Los partidos no logran un acuerdo sobre la f¨®rmula para igualar los servicios sociales en las tres provincias

Los partidos coinciden en que la cantidad y calidad de los servicios sociales que se ofrecen en las tres provincias vascas es muy diferente, pero no son capaces de ponerse de acuerdo sobre la f¨®rmula adecuada para subsanar este desequilibrio. El debate lleg¨® ayer al pleno del Parlamento a trav¨¦s de una proposici¨®n no de ley del PSE que ped¨ªa al Gobierno la creaci¨®n de un fondo econ¨®mico que permitiese igualar los servicios sociales. El pleno rechaz¨® la iniciativa con los votos de los partidos nacionalistas y del PP. IU apoy¨® la propuesta y Unidad Alavesa se abstuvo.

Los recursos que cada provincia dedica a cuidar que el envejecimiento de la poblaci¨®n sea lo mejor posible (por medio de la ayuda a domicilio, centros de d¨ªa o plazas residenciales), a las minusval¨ªas o la protecci¨®n social de los m¨¢s desfavorecidos reflejan una realidad muy dispar. La ¨²ltima encuesta realizada por el Gobierno sobre el gasto social p¨²blico en Euskadi, que data de 1996, arroj¨® que las instituciones p¨²blicas dedicaron 57.125 millones de pesetas a este cap¨ªtulo. El an¨¢lisis por provincias revela importantes diferentes interterritoriales: el gasto medio por habitante en ?lava fue de 42.590 pesetas, en Guip¨²zcoa de 25.619 y en Vizcaya de 24.417 pesetas.Estos desequilibrios se agudizan a nivel comarcal. Entre la comarca con mayor gasto en servicios sociales por habitante, la Rioja Alavesa, con 51.091 pesetas, y la de menor gasto, Plentzia-Mungia, con s¨®lo 19.027 pesetas, y el Duranguesado, con 19.620, las diferencias son casi del triple.

La autora de la propuesta rechazada, la socialista Gemma Zabaleta, defendi¨® en el pleno la necesidad del fondo para paliar situaciones como la de la Diputaci¨®n de Vizcaya que adem¨¢s de ser la que menos presupuesto dedica en proporci¨®n al sostenimiento de los servicios sociales, es la que menos recursos traslada a los ayuntamientos para que ¨¦stos puedan atender las necesidades de sus vecinos. Zabaleta record¨® que hay "dinero suficiente" para dotar al fondo ya que la "recaudaci¨®n de las haciendas forales en 1999 ha ido mejor de lo previsto". Tambi¨¦n apunt¨® que la Ley de Territorios Hist¨®ricos (LTH), la norma que vertebra Euskadi y adjudica las competencias a diputaciones, gobierno y ayuntamiento, permite en su art¨ªculo 24 la creaci¨®n de mecanismos de este tipo.

Mientras, la portavoz del PNV en el debate, Gema Gonz¨¢lez de Txabarri, aleg¨® que las diferencias que existen son leg¨ªtimas porque la Ley de Servicios Sociales (aprobada en 1996) garantiza los servicios m¨ªnimos y universales y a partir de ah¨ª es cada ayuntamiento el que decide c¨®mo invertir su dinero. "Algunos municipios eligen poner rotondas para mejorar el tr¨¢fico y otros prefieren construir residencias para la tercera edad", indic¨®.

Seg¨²n la representante peneuvista, crear un fondo como el solicitado por el PSE no se ajusta a la "filosof¨ªa" imperante en Euskadi porque "el sistema vasco no es uniformizador, da por buenas las diferencias. "Como mucho", enfatiz¨® Gonz¨¢lez de Txabarri, "se puede debatir sobre qu¨¦ servicios sociales b¨¢sicos tienen que tener todos los ayuntamientos. Luego hay que respetar la autonom¨ªa municipal y si un ayuntamiento quiere dedicar su dinero a cultura, a bodegas o a centros de jubilados, es su competencia".

El Partido Popular tambi¨¦n vot¨® en contra de la proposici¨®n del PSE y plante¨® su propia propuesta: las diputaciones y los ayuntamientos son quienes tienen que adoptar las medidas necesarias para paliar los desequilibrios en la prestaci¨®n de servicios, sin necesidad de que sea el Gobierno vasco el que intervenga.

La parlamentaria del PP Carmen L¨®pez de Ocariz reconoci¨® que los desequilibrios son palpables, pero que el fondo no es el instrumento adecuado para arreglarlos. "Existe un Consejo Vasco de Bienestar Social, donde tienen representaci¨®n todas las instancias, que puede elaborar propuestas que ser¨¢n ejecutadas por las diputaciones y ayuntamientos".

La representante de Eusko Alkartasuna, Nekane Alzelai, recalc¨® que no se trata de discutir sobre qu¨¦ provincia o qu¨¦ ayuntamiento pone m¨¢s dinero, sino de establecer un plan de prioridades de los servicios sociales y concretar su financiaci¨®n. "El desequilibrio lo sufren los ayuntamientos, que a menudo tienen que desarrollar competencias sin contar con los recursos econ¨®micos suficientes", lament¨®.

El portavoz de Unidad Alavesa, Pablo Mosquera, abog¨® por involucrar a las empresas privadas en el campo de los servicios sociales atray¨¦ndoles con incentivos fiscales y lanz¨® la idea de establecer programas de inversi¨®n para cometidos concretos.