El general ya tiene quien le defienda

Los contactos diplom¨¢ticos emprendidos hace varias semanas por el Gobierno chileno para conseguir la aceptaci¨®n por el Gobierno espa?ol de un arbitraje sobre la situaci¨®n procesal de Pinochet (cuya extradici¨®n desde Gran Breta?a fue solicitada por la Audiencia Nacional y cursada por el Consejo de Ministros hace casi un a?o) tropezaron inicialmente con la reserva formulada por Chile, al firmar la Convenci¨®n Internacional contra la Tortura de 1984, respecto al art¨ªculo 30 de su texto, regulador de esos mecanismos de arbitraje. Sin embargo, el levantamiento -el pasado 3 de septiembre- por el Gobierno chileno de esa reserva ha permitido a su ministro de Asuntos Exteriores dirigirse a su colega espa?ol para pedirle formalmente el inmediato inicio de las conversaciones sobre la materia. Parece altamente improbable, por lo dem¨¢s, que Aznar acepte la solicitud chilena de confiar a un arbitraje o al Tribunal Internacional de La Haya el derecho de reconocer o de negar a Espa?a el ejercicio de la jurisdicci¨®n universal sobre los cr¨ªmenes contra la humanidad en el caso Pinochet; las v¨ªsperas electorales no ser¨ªan el mejor momento para adoptar una medida conflictiva con el Poder Judicial y ofensiva para la mayor¨ªa de la opini¨®n publica. Entre tanto, los abogados espa?oles designados por Pinochet para cuidar de sus intereses han solicitado -con el entusiasta respaldo de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional- la personaci¨®n de su cliente en el sumario; los letrados tratan de hacer compatible esa pretensi¨®n con el simult¨¢neo rechazo de la jurisdicci¨®n espa?ola sobre el caso. La respuesta dada por el juez Garz¨®n a esa petici¨®n de la defensa privada y de la acusaci¨®n p¨²blica ha sido emplazar a Pinochet para que se presente en Madrid a fin de ratificar el escrito de designaci¨®n de abogados y de personaci¨®n en la causa. Aun siendo cierto que el derecho a la defensa de los acusados no implica el deber de los letrados de ponerse al servicio de cualquier cliente (salvo las designaciones de oficio), tampoco los usos del foro exigen la identificaci¨®n ideol¨®gica o la empat¨ªa personal entre el procesado y su abogado; Stampa Braun, por ejemplo, es un aut¨¦ntico todoterreno en los tribunales: antes de hacerse cargo de los intereses de Pinochet, este veterano abogado, que intervino ya en el caso Sofico y el caso Reace, ha defendido a Tejero en la Operaci¨®n Galaxia, a Rafael Escudero en el caso Urquijo, a P¨¦rez Escolar en el caso Banesto, a Sancrist¨®bal en el caso Marey y a los narcotraficantes del barco Tammsaare.

La complejidad jur¨ªdica del caso Pinochet ofrece a los defensores del dictador excelentes oportunidades para buscar argumentos t¨¦cnico-jur¨ªdicos favorables a su cliente dentro de los intersticios del derecho internacional y de las normativas espa?ola y brit¨¢nica. Pero las falacias ideol¨®gico-pol¨ªticas aducidas por los abogados de Pinochet para minimizar los millares de asesinatos perpetrados bajo su mandato (los millones de v¨ªctimas de Hitler, el coste comparativamente mayor de una hipot¨¦tica guerra civil y el hecho de que los muertos no fueran jud¨ªos europeos sino rojos chilenos) resulta lacerante para su memoria. El fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional tuvieron ya ocasi¨®n de comprobar los contraproducentes efectos de sus torpes tentativas de defender a las dictaduras del Cono Sur con el inveros¨ªmil argumento de que no se propon¨ªan subvertir el orden constitucional sino s¨®lo subsanar temporalmente sus defectos.

Aleccionado tal vez por esa experiencia, Ignacio Gordillo, miembro destacado del equipo de fiscales indomables de la Audiencia Nacional capitaneado por Fungairi?o, advierte a sus lectores (La Raz¨®n, 31-8-1999) que "nadie puede estar a favor de Pinochet si es cierto que por acci¨®n u omisi¨®n" conculc¨® los derechos humanos de los chilenos durante su mandato; este arc¨¢ngel flam¨ªgero de la acusaci¨®n p¨²blica pone en guardia, sin embargo, contra los innominados adversarios del Estado de Derecho y de las garant¨ªas constitucionales que pretendan negarle a Pinochet la presunci¨®n de inocencia, el derecho al juez natural, el principio de territorialidad de la ley penal, la prescripci¨®n de los delitos, la inmunidad como senador vitalicio y la inviolabilidad como antiguo Jefe de Estado. Tal vez el sanguinario dictador lamente que la pertenencia de Gordillo a la carrera fiscal le impida incorporarse oficialmente al equipo de abogados a su servicio.