El Gobierno crea una comisi¨®n para cobrar las deudas al Estado generadas por el GIL
Marbella y Estepona deben 15.000 millones a Hacienda y a la Seguridad Social
Los ayuntamientos de Marbella y Estepona encabezan la lista de las corporaciones locales que se han autoexcluido de la obligaci¨®n de pagar impuestos. Los dos municipios malague?os, gobernados por el Grupo Independiente Liberal (GIL) -Marbella, desde 1991; Estepona, en los ¨²ltimos cuatro a?os-, adeudan 15.000 millones de pesetas al Estado en concepto de IVA por las empresas municipales, retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) y cotizaciones a la Seguridad Social. Al menos en los ¨²ltimos cuatro a?os, las arcas del Estado no han recibido ni una peseta de las alcald¨ªas ocupadas por el presidente del Atl¨¦tico de Madrid y su hijo, seg¨²n han constatado los concejales de oposici¨®n y los Ministerios de Econom¨ªa y Trabajo. El Gobierno ha creado una comisi¨®n para tratar los impagos. Marbella y Estepona no son los ¨²nicos municipios morosos con el Estado, pero s¨ª los que han generado mayor volumen de deuda en proporci¨®n a los habitantes (86.000 marbell¨ªes y 35.800 esteponeros), como comprobaron los miembros del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Deuda Tributaria de las Corporaciones Locales, constituido a principios de a?o a instancias del vicepresidente Rodrigo Rato. Esta comisi¨®n acord¨®, entre otras medidas, el embargo preventivo de los fondos PIE (Participaci¨®n en los Ingresos del Estado). La Junta de Andaluc¨ªa ha suspendido tambi¨¦n las ayudas.
Soluciones
El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, mantiene como prioridad en su agenda de septiembre la b¨²squeda de soluciones para las 278 corporaciones locales morosas, que deben un total de 44.000 millones al Estado, y en cuya lista Marbella y Estepona ocupan los puestos de cabeza.La gesti¨®n financiera de Jes¨²s Gil y Gil como alcalde de Marbella est¨¢ siendo investigada desde diversos frentes: los juzgados; la C¨¢mara de Cuentas de la Junta de Andaluc¨ªa; la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el Tribunal de Cuentas. Las finanzas de Estepona, en manos de Jes¨²s Gil Mar¨ªn, hijo del alcalde de Marbella, hasta el pasado 23 de julio, han iniciado ya su andadura por los tribunales. La fiscal¨ªa de M¨¢laga investiga la denuncia por la venta de solares a una empresa vinculada con Gil Mar¨ªn a precio supuestamente inferior al mercado. Ha sido una de las anomal¨ªas encontradas por los auditores contratados por el nuevo gobierno municipal para recomponer la contabilidad de la era GIL.
El alcalde, el socialista Antonio Caba, est¨¢ seguro de que la auditor¨ªa terminar¨¢ en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Los cerca de 500 millones de pesetas que los doce ediles del GIL y sus familiares cobraron del Ayuntamiento y de las empresas municipales creadas por ellos mismos en s¨®lo a?o y medio son, seg¨²n el alcalde, un bot¨®n de muestra. "Los trapicheos que estamos encontrando superan todo lo imaginable. Han expoliado la ciudad", dice Caba. El presidente local del PP y concejal de Cultura, Antonio S¨¢nchez Bracho, es m¨¢s expl¨ªcito: "El GIL ha perfeccionado en Estepona toda la granujer¨ªa aplicada en Marbella". Y el concejal de Hacienda y senador socialista Francisco Zamorano no duda en calificar la gesti¨®n del GIL de "saqueo", que pas¨® a "pirater¨ªa" durante los 40 d¨ªas que emplearon para traspasar el bast¨®n de mando. "De los 19 millones que guardaban las cajas fuertes de las empresas municipales el 13 de junio han quedado 100.000 pesetas", comenta.
Mientras los auditores contin¨²an su trabajo, que previsiblemente estar¨¢ listo a finales de septiembre, el Ayuntamiento se enfrenta a un problema inmadiato: c¨®mo hacer frente a los 14.400 millones de deudas dejadas por el GIL en Estepona. Los proveedores reclaman 2.779 millones; los bancos, 3.000; el Estado, 4.600, m¨¢s demora; el agujero de las empresas municipales supera los 4.000 millones... El senador Zamorano no sabe en qu¨¦ orden colocar las exigencias de pago, tal es la quiebra de las arcas municipales. En agosto han pedido ayuda a la Junta y en septiembre har¨¢n lo propio ante el Gobierno. El senador lo tiene claro: "La Administraci¨®n ha consentido este disparate. Ahora tienen que mojarse".
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