?Ser¨¢ por dinero?

El Ministerio de Justicia ha propuesto la inclusi¨®n en los pr¨®ximos Presupuestos de una sustanciosa subida del sueldo (de 11 a 20 millones de pesetas anuales) para el fiscal general del Estado. La causa o el pretexto (t¨¢chese lo que no convenga) de la generosa iniciativa gubernamental es el recordatorio hecho el pasado mes de marzo por la Junta de Fiscales de Sala sobre la existencia de un -al parecer- olvidado art¨ªculo del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal aprobado en 1981 que ordena la equiparaci¨®n de la remuneraci¨®n del fiscal general con el sueldo del presidente del Tribunal Supremo; dieciocho a?os despu¨¦s de promulgada la norma, el Gobierno se dispone complacido a reparar los agravios comparativos soportados por el alto cargo que hoy ocupa Jes¨²s Cardenal no s¨®lo con su hom¨®logo en la carrera judicial, el presidente del Supremo, sino tambi¨¦n con los fiscales de sala, que ganan unos 16 millones al a?o.A la luz de esos datos, los silbidos y abucheos de los partidos de la oposici¨®n y de las asociaciones de jueces y fiscales parecen una reacci¨®n no s¨®lo descort¨¦s, sino tambi¨¦n desmesurada. Para sosegar tan encrespados ¨¢nimos ni siquiera resulta necesario poner en boca de un bilba¨ªno adoptivo como Cardenal (nombrado en 1960 fiscal de la Audiencia Provincial de Vizcaya y desde 1989 hasta 1997 fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco) la respuesta estereotipada que los chistes guipuzcoanos atribuyen a los habitantes de la capital vizca¨ªna ante la cuenta exorbitante de un restaurante de lujo: ?Ser¨¢ por dinero? Si el art¨ªculo 31 del estatuto de 1981 establece que "el r¨¦gimen retributivo" del fiscal general "ser¨¢ id¨¦ntico" al del presidente del Tribunal Supremo, no menos disfuncional resulta que el fiscal general est¨¦ salarialmente por debajo de los fiscales de sala.

Las protestas contra una subida del 80% de los ingresos de Cardenal pueden, sin embargo, tener otros motivos. No se trata s¨®lo de los agravios comparativos de los millares de jueces equiparados con los funcionarios del Estado a la hora de soportar la austeridad presupuestaria en tanto que un centenar de magistrados del Supremo vieron el a?o pasado elevados en un 60% sus sueldos. Con su proverbial gusto por la delicadeza y el matiz (sirva de ejemplo su comparaci¨®n entre los emigrantes turcos en Alemania y el futuro que aguardar¨ªa en una Euskadi independiente a los castellanos, andaluces o extreme?os residenciados desde hace d¨¦cadas en el Pa¨ªs Vasco), Arzalluz afirma que la iniciativa gubernamental en favor de Cardenal "huele a compra". Sin llegar a la deslenguada crudeza del presidente del PNV, cabe preguntarse si la recuperaci¨®n de la memoria del Gobierno de Aznar respecto al art¨ªculo 31 del estatuto guarda relaci¨®n con la personalidad del actual titular de la Fiscal¨ªa General y hace justicia a los aciertos acumulados en el desempe?o de su cargo.

No puede decirse, en verdad, que la ejecutoria de Cardenal sea merecedora en s¨ª misma no ya de la espectacular subida de sueldo propuesta por el Ministerio de Justicia, sino tan siquiera de que un Gobierno identificado con el orden constitucional y los valores democr¨¢ticos le mantenga en el puesto. Su respaldo a los falaces argumentos utilizados por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional para oponerse a la extradici¨®n del general Pinochet como reo de cr¨ªmenes contra la humanidad no se limita a compartir con Fungairi?o la provocadora tesis seg¨²n la cual las dictaduras de Argentina y Chile "no pretend¨ªan sino la sustituci¨®n temporal del orden establecido", un supuesto programa pacificador "que ten¨ªa por objeto precisamente subsanar las insuficiencias de que este orden constitucional adolec¨ªa para mantener la paz p¨²blica"; tras afirmar que "nada de esto [de esos argumentos] es, en s¨ª mismo, fascista, ni antidemocr¨¢tico, ni contrario a los derechos humanos", Cardenal justifica adem¨¢s los golpes del Cono Sur mediante el osado artificio de compararlos con los estados de excepci¨®n y de sitio regulados por el art¨ªculo 55 de la Constituci¨®n espa?ola. Lejos de cumplir el expl¨ªcito mandato constitucional de "velar por la independencia de los tribunales", el provocador pronunciamiento hecho por Cardenal la pasada semana a favor de la inocencia de G¨®mez de Lia?o (a trav¨¦s de unas declaraciones dadas a la revista dirigida por el periodista denunciante del caso Sogecable), en v¨ªsperas de la vista oral que acaba de juzgar a ese magistrado por tres delitos de prevaricaci¨®n, fue en t¨¦rminos objetivos una intolerable presi¨®n sobre la independencia del Supremo.