Un asilo expedientado en junio por hacinamiento permanece abierto

La Consejer¨ªa de Asuntos Sociales orden¨® el pasado mes de junio el cierre cautelar de la residencia privada para la tercera edad El P¨¢jaro Azul de Armilla, en Granada, tras observar diversas irregularidades en su funcionamiento e instalaciones. El expediente menciona que se detect¨® hacinamiento y mala alimentaci¨®n de los residentes. Sin embargo, el cierre no lleg¨® a producirse. Lo impidieron los propios familiares de los residentes, que se negaron al traslado de los ancianos a otros centros.

La Delegaci¨®n de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales de Granada, tras una inspecci¨®n ordinaria, abri¨® en mayo un expediente de cierre cautelar a El P¨¢jaro Azul por considerar que los 15 residentes estaban hacinados, su alimentaci¨®n e higiene era escasa y cinco de ellos, en silla de ruedas, no pod¨ªan moverse por el edificio, que carece de ascensor. El asilo, seg¨²n Asuntos Sociales, tampoco dispon¨ªa del suficiente personal para atenderlos. El propietario del centro, Miguel Rodr¨ªguez, asegur¨® ayer que las irregularidades denunciadas por la Junta "son falsas". "Los internos est¨¢n perfectamente nutridos y aseados. El intento de cierre fue un atropello, ya que su ejecuci¨®n fue denegada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero dos de Granada", se?ala. Rodr¨ªguez admite, sin embargo, la existencia de barreras arquitect¨®nicas en la residencia, aunque record¨® que tiene de plazo hasta la primavera del 2000 para realizar las obras de mejora requeridas. El due?o de El P¨¢jaro Azul considera que Asuntos Sociales actu¨® de manera irregular en el intento de cierre cautelar y ha interpuesto denuncias administrativas en los juzgados. Tambi¨¦n hay abierto un proceso penal contra la delegada de Asuntos Sociales en Granada, Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢nchez, y dos t¨¦cnicos de la Delegaci¨®n por presuntos delitos de amenazas, coacciones y prevaricaci¨®n. Despu¨¦s de que los familiares impidieran el cierre, la Delegaci¨®n de Asuntos Sociales elev¨® el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) que se pronunciar¨¢, posiblemente, en septiembre. Por otra parte, en el caso de los dos asilos cerrados en Sevilla, ocho de los 20 ancianos pendientes de realojo ya est¨¢n con sus familias o en otros centros de la tercera edad, mientras se tramita el destino de los otros 12. La Fiscal¨ªa de Sevilla solicit¨® ayer a los ayuntamientos de la provincia que les informe, a trav¨¦s de los cuerpos de Polic¨ªa Local, de todas las posibles residencias de ancianos ilegales que haya en sus t¨¦rminos municipales.