El TSJC ver¨¢ si hubo prevaricaci¨®n en el archivo del "caso Casinos"

VIENE DE LA P?GINA 1 En el auto de sobreseimiento, dictado en junio de 1997, el juez Ramon Gomis, titular del juzgado n¨²mero seis de los de instrucci¨®n, admiti¨® que hab¨ªa habido financiaci¨®n irregular de CDC, pero bas¨¢ndose en la entonces reciente sentencia del caso Filesa, sostuvo que la legislaci¨®n no tipificaba esta pr¨¢ctica como delito. La querella presentada por Novoa sostiene que Gomis cometi¨® un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos por no haber incorporado a los autos cinco escritos presentados por ¨¦l, que seg¨²n la querella fueron ocultados a las partes y al fiscal, y por no practicar diligencias solicitadas que hubieran llevado, seg¨²n Novoa, a la investigaci¨®n de presuntos delitos. La querella sostiene tambi¨¦n que Gomis cometi¨® presuntamente un delito de prevaricaci¨®n porque de la documentaci¨®n obrante en el procedimiento se puede deducir la existencia de otros posibles delitos que dejaron de ser perseguidos a consecuencia del archivo del caso, y que el sobreseimiento del caso es una resoluci¨®n injusta dictada conscientemente. Novoa acusa a Gomis de haber actuado durante la instrucci¨®n del caso Casinos con una "falta consciente de diligencia, pasividad, retardos maliciosos y ocultaci¨®n de datos". La particularidad del caso Casinos respecto a otros episodios de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos es que ¨¦ste fue denunciado por uno de los protagonistas de la parte que aportaba los fondos, Jaime Sent¨ªs, y que luego, durante la instrucci¨®n, el mecanismo mediante el cual se instrumentaron los pagos fue detalladamente descrito por uno de los protagonistas de la otra parte, el propio Novoa, que recibi¨® una parte de este dinero en su calidad de gerente de una empresa period¨ªstica controlada por Pujol que atravesaba serios problemas econ¨®micos. Presunto cohecho La argumentaci¨®n de la querella expone que entre los supuestos delitos que dejaron de investigarse pudo haber el de cohecho. "Es de sentido com¨²n pensar", dice, "que si el donante es un concesionario de la Administraci¨®n y el receptor el partido gobernante, los pagos pueden ser indicio de un cohecho". Pero esta argumentaci¨®n elemental, contin¨²a, "no fue observada por el juez querellado, ni para sostenerla ni para desvirtuarla, a pesar de conocerse p¨²blicamente que el monopolio del juego en Catalu?a est¨¢ pr¨¢cticamente en manos del grupo Inverama, posterior denominaci¨®n del grupo Casinos de Catalu?a. El auto de admisi¨®n a tr¨¢mite lleva fecha de 13 de septiembre y fue tomado por los magistrados Guillermo Vidal Andreu, Antoni Bruguera Mant¨¦ y N¨²ria Bassols Muntada, de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. El auto nombra instructora a la magistrada N¨²ria Bassols. Fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos indican que es previsible que la instrucci¨®n no dure menos de cuatro o cinco meses.