La injusticia de los Presupuestos Generales del Estado

El Congreso de los Diputados analiza y debate estos d¨ªas los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el a?o 2000. Con estos Presupuestos se culmina una legislatura de gobierno del Partido Popular. Los principios, los criterios, la filosof¨ªa pol¨ªtica con que han sido elaborados, las decisiones que contienen, ponen en evidencia la pol¨ªtica m¨¢s dura, m¨¢s opaca y m¨¢s injusta que ning¨²n otro gobierno haya desarrollado en toda nuestra etapa democr¨¢tica.Por segundo a?o consecutivo ocurre algo ins¨®lito, que nunca sucedi¨® en nuestra reciente historia democr¨¢tica: en los ingresos del Estado, los impuestos indirectos crecen un 8,1%, superando a los impuestos directos, que aumentan s¨®lo en un 4%.

Como resultado de la injusta reforma fiscal, la recaudaci¨®n por IRPF s¨®lo aumentar¨¢ un 0,9%, que es b¨¢sicamente el resultado del crecimiento de las rentas del trabajo.

La presi¨®n fiscal ha crecido, lo que no ocurr¨ªa desde el a?o 1992. Pero lo m¨¢s inaceptable es que la carga fiscal se haya distribuido de la forma m¨¢s insolidaria.

Hay, adem¨¢s, en estos Presupuestos otro hecho tremendamente injusto que debe ser conocido: tambi¨¦n por segundo a?o consecutivo las pol¨ªticas activas de empleo (las bonificaciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social) y los complementos de m¨ªnimos de las pensiones est¨¢n siendo financiados a trav¨¦s de las cotizaciones sociales. Es decir, son los propios trabajadores con sus cotizaciones los que financian directamente las prestaciones sociales y las bonificaciones empresariales.

Como tercer elemento est¨¢ la pol¨ªtica de inversiones. En t¨¦rminos generales el esfuerzo inversor de este presupuesto es muy deficiente. S¨®lo puede considerarse la existencia de un ligero crecimiento si se compara con los a?os anteriores en los que el Partido Popular redujo dr¨¢sticamente las inversiones p¨²blicas. En cualquier caso, la tasa de inversi¨®n sigue estando muy lejos de la del ¨²ltimo ciclo expansivo de la econom¨ªa espa?ola. En el a?o 1995, ¨²ltimo presupuesto de un gobierno socialista, las operaciones de capital supusieron 2,471 billones de pesetas, un 2,92% del PIB; en el a?o 2000 estos mismos cap¨ªtulos suponen 2,293 billones de pesetas, un 2,34% del PIB. Estos datos son dif¨ªcilmente comprensibles en un periodo de bonanza y crecimiento econ¨®mico.

Pero lo m¨¢s grave de todo es la distribuci¨®n territorial que el Gobierno hace de estas inversiones. Andaluc¨ªa se convierte de nuevo en la regi¨®n olvidada por el Gobierno de la naci¨®n. Somos la pen¨²ltima comunidad que menos pesetas por habitante percibe: 13.931 pesetas menos que la media nacional, siendo ¨¦sta de 37.000 pesetas por habitante. El Gobierno nos dedica s¨®lo un 12,06% del conjunto nacional, cuando nuestra aportaci¨®n al PIB nacional es un 13% y el peso de la poblaci¨®n es de un 18,15%.

Van a ser cuatro a?os de olvido y marginaci¨®n, en los que la p¨¦rdida de inversiones del Estado est¨¢n exigiendo un esfuerzo a?adido al Gobierno andaluz y a todos los ciudadanos para poder superar las deficiencias acumuladas.

Sevilla, capital de Andaluc¨ªa, es un claro ejemplo de esta injusta pol¨ªtica de marginaci¨®n. Las inversiones previstas en este Presupuesto para el a?o 2000 vuelven a reducirse en un 6,3% sobre cantidades ya exiguas: si en el a?o 1999 el Gobierno de la naci¨®n hab¨ªa previsto invertir en Sevilla 19.832 millones de pesetas, para el a?o 2000 s¨®lo habr¨¢ 18.588 millones, 1.244 millones menos. Estas cifras se refieren a las inversiones del Estado, organismos aut¨®nomos y sociedades mercantiles estatales. De los 18.588 millones, 6.000 se dedicar¨¢n a compra de material log¨ªstico por parte del Ministerio de Defensa, con lo que la inversi¨®n realmente productiva se reduce a 12.588 millones de pesetas.

En t¨¦rminos relativos estas aportaciones supondr¨¢n una cantidad ligeramente superior a las 7.000 pesetas por habitante, lo que significa que cada sevillano recibir¨¢ la quinta parte de la media nacional. Es decir, si el Estado invierte 100 pesetas por cada ciudadano, los sevillanos s¨®lo recibiremos 20 pesetas.

Pero m¨¢s all¨¢ de las cifras, lo verdaderamente grave es que Sevilla pierde de nuevo la oportunidad de que el Gobierno la ayude a resolver los serios problemas de infraestructuras que viene acumulando desde hace cuatro a?os. Citar¨¦ s¨®lo los ejemplos m¨¢s relevantes:

- El pantano de Melonares, aparcado definitivamente, siendo la ¨²nica alternativa para solucionar el abastecimiento de agua a la poblaci¨®n de Sevilla y su ¨¢rea metropolitana (cerca de 1,5 millones de habitantes).

- El metro de Sevilla y del conjunto del transporte metropolitano. El Estado va a destinar este a?o m¨¢s de 60.000 millones al transporte metropolitano de Madrid, Valencia y Barcelona.

- Las reformas en la ronda de circunvalaci¨®n de la SE-30 y la construcci¨®n de la SE-40 en el tramo de enlace entre el aeropuerto y el puerto de Sevilla, que afecta a poblaciones del cintur¨®n industrial como Dos Hermanas, Alcal¨¢ de Guadaira y Carmona.

- La autov¨ªa de la Plata a su paso por la provincia de Sevilla, desde la Venta del Alto hasta Camas. El Gobierno s¨®lo tiene previsto su realizaci¨®n hasta Gerena para el a?o 2003.

- La renovaci¨®n y, en su caso, el desdoblamiento de las l¨ªneas f¨¦rreas en los trenes de cercan¨ªas, imprescindibles para las comunicaciones entre el ¨¢rea metropolitana y la capital, siendo el eje prioritario el tramo Alcal¨¢ de Guadaira-Sevilla.

Todo esto es, en definitiva, una actitud y un tratamiento que ning¨²n ciudadano merece recibir de ning¨²n Gobierno.

Isabel Pozuelo es diputada por el PSOE en el Congreso de los Diputados