Los sindicatos piden "depurar" responsabilidades por el concierto con el colegio Mar¨ªa de Ic¨ªar

La crisis pol¨ªtica desatada en la Consejer¨ªa de Educaci¨®n al conocerse que el Ministerio de Trabajo investigaba desde 1995 al colegio privado Mar¨ªa Ic¨ªar, por una deuda de 83 millones con la Seguridad Social, ha asestado un duro golpe a la pol¨ªtica de conciertos con centros de ¨¦lite emprendida por el consejero Manuel Taranc¨®n, quien adem¨¢s escogi¨® este escenario para inaugurar el curso, pese a que algunos sectores lo tacharon de "provocaci¨®n". Los sindicatos exigen que "se depuren responsabilidades", y Esquerra Unida pide la comparecencia inmediata de Taranc¨®n en las Cortes.

La orden de embargo contra la subvenci¨®n de 64 millones del colegio privado Mar¨ªa de Ic¨ªar, que fue remitida a Educaci¨®n por el Ministerio de Trabajo el pasado 22 de septiembre, ha activado el esc¨¢ndalo en torno a los ya de por s¨ª pol¨¦micos conciertos con una decena de colegios de ¨¦lite y vinculados al Opus Dei, que suponen un coste a cargo del Consell de 690 millones s¨®lo para el primer cuatrimestre de 1999. La confusi¨®n en la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, tras la publicaci¨®n ayer de la informaci¨®n en EL PA?S, era tal que la directora general de Centros, Concha G¨®mez, tuvo que salir al paso para tratar de explicar que la Administraci¨®n ha actuado conforme a la normativa legal. "Nos piden un embargo a una empresa con la que nosotros no hemos concertado, ya que el colegio con el que ha llegado a este acuerdo Educaci¨®n ha solicitado el concierto con un NIF diferente al del embargo, y no tiene ninguna deuda", justific¨®. La directora general reiter¨® que nada m¨¢s concocerse el asunto se tom¨® la "medida cautelar de suspender cualquier pago", y remiti¨® a los servicios jur¨ªdicos el caso. Sin embargo, el hecho de que el expediente de la investigaci¨®n de la Direcci¨®n Territorial de la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social se remonte a 1995 y que los fuertes problemas de la sociedad limitada Colegio Ic¨ªar, que tutela la familia Rey de Arteaga, sean de sobra conocidos por auditores privados, lo mismo que el hecho de que se supiera que la plantilla docente desde hace m¨¢s de cuatro a?os est¨¢ cobrando con retrasos de varios meses y en forma de pagar¨¦s, complica la explicaci¨®n oficial que trata de rebajar el asunto a "un enga?o por parte de una empresa". La tesis de Esquerra Unida y de los tres grandes sindicatos de la ense?anza es antag¨®nica a la versi¨®n oficial y camina en el sentido de que la Administraci¨®n "ha tratado de reflotar la empresa con problemas econ¨®micos". "No puedo asegurarlo, pero creo que [la consejer¨ªa] conoc¨ªa de sobra los problemas econ¨®micos del centro", sugiri¨® el portavoz de Educaci¨®n de EU, Ram¨®n Cardona. Para Cardona, el asunto demuestra que los conciertos se han realizado en base al "amiguismo y al favoritismo ideol¨®gico". El diputado manifest¨® que este caso "hace todav¨ªa m¨¢s incomprensible la pol¨ªtica de conciertos con centros de ¨¦lite". En el mismo sentido, se pronunci¨® Gonzalo Castillo, de FETE-UGT: "la empresa ha tratado de lavar una deuda privada con fondos p¨²blicos, lo cual es un fraude de ley en regla". En este sentido, manifest¨® que la Generalitat "adquiere una responsabilidad enorme con graves consecuencias, porque ten¨ªa que haber revisado toda la documentaci¨®n y no puede escudarse en que la han enga?ado porque la ley no exime a la Administraci¨®n de responsabilidades". Castillo recalc¨® que este asunto afecta directamente al Consell, puesto que "se ha vulnerado el reglamento que concede los conciertos, sobre todo en el tema de documentos a acreditar", ya que en su opini¨®n lo m¨¢s grave es que "se ha enga?ado no presentando la documentaci¨®n adecuada ante la Comisi¨®n Provincial de Conciertos". Como primera medida, tanto UGT como el STEPV, que forman parte de la Comisi¨®n de Conciertos, pidieron ayer que se convoque a la comisi¨®n y se le den las explicaciones oportunas. Ambos coindieron con CC OO en que el caso se aborde "siempre sobre la base de que esas responsabilidades no pueden ir en perjuicio de los trabajadores del centro porque hay una inquietud en ellos". Todos coincidieron con Castillo en que la responsabilidad de Taranc¨®n es "enorme" y cobra mayor gravedad ya que "fue ¨¦l quien eligi¨® este centro para inaugurar el curso y ya le advertimos que comet¨ªa un error pol¨ªtico de enorme magnitud". Su obligaci¨®n, a?adi¨®, "es dar la cara inmediatamente y, si no es ¨¦l, el presidente Zaplana en las Cortes y donde proceda". CC OO precis¨® que hace tres d¨ªas interpuso un recurso contencioso administrativo contra la orden de conciertos ante el Tribunal Superior de Justicia en el que solicita la impugnaci¨®n de la orden de conciertos "en lo que en ella se hace referencia a aquellos centros que vienen aplicando pr¨¢cticas selectivas a la hora de la matriculaci¨®n, sobre todo las referidas al sexo", que se ampliar¨¢ dada la magnitud del esc¨¢ndalo respecto al Mar¨ªa de Ic¨ªar. Por su parte, Taranc¨®n se limit¨® ayer a reiterar que no piensa dimitir por esto y adelant¨® que "modificar¨¢ la normativa de conciertos" para que el pr¨®ximo a?o el centro que quiera ser concertado acredite antes si tiene o no contra¨ªda deuda tributaria, entre los requisitos que se exigen.