Los abogados rechazan la obligaci¨®n de seguir cursos especiales para ejercer

VIENE DE LA P?GINA 1 Si existe alg¨²n tema pol¨¦mico que divide a los abogados es la regulaci¨®n del acceso a la profesi¨®n, y el congreso que ayer finaliz¨® en Tarragona fue una muestra de ello porque se rechazaron tantas propuestas como se presentaron. La ponencia marco que se debati¨® en comisi¨®n impulsada por el Consejo de Colegios de Abogados de Catalu?a, que preside Jaume Alonso-Cuevillas, tambi¨¦n decano del colegio de Barcelona, propon¨ªa que para ejercer la abogac¨ªa fuesen obligatorios dos a?os de formaci¨®n tras la licenciatura a trav¨¦s de una pasant¨ªa o de unos cursos en una escuela de pr¨¢cticas jur¨ªdicas y que al finalizar ¨¦stos se superase un examen. La amplia presencia en el congreso de los J¨®venes Abogados de Catalu?a (JAC) comport¨® que esa propuesta se rechazase en comisi¨®n, lo que no ocurri¨® con ninguno de los otros 14 asuntos abordados. En su lugar los letrados acordaron que bastase con unos cursos de especializaci¨®n tras la licenciatura, una propuesta que rechazan las juntas de la mayor¨ªa de los 14 colegios catalanes, que representan a m¨¢s de 25.300 letrados. La misma propuesta expon¨ªa que, en todo caso, los requisitos para ejercer en Catalu?a deber¨ªan ser los mismos que en el resto de Espa?a. Sin embargo, la nueva propuesta alternativa volvi¨® a ser rechazada por 121 votos a favor y 249 en contra en el pleno, donde los abogados con muchos a?os de experiencia son mayoritarios. "A la comisi¨®n no le gust¨® la ponencia inicial, pero al pleno tampoco le gust¨® la ponencia de la comisi¨®n", explic¨® Alonso-Cuevillas. En su opini¨®n, "ha quedado claro que se trata de un tema superpol¨¦mico, pero eso ya lo sab¨ªamos antes del congreso". A juicio del presidente de los abogados catalanes, esa visible divisi¨®n entre los letrados no ensombrece el resultado del congreso, puesto que, seg¨²n explic¨®, no se trata de una cuesti¨®n que se pueda regular por reglamento, como el c¨®digo de la abogac¨ªa catalana, sino por ley. Eso es al menos lo que, seg¨²n Alonso-Cuevillas, evidencian los informes encargados por la Generalitat. De ah¨ª que deber¨¢ ser el nuevo Parlament el que zanje de una vez esa cuesti¨®n.