El Gobierno recurre al Tribunal de Justicia de la UE para poder dar el bill¨®n a las el¨¦ctricas

Mientras oficialmente sigue negociando en Bruselas, el Gobierno ha decidido pasar a la ofensiva para defender los denominados costes de transici¨®n a la competencia (CTC) por importe de 1,3 billones pactados con las el¨¦ctricas en 1998. Sin publicidad alguna, el Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE para que anule la decisi¨®n del 8 de julio de la Comisi¨®n Europea que calific¨® los CTC como ayudas de Estado encubiertas. El ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, que calific¨® de "mero tr¨¢mite" aquella decisi¨®n, reiter¨® ayer que el Gobierno "tiene raz¨®n" en su planteamiento y es optimista sobre el desenlace.

La presentaci¨®n del recurso, l¨®gica si se tiene en cuenta que el Gobierno espa?ol defiende que los CTC no son ayudas de Estado, sorprende, no obstante, por el hecho de que se lleve a cabo mientras Industria todav¨ªa mantiene negociaciones con Bruselas para modificar el criterio expresado por la Comisi¨®n en julio. La semana pasada, por ejemplo, Piqu¨¦ dio su punto de vista durante dos horas, acompa?ado de todo tipo de material infogr¨¢fico, al nuevo comisario de la Competencia, Mario Monti, al que pidi¨® informaci¨®n sobre la marcha del expediente de los CTC en Espa?a. El recurso presentado supone, en cualquier caso, elevar varios grados el enfrentamiento que Piqu¨¦ mantiene con la Comisi¨®n e introducir una cautela ante una decisi¨®n definitiva contraria a los intereses del Gobierno.

La decisi¨®n de Bruselas de considerar los CTC como ayudas de Estado supuso un importante varapalo para las empresas del sector -temen una sustancial rebaja de la cantidad pactada con Industria- y para el ministro Piqu¨¦, que sigue defendiendo la idea de que los 1,3 billones son una compensaci¨®n necesaria para asegurar el equilibrio econ¨®mico-financiero de las empresas y, por lo tanto, tienen que ser autorizados.

El recurso del Reino de Espa?a contra la decisi¨®n de Bruselas del 8 de julio est¨¢ firmado por la abogada del Estado Rosario Silva Lapuerta, tramitado a trav¨¦s de la Secretar¨ªa de Estado de Pol¨ªtica Exterior y para la Uni¨®n Europea y lleva fecha del pasado 29 de septiembre. Los portavoces de la Secretar¨ªa de Estado de Asuntos Exteriores y de Industria confirmaron ayer su interposici¨®n.

En su escrito, la abogada del Estado solicita al Tribunal "que anule la decisi¨®n de la Comisi¨®n de 8 de julio de 1999, relativa a la solicitud, presentada por el Gobierno espa?ol, de un r¨¦gimen transitorio con arreglo al art¨ªculo 24 de la directiva 96/92/CE [de liberalizaci¨®n], sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y condene en costas a la Instituci¨®n demandada [la Comisi¨®n Europea]".

Para las compa?¨ªas el¨¦ctricas, el freno de Bruselas supone un enorme contratiempo. Desde que alcanzaron el acuerdo con el Ministerio de Industria, en septiembre de 1998, dieron pr¨¢cticamente por hecho el cobro de las ayudas -pactadas para 10 a?os- e incluso dieron por hecho que la mayor parte de las mismas -un bill¨®n de los 1,3 pactados- los cobrar¨ªan por adelantado mediante la denominada titulizaci¨®n, es decir, la colocaci¨®n en el mercado de deuda, garantizada con el 4,5% de la tarifa el¨¦ctrica.

Pese a la pol¨¦mica, las compa?¨ªas aplican el acuerdo alcanzado con Industria y en el primer cuatrimestre del a?o -¨²ltimos datos disponibles- ya hab¨ªan ingresado cerca de 46.000 millones de pesetas en concepto de CTC. Adem¨¢s, seguir¨¢n cobrando mientras dure el proceso y, en el caso de que la ¨²ltima decisi¨®n sea en contra, tendr¨¢n que devolver la ayuda no reconocida.

El recurso a los tribunales demuestra que el Ejecutivo espa?ol est¨¢ dispuesto a defender la tesis, favorable a las compa?¨ªas, de que los CTC pueden acogerse a los supuestos de ayudas excepcionales contemplados por la directiva europea de liberalizaci¨®n. ?stos se permiten (no en met¨¢lico, sino con medidas administrativas), cuando se trata de proteger compromisos contra¨ªdos por las empresas previamente a la entrada en vigor de la directiva, y siempre que est¨¦n directamente relacionados con la red de transporte, el desglose contable o la organizaci¨®n de acceso a la red (art¨ªculo 24).

Frente a la idea de Industria y de las empresas -que las el¨¦ctricas han aceptado adelantar la apertura del mercado m¨¢s all¨¢ de lo que marca la normativa europea, lo que redundar¨¢ en beneficio de los usuarios y por ello, son precisas compensaciones que aseguren su equilibrio financiero-, el anterior presidente de la CNSE, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, que dimiti¨® de su cargo tras sostener una espectacular pol¨¦mica con el Ministerio de Industria, sostuvo siempre que las ayudas no ten¨ªan sentido. Y ello, porque la Ley El¨¦ctrica de 1997 condicionaba el pago de los CTC a una serie de variables como la evoluci¨®n del consumo y de los tipos de inter¨¦s, que podr¨ªa determinar que incluso al final, las el¨¦ctricas tuviesen que devolver dinero.

Desde Industria, Piqu¨¦ sigue defendiendo que la cifra de 1,3 billones de pesetas es "prudente" y ha sido bien calculada, pero el recurso al Tribunal de Luxemburgo parece indicar que el Gobierno no conf¨ªa al 100% en que las opiniones del ministro convenzan al colegio de comisarios en Bruselas. La pol¨¦mica es seguida atentamente por pa¨ªses como Austria, Dinamarca, Francia, Holanda y Reino Unido, que preparan planes de liberalizaci¨®n para el sector el¨¦ctrico.