidad, y que los motivos de inquietud acerca de tal viabilidad persisten.

El a?o pr¨®ximo, el Estado tendr¨¢ que pagar casi 8,5 billones en concepto de pensiones. Es verdad que hoy ha aumentado la relaci¨®n entre el n¨²mero de cotizantes y de pensionistas; pero bastar¨¢ que vuelva a descender ligeramente el empleo para que se ponga en riesgo el sistema; y persisten los desequilibrios financieros internos que, parad¨®jicamente, fueron denunciados por el PSOE, uno de los atizadores del debate de las pensiones.

La facilidad con que los partidos pol¨ªticos bordean la tentaci¨®n de romper el compromiso de no manipular la pol¨ªtica asistencial es un serio motivo de procupaci¨®n. Es imprescindible garantizar, si se llega a alg¨²n acuerdo en las negociaciones que empiezan en septiembre, que ser¨¢ despu¨¦s respetado por los firmantes sin que la proximidad de las elecciones generales rompa los compromisos ni active la amnesia. El camino correcto ha sido y es la negociaci¨®n pol¨ªtica y el acuerdo entre los agentes sociales. Y quien vulnere este principio acabar¨¢ pagando, tarde o temprano, un coste elevado.