El Ayuntamiento y el Colegio de Abogados reclaman la libertad de los 14 j¨®venes de Sants

El Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Abogados solicitaron ayer la puesta en libertad de los 14 j¨®venes encarcelados la semana pasada por su participaci¨®n en los destrozos ocurridos el 12 de octubre en el barrio de Sants durante una manifestaci¨®n convocada por la Plataforma Antifascista al entender que es desproporcionada la acusaci¨®n de asociaci¨®n il¨ªcita que pesa sobre ellos y que motiv¨® la decisi¨®n judicial. Diversos magistrados coincidieron ayer en que la prisi¨®n acordada por la juez es excesiva y no tiene precedentes en casos similares.

Los j¨®venes permanecen encarcelados desde el pasado d¨ªa 14 por decisi¨®n de la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 28 de Barcelona, Remei Bona, que aquel d¨ªa se encontraba en funciones de guardia. En el auto de prisi¨®n la juez les acusa de des¨®rdenes p¨²blicos, atentado, da?os y lesiones, pero tambi¨¦n de asociaci¨®n il¨ªcita, una imputaci¨®n formulada en muy contadas ocasiones contra los detenidos que pasan a disposici¨®n judicial acusados de enfrentarse a la polic¨ªa y provocar destrozos durante las manifestaciones que convocan grupos radicales de diverso signo.Un portavoz de la regidur¨ªa de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, al frente de la cual est¨¢ Roser Veciana (ERC-Verds), mostr¨® ayer -en declaraciones a este diario- su oposici¨®n a que los detenidos contin¨²en en prisi¨®n "acusados de algo tan grave como es la asociaci¨®n il¨ªcita". En opini¨®n de ese portavoz, se trata de una "acusaci¨®n desmesurada y desproporcionada que equipara lo ocurrido el 12 de octubre a otras situaciones penales que nada tienen que ver".

Fuentes judiciales advirtieron ayer de que el auto de prisi¨®n contiene un error considerable que modifica sustancialmente la gravedad del delito imputado, pues la juez aplica a los j¨®venes el art¨ªculo 515.3 del C¨®digo Penal en relaci¨®n al 516.3, una concurrencia que no est¨¢ prevista en la ley. Las mismas fuentes judiciales afirmaron que o la juez aplica ¨²nicamente el art¨ªculo 515.3, que castiga con penas de hasta cuatro a?os de c¨¢rcel a los que, "aun teniendo por objeto un fin il¨ªcito, empleen medios violentos o de alteraci¨®n", o bien aplica el art¨ªculo 515.2 en concurrencia con el 516.3, relativo a bandas armadas, que penaliza esas conductas hasta con 12 a?os de c¨¢rcel.

Al margen de esa discusi¨®n jur¨ªdica, la regidur¨ªa de Derechos Civiles considera que "una cosa son los da?os producidos en el mobiliario urbano", por los que el Ayuntamiento de Barcelona se personar¨¢ en el caso ejerciendo la acusaci¨®n, y otra "las consecuencias penales graves" que sufren los detenidos con su ingreso en prisi¨®n.

En t¨¦rminos parecidos, aunque de manera m¨¢s sibilina, se expres¨® ayer la comisi¨®n de derecho penal del Colegio de Abogados de Barcelona. En un comunicado p¨²blico, los letrados muestran su "rechazo al uso indiscriminado y desproporcionado de la prisi¨®n preventiva" y reclaman "el replanteamiento de las amplias medidas de prisi¨®n provisional dictadas por la autoridad judicial" tras los incidentes del 12 de octubre.

El Colegio de Abogados asegura que la prisi¨®n preventiva "ha de constituir una medida cautelar excepcional y subsidiaria presidida por el principio de estricta necesidad" y considera que "no puede fundamentarse exclusivamente en criterios de alarma social, desligados de la potencial responsabilidad estricta e individual de cada sujeto". Los letrados entienden que ese supuesto entra "en pugna con las garant¨ªas constitucionales del ciudadano, y en particular con la presunci¨®n de inocencia".

Medidas alternativas

La comisi¨®n de derecho penal recuerda, igualmente, que "el ordenamiento jur¨ªdico ofrece a los jueces medidas cautelares alternativas a la prisi¨®n preventiva" para asegurar que un acusado no huir¨¢. Los abogados se muestran cr¨ªticos con la decisi¨®n judicial cuando afirman que "en el derecho penal propio de un Estado de Derecho no es admisible la imputaci¨®n a personas determinadas de hechos colectivos". Por eso, entienden que la concreta imputaci¨®n a los j¨®venes acusados de los disturbios "se ha de fundamentar en el principio del hecho, que exige que la imputaci¨®n penal se ci?a a los hechos protagonizados individualmente y sobre los que hay indicios s¨®lidos de responsabilidad criminal". Los abogados aseguran que "¨¦sta es una exigencia, adem¨¢s, del principio constitucional de proporcionalidad" que se exige a las resoluciones judiciales.

Mientras tanto, la magistrada Remei Bona contin¨²a la tramitaci¨®n de las diligencias y ha citado a declarar a partir del pr¨®ximo 4 de noviembre a una veintena de polic¨ªas que participaron en la detenci¨®n de los j¨®venes encarcelados.

El atestado policial redactado por el inspector y el subinspector de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial en la comisar¨ªa de Sant Mart¨ª relata que, sobre las 11.15 horas del 12 de octubre, llegaron a los alrededores de la plaza de Sants, donde hab¨ªa sido convocada la manifestaci¨®n, "un grupo de unos treinta encapuchados" que portaban un carro de los que hay en las grandes superficies "cargado de material de construcci¨®n, adoquines y otros objetos contundentes y arrojadizos".

El mismo atestado relata que no fue hasta las 12.50 cuando los manifestantes "arremetieron" contra la polic¨ªa mediante la utilizaci¨®n de lanzaderas, arrojando cohetes, piedras de gran volumen y toda clase de objetos contundentes, con tiragomas anclabes al antebrazo.

Los atestados pormenorizados sobre la detenci¨®n de las 22 personas que pasaron a disposici¨®n judicial s¨®lo aluden a la intervenci¨®n de una barra de hierro de 50 cent¨ªmetros y un adoqu¨ªn. Ninguno de ellos portaba la cara cubierta al ser detenido por la polic¨ªa.