El juez exculpa a dos ediles de Barcelona de prevaricar por una concesi¨®n directa
El magistrado Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a acord¨® ayer la exculpaci¨®n de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona Albert Batlle y Carme San Miguel en las diligencias abiertas para investigar la adjudicaci¨®n directa del contrato de limpieza de los veh¨ªculos de la Guardia Urbana. El juez afirma que en las investigaciones realizadas no aparecen datos sobre una actuaci¨®n delictiva, ni de Batlle, concejal del distrito de Horta-Guinard¨® en donde se instal¨® la empresa beneficiaria, ni de San Miguel, presidenta de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, SA, que realiz¨® la concesi¨®n directa a la sociedad Our Company, SL. Los dos concejales fueron inculpados formalmente por supuesta prevaricaci¨®n el pasado 28 de julio.Adem¨¢s de los dos concejales, el juez tambi¨¦n exculpa a otros cuatro altos cargos municipales que intervinieron en el proceso de adjudicaci¨®n, mientras que, por el contrario, ordena que contin¨²e la tramitaci¨®n del caso para otras cinco personas y que se informe al fiscal para que se pronuncie. Los cinco inculpados son: Delf¨ªn Carod Felipe y Alfredo Morales, ambos directivos de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios; Enric Torrelles, jefe del servicio de inspecci¨®n del distrito de Horta-Guinard¨®; Joan Soler Serratosa, el t¨¦cnico que realiz¨® la propuesta para la contrataci¨®n directa, y Alberto Formatger Barreras, el gerente de Our Company.
El juez asegura en un auto notificado ayer que Formatger elabor¨® "documentos falsos, tanto en su g¨¦nesis como en su contenido" y que fueron utilizados para que Soler autorizase la concesi¨®n y de esa forma culminar "la prevaricaci¨®n iniciada en el pacto con una empresa que elude los impuestos municipales".
La concesi¨®n directa, seg¨²n el auto dictado por el juez en julio, permiti¨® a la sociedad obtener en 1995 la exclusiva para el lavado de 135 veh¨ªculos de la Guardia Urbana. A cambio, el Ayuntamiento pag¨® 21.000 pesetas anuales por autom¨®vil m¨¢s otras 11.000 pesetas por lavado. En aquella resoluci¨®n el juez censur¨® con gran dureza la actuaci¨®n de los concejales. El consistorio asegur¨® entonces que el proceso judicial respond¨ªa a un conflicto entre los socios de la compa?¨ªa.
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