Fondos al banquillo

LOS SOCIALISTAS pagaron en las urnas, con la derrota en las elecciones de marzo de 1996, el precio pol¨ªtico que les correspond¨ªa como partido del Gobierno por el uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la d¨¦cada de 1983-1993. Tambi¨¦n contribuyeron a resolver antes de ser desalojados del poder, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, el vac¨ªo legal existente sobre el uso de dichos fondos, y que constituy¨® el verdadero caldo de cultivo de la extrema discrecionalidad con que fueron administrados durante los mandatos de Jos¨¦ Barrionuevo y Jos¨¦ Luis Corcuera al frente del Ministerio del Interior. Desde abril de 1995, una ley establece un control parlamentario sobre los fondos reservados.Pero ni el coste pol¨ªtico ni las enmiendas legislativas cerraban, como es l¨®gico, el cap¨ªtulo de las responsabilidades. Faltaban las penales, de car¨¢cter personal, que fueran imputables a los integrantes de la c¨²pula de Interior de esos a?os, y que la juez que instruye el caso hace recaer especialmente en los ministros Barrionuevo y Corcuera y el secretario de Estado para la Seguridad en esa etapa, Rafael Vera.

El auto que pone fin a las diligencias judiciales abiertas en noviembre de 1994 a instancias del actual presidente del Congreso, Federico Trillo, en nombre del Partido Popular, establece la existencia de indicios de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en el uso que se hizo de los fondos reservados -unos 18.000 millones de pesetas- correspondientes a la d¨¦cada citada. El peculiar ritmo de la justicia, fruto de su lentitud y tambi¨¦n, a veces, de la dificultad de su trabajo, ha hecho que, una vez m¨¢s, un asunto del pasado se proyecte sobre el presente y que incluso pueda juzgarse en pleno periodo electoral. En cualquier caso, es hora ya de que la justicia establezca con todas las garant¨ªas si el uso que se hizo de los fondos reservados para sobresueldos, gratificaciones o indemnizaciones, y que sus perceptores justificaron como compensaci¨®n por los esfuerzos y riesgos en la lucha contra el terrorismo, constituye un delito de malversaci¨®n y hasta qu¨¦ punto fue en algunos casos un medio de enriquecimiento personal.

De la investigaci¨®n judicial se desprende que los fondos reservados de Interior -un verdadero presupuesto paralelo por su cuant¨ªa y por su reiterada ampliaci¨®n con partidas ordinarias- no s¨®lo se destinaron a fines p¨²blicos distintos de los legalmente previstos, sino tambi¨¦n a fijar cuantiosos ingresos extrasalariales que han sido motivo de esc¨¢ndalo p¨²blico. El auto judicial acusa a los dos ex ministros de destinar estos fondos opacos a fines distintos de los presupuestados, y a sus subordinados, de haberse beneficiado de ellos. Es obvio que el enriquecimiento personal con cargo a los dineros de la lucha antiterrorista provoca un mayor rechazo social, pero esto dif¨ªcilmente hubiera sido posible sin que los titulares del departamento hubieran dado su visto bueno. Todos estos extremos deber¨¢n probarse todav¨ªa ante el tribunal que juzgue el caso, pero el uso de fondos p¨²blicos en beneficio propio no puede quedar impune.