La lengua: el debate que no cesa

Si alg¨²n asunto hay en Catalu?a que suscite un debate permanente, ¨¦se es el de la lengua. Dieciseis a?os de reglamentaci¨®n ling¨¹¨ªstica, y el deseable equilibrio entre el catal¨¢n y el castellano no es una cuesti¨®n resuelta. Lo demuestra el que peri¨®dicamente resurge la pol¨¦mica en torno a un tema en extremo espinoso porque afecta a lo m¨¢s profundo del sentimiento de las personas. Cuando se acercan las elecciones, la discusi¨®n suele avivarse. Los candidatos, en el campo de batalla electoral, acostumbran a arrojarse la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica cual arma punzante. La pasada semana, sin ir m¨¢s lejos, el aspirante socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, advirti¨® de que, si vence en las elecciones el nacionalista Jordi Pujol y sigue adelante con la aplicaci¨®n de la reformada y controvertida la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica -la llamada ley del catal¨¢n-, ¨¦sta dividir¨¢ Catalu?a. El ex alcalde acert¨® donde m¨¢s le duele al presidente: la amenaza de fragmentaci¨®n social. Precisamente Pujol se ha vanagloriado siempre de haber ahuyentado, con su pol¨ªtica, el fantasma de la divisi¨®n entre las dos comunidades ling¨¹¨ªsticas. Algo que el principal partido de la oposici¨®n no admite; sostiene que la paz se ha logrado gracias a su prudencia, y recrimina al l¨ªder de Conv¨¨rgencia Democr¨¤tica haber promovido hace dos a?os sin necesidad la modificaci¨®n de la primitiva Ley de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica, que databa del a?o 1983, justamente para sacar tajada electoral, aunque ello supusiera enfrentar a los ciudadanos. ?Por qu¨¦ dar otra vuelta de tuerca a la reglamentaci¨®n?, se preguntan, si los datos demuestran que el catal¨¢n avanza. La ¨²ltima encuesta del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS) acerca de este asunto, correspondiente al a?o pasado, refleja que el porcentaje de personas capaces de hablar en catal¨¢n ha aumentado un 5% con respecto al a?o 1993. El 79%, m¨¢s de las tres cuartas partes de los ciudadanos que residen en Catalu?a, son capaces de conversar en este idioma. Aunque es cierto que todav¨ªa hay ¨¢mbitos en los que el catal¨¢n no est¨¢ al mismo nivel que el castellano, como en la justicia y el cine. S¨®lo el 2% de los filmes extranjeros, por ejemplo, tienen versi¨®n catalana. Nueva ley. Si en la anterior legislatura el debate sobre la lengua se centr¨® en la denominada inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica -es decir, la escolarizaci¨®n de los ni?os exclusivamente en catal¨¢n-, en estos ¨²ltimos a?os la discusi¨®n ha girado en torno a la aplicaci¨®n de la nueva legislaci¨®n sobre el uso del idioma aut¨®ctono. Una norma, la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, que prev¨¦ sanciones por incumplimiento y que fue aprobada sin el consenso de todas las formaciones parlamentarias, contrariamente a lo sucedido con la primera ley del catal¨¢n. Por razones diametralmente opuestas, el Partido Popular y Esquerra Republicana votaron en contra. Los conservadores la juzgaron abusiva, mientras que los independentistas la consideraron moderada en demas¨ªa. Los socialistas y el grupo de Iniciativa-Verds -antiguos socios de la coalici¨®n de Julio Anguita- la apoyaron en el Parlament, pero han abominado de c¨®mo la ha querido aplicar el Gobierno catal¨¢n: a golpe de decretos redactados al margen de los sectores afectados. De los cinco que desarrollan la ley hasta ahora, el m¨¢s conflictivo ha sido el de doblaje de filmes. Cine. Ni la foto del consejero de Cultura, Joan Maria Pujals -de quien depende directamente la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica-, paseando por el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat junto a un saltar¨ªn Micky Mouse conmovi¨® a las multinacionales estadounidenses de la distribuci¨®n cinematogr¨¢fica, contrarias al decreto de doblaje. Las majors han seguido en sus trece y contin¨²an sin querer someterse a la norma, que establece cuotas de distribuci¨®n -el 50% de copias en catal¨¢n de las pel¨ªculas m¨¢s taquilleras, por ejemplo- y exhibici¨®n, y prev¨¦ sanciones para quienes las incumplan. El mayor y m¨¢s reciente fracaso de la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de la Generalitat es este decreto. Una norma que no s¨®lo ha topado con el rechazo del sector cinematogr¨¢fico sino que fue desactivada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a al suspender ¨¦ste su capacidad sancionadora. El formidable embrollo ha obligado al Ejecutivo auton¨®mico a retrasar por dos veces la aplicaci¨®n del decreto. El ¨²ltimo aplazamiento sit¨²a su efectividad en el lejano 1 de junio del 2000. El Gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨® arguye que necesita este tiempo para negociar tranquilamente con las distribuidoras. La oposici¨®n, sin embargo, ha interpretado la decisi¨®n como un signo de ineficacia pol¨ªtica del equipo de Pujol, quien lleg¨® a decir que jam¨¢s se arrodillar¨ªa ante las multinacionales para pedirles que doblaran al catal¨¢n sus producciones. El presidente necesita, como sea, borrar la mancha del decreto del cine en su gesti¨®n, y ya lo ha intentado. A dos d¨ªas del inicio de campa?a, anteayer, Pujals -que ocupa nada menos que el sexto lugar en la candidatura nacionalista- vendi¨® como un gran logro el haber conseguido pactar con tres distribuidoras norteamericanas y dos catalanas el doblaje de 18 pel¨ªculas en los pr¨®ximos ocho meses. Eso s¨ª, se preocup¨® de no destacar que los gastos correr¨¢n a cargo del erario p¨²blico. Justicia. La ley del catal¨¢n establece que las actuaciones judiciales podr¨¢n ser hechas en cualquiera de las dos lenguas oficiales y sin necesidad de traducci¨®n. Obliga asismismo a los tribunales a atender y comunicar las sentencias a los ciudadanos en la lengua que ¨¦stos decidan. Que en este ramo la norma es papel mojado lo revela el hecho de que, un a?o despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley, ¨²nicamente uno de cada cien jueces dictaba de forma sistem¨¢tica las sentencias en catal¨¢n, y que apenas el 5% de los documentos estaban redactados en dicha lengua. Otro dato: poco m¨¢s del 2% de la pantilla de jueces, fiscales y secretarios que ejercen en Catalu?a acabaron el a?o pasado los cursos que organiza la Generalitat para fomentar el conocimiento y el uso del catal¨¢n. Tampoco los abogados utilizan habitualmente este idioma. Ellos alegan que usan el castellano para evitar demoras. En vista de que no hay forma de que el catal¨¢n penetre en los juzgados, el Gobierno auton¨®mico explora otra v¨ªa: presionar en Madrid para reformar la legislaci¨®n con el objetivo de crear un cuerpo catal¨¢n de funcionarios de la Administraci¨®n de justicia.