La Generalitat se?ala que ayuda a la inmigraci¨®n sin estar obligada por ley

VIENE DE LA P?GINA 1 La presidenta de la FCIC (Federaci¨®n de Colectivos de Inmigrantes de Catalu?a), Irene Yamba, dice no entender bien el informe del Departamento de Bienestar Social: "Ponen las cifras sin explicar gran cosa sobre ellas. Yo dudo de la veracidad de toda esta informaci¨®n porque aqu¨ª hay mucho dinero mezclado". A Yamba le preocupa sobre todo que el Gobierno de la Generalitat transmita a la sociedad catalana una imagen equivocada de lo que se destina a integrar a los colectivos de inmigrantes. "Se crea la sensaci¨®n de que recibimos muchas ayudas, y esto nos puede crear conflictos con ciertas personas", se?ala. Escuelas Marisa Fern¨¢ndez, de UGT, todo y que estima necesario el plan, entiende que hay cuestiones que no deber¨ªan contabilizarse, como por ejemplo el dinero gastado en la escolarizaci¨®n de alumnos extranjeros en el sector p¨²blico -es la partida m¨¢s importante del plan, con 17.489 millones- o lo que se destina a atenci¨®n sanitaria. Seg¨²n Fern¨¢ndez, "los inmigrantes son mayoritariamente personas con la residencia regularizada que paga sus cuotas de la Seguridad Social y sus impuestos, por lo que tienen derechos como cualquier otro ciudadano". Miguel Pajares, de CITE-CC OO, a?ade que "los datos realmente v¨¢lidos demuestran que la Generalitat no ha hecho una apuesta seria por la integraci¨®n social de los inmigrantes". Uno de los ejemplos que apuntan en esta direcci¨®n es, seg¨²n las entidades, el escaso apoyo en vivienda. De los 42.335 millones del plan de la Generalitat, s¨®lo hay 58 millones, en seis a?os, destinados a ayudas sociales para el alquiler de una vivienda. Albert Boada, presidente delegado de la Comisi¨®n Interdepartamental de Inmigraci¨®n y jefe del Gabinete de Bienestar Social, no entiende las cr¨ªticas de las entidades: "Forman parte del Consejo Asesor de la Inmigraci¨®n y nunca se hab¨ªan quejado", manifest¨®. Boada asegura que el informe se viene haciendo cada a?o y que las cifras que se contabilizan, lo ¨²nico que demuestran es "la igualdad en el acceso a los servicios y ayudas p¨²blicas". Sobre las acusaciones de inflar el informe econ¨®mico sobre la inmigraci¨®n en Catalu?a, Albert Boada es tajante: "Si no existieran inmigrantes podr¨ªamos destinar este dinero a otras personas de aqu¨ª". El presidente delegado de la Comisi¨®n de Inmigraci¨®n de la Generalitat se?ala que la ley s¨®lo cubre los derechos a los ciudadanos espa?oles y que la contribuci¨®n econ¨®mica del Gobierno de la Generalitat, sin ser obligada, va destinada a que los inmigrantes "no se queden en el furg¨®n de cola". Las organizaciones sociales s¨ª defienden algunas actuaciones de los departamentos de Trabajo y Bienestar Social: los 600 millones destinados a cursos de formaci¨®n ocupacional y la pol¨ªtica abierta en la concesi¨®n del PIRMI, las ayudas sociales directas para rentas m¨ªnimas de inserci¨®n, gasto que ha ascendido a 1.113 millones, de los cuales cerca del 50% se destin¨® en 1998 a 761 familias inmigrantes. Nuevo reproche Otro reproche que hacen las entidades es la escasa operatividad del Consejo Asesor de la Inmigraci¨®n. La Federaci¨®n de Colectivos de Inmigrantes de Catalu?a reclama m¨¢s presencia de inmigrantes en el consejo, mientras que CITE-CC OO cree que este foro social no deber¨ªa estar dirigido por Bienestar Social, sino por alguna persona de prestigio y pol¨ªticamente independiente. El consejero Antoni Comas s¨®lo ha asistido a dos reuniones de este consejo.