Pensiones: pol¨ªtica y econom¨ªa

Los socialistas parecen convencidos de haber encontrado un fil¨®n en el tema de las pensiones. Sin embargo, tal como lo est¨¢n planteando -subida inmediata de 2.000 pesetas por decreto ley-, puede convertirse en un fil¨®n de doble filo: hacer una oposici¨®n tan expeditiva, sin debatir los efectos futuros, transmite la imagen de una escasa confianza en que les toque administrar este asunto desde el Gobierno. La demagogia gubernamental de apuntarse en exclusiva el m¨¦rito de la bonanza econ¨®mica ha favorecido esa estrategia de los socialistas: pueden desafiar a Aznar pidi¨¦ndole que destine a pensiones el excedente de recaudaci¨®n fiscal. Son astucias propias del juego pol¨ªtico. Pero la habilidad pol¨ªtica debe ser compatible con la racionalidad econ¨®mica para no convertirse en demagogia. La iniciativa de Chaves, de alcance regional, se vio amplificada primero por la oposici¨®n frontal del Gobierno, y despu¨¦s del 13-J, por el seguimiento anunciado por los nuevos presidentes socialistas de Asturias, Baleares y Arag¨®n. Metido en arena electoral, Pujol decidi¨® seguir el ejemplo: aprob¨® un complemento para las pensiones no contributivas y plante¨® una subida de las pensiones contributivas m¨¢s bajas en el marco del Pacto de Toledo. Desde ese momento se hizo evidente que el tema de las pensiones va a ser central en el debate electoral y que el Gobierno lleva las de perder: por insensibilidad social, si no cede; por debilidad, si lo hace. En todo caso le ser¨¢ dif¨ªcil contrarrestar la impresi¨®n de que se resiste a trasladar una parte de los ingresos adicionales de la bonanza de la econom¨ªa a los jubilados con pensiones m¨ªnimas. La estrategia de desbordamiento de los socialistas se inscribe en la l¨®gica de la oposici¨®n. Su ¨²nico riesgo es el de pasarse de rosca, dar la sensaci¨®n de que no les preocupan las dificultades que puedan plantearse a quienes gobiernen dentro de un a?o, o de cuatro, porque no ser¨¢n ellos. Pedir que las pensiones suban por decreto es admitir que tambi¨¦n puedan reducirse por la misma v¨ªa. Y eso va contra los principios del Pacto de Toledo.

Ese pacto implica un compromiso pol¨ªtico y otro econ¨®mico: sacar el tema de las pensiones de la batalla partidista y tomar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad econ¨®mica del sistema p¨²blico actual. Entre otras cosas, ello exige adecuar el aumento de las pensiones al crecimiento a largo plazo de la econom¨ªa. Al establecer un complemento no consolidado con cargo a los presupuestos de su comunidad para las pensiones no contributivas, ni Chaves ni Pujol han roto el compromiso econ¨®mico; pero han esquivado el pacto pol¨ªtico al desencadenar una din¨¢mica que, inevitablemente, ha acabado afectando tambi¨¦n a las pensiones contributivas: las que se financian de manera intergeneracional con cargo a las cotizaciones de los trabajadores con empleo.

La favorable coyuntura econ¨®mica ha desplazado a segundo plano el que hasta hace poco se consideraba problema fundamental: la viabilidad futura del sistema. Es decir, la relaci¨®n entre ocupados que financian las pensiones y jubilados perceptores de las mismas. A comienzos de siglo alcanzaba la edad de 65 a?os el 26% de los nacidos. Ahora, el 84%. En 1970 nac¨ªan tres hijos por mujer; ahora, 1,2. Hace unos a?os, la relaci¨®n entre cotizantes y jubilados era de tres a uno. Si las cosas siguen como est¨¢n, dentro de 40 a?os cada empleado deber¨¢ sostener a 1,5 jubilados.

No hay pacto que garantice contra tal eventualidad, pero si no se aprovechan los momentos de crecimiento equilibrado para mejorar la situaci¨®n de los m¨¢s desfavorecidos, ?cu¨¢ndo hacerlo? La ret¨®rica conservadora ha pronosticado grandes desgracias cada vez que se han introducido reformas de redistribuci¨®n de la renta. A veces han acertado, pero en general el sistema ha sido capaz de digerirlas. En Espa?a, las pensiones bajas son muy bajas: una media de 37.000 pesetas las no contributivas. La forma como Chaves present¨® el problema puede resultar irritante, pero sin su iniciativa no se habr¨ªa desencadenado una din¨¢mica que ha anticipado un a?o la revisi¨®n prevista para fines del 2000, al t¨¦rmino del Pacto de Toledo.

Si, como admite ahora el Gobierno, la situaci¨®n econ¨®mica permite mejorar algo la situaci¨®n de los jubilados y viudas, ?por qu¨¦ el Gobierno se neg¨® siquiera a tomar en consideraci¨®n las propuestas planteadas en tal sentido por sindicatos y partidos de oposici¨®n? El precio de no hacer algo se olvida con frecuencia al considerar s¨®lo los eventuales efectos perversos de hacerlo. Ha sido el caso.