Pego aprueba con abucheos al alcalde un plan urbano que desata la protesta vecinal

El alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, sufri¨® la noche del pasado jueves bajo una lluvia de acusaciones e insultos el primer rev¨¦s a su estrenada gesti¨®n con mayor¨ªa absoluta al frente del Ayuntamiento. M¨¢s de 200 personas pidieron la dimisi¨®n del alcalde e intentaron boicotear el pleno en el que se aprobaron cuatro programas urban¨ªsticos que recalifican las propiedades de los afectados, les obligan a pagar nuevas tasas y ceder suelo al Consistorio.

La mayor¨ªa eran peque?os propietarios, afectados por la recalificaci¨®n del suelo, y a los que el Consistorio demanda cantidades millonarias en concepto de coste de urbanizaci¨®n. Por esta maniobra urban¨ªstica el Ayuntamiento pretende recaudar m¨¢s de 2.000 millones de pesetas. Las arcas municipales de Pego tan s¨®lo disponen este a?o de 40 millones de presupuesto para inversiones, y no puede pedir m¨¢s cr¨¦ditos ya que fue amonestado por el Ministerio de Hacienda por superar el endeudamiento legal permisible. Los afectados y la oposici¨®n acusaron al alcalde de pretender "hacer negocio" con los nuevos planes urban¨ªsticos, y que sean los propietarios quienes cubran el vac¨ªo presupuestario con el pago de las tasas de urbanizaci¨®n. La pol¨¦mica arranca de la aprobaci¨®n, el pasado abril, del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Pego. Dicho documentos inclu¨ªa cuatro proyectos urban¨ªsticos en las zonas conocidas como Benitubes, El Clot, El Calvari y el Sector II. Entre los planes del Consistorio est¨¢ la construcci¨®n de un pol¨ªgono industrial de un kil¨®metro cuadrado de extensi¨®n (en el Sector II), y una urbanizaci¨®n de 400 chal¨¦s, en Benitubes. De un plumazo, y sin ser previamente consultados, los propietarios de terrenos en la zona afectada por el nuevo plan, unas 300 familias, recibieron la notificaci¨®n de que el suelo de sus propiedades hab¨ªa sido recalificado con el nuevo PGOU, y un mapa con la nueva reparcelaci¨®n de sus terrenos. El plan se public¨® en el Diario Oficial de la Provincia el 19 de agosto, y se abri¨® un periodo de alegaciones. La nueva situaci¨®n supone para los afectados varias obligaciones. Primero han de ceder terreno para el equipamiento de la nueva zona urban¨ªstica, en concepto de construcci¨®n de viales y zonas verdes, que ronda entre el 35% y el 45% de las propiedades. Adem¨¢s, impone una tasa por coste de urbanizaci¨®n por metro cuadrado que obliga a los afectados, la mayor¨ªa propietarios de peque?as parcelas de huertas y segundas residencias, a pagar cifras que oscilan entre los 10 y 45 millones de pesetas. Algunas de las propiedades se encuentran en terreno urbanizado y consolidado, y ya disponen de dotaciones de equipamiento, pero se les exige igual el pago de la tasa. Es el caso de la Cooperativa Agr¨ªcola de Pego, con 800 socios, a la que se piden 144 millones de pesetas, y el de varias empresas y particulares. Ante la incapacidad de hacer frente al pago, la mayor¨ªa de afectados (un 80% de las alegaciones), pidieron al Consistorio la expropiaci¨®n de sus tierras. La mayor parte de demandas de expropiaci¨®n fueron desestimadas en el pleno y as¨ª el plan fue aprobado con el voto del equipo de Pascual.