El recurso revelador

CUANDO LA Comisi¨®n Europea decidi¨® que los costes de transici¨®n a la competencia (CTC) del mercado el¨¦ctrico aprobados por el Gobierno eran ayudas de Estado, el portavoz del Ejecutivo y ministro de Industria intent¨® quitar importancia a esa decisi¨®n, y desde entonces ha insistido p¨²blicamente en que las autoridades europeas acabar¨¢n por aprobar la compensaci¨®n de 1,3 billones de pesetas pagadera por los usuarios a las empresas el¨¦ctricas a cambio de una liberalizaci¨®n m¨¢s que dudosa, al menos por el momento. Pues bien, el mismo Gobierno que tan despreocupado se mostr¨® por el dictamen europeo acaba de presentar, pr¨¢cticamente de inc¨®gnito, un recurso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo para impugnar aquella decisi¨®n que, lo quiera o no el ministro, desbarata totalmente el intento del Gobierno de hacer pasar esos 1,3 billones como una indemnizaci¨®n por el cambio regulatorio o una retribuci¨®n especial por el ritmo excepcionalmente r¨¢pido de liberalizaci¨®n del sector.El Gobierno sigue manteniendo que "no pasa nada" o que las autoridades comunitarias aceptar¨¢n el punto de vista espa?ol. Si las negociaciones discurren tan bien, no se entiende por qu¨¦ se ha presentado el recurso; y si las negociaciones no van tan bien, la despreocupaci¨®n que aparenta el Gobierno ser¨ªa una demostraci¨®n de que est¨¢ trivializando u ocultando los reveses que sufre en Bruselas, donde, se mire como se mire, han rechazado las tesis oficiales sobre los controvertidos CTC. Es un mal gesto que el portavoz asegure que a un recurso jur¨ªdico sobre un asunto sobre el que est¨¢ en juego m¨¢s de un bill¨®n de pesetas "no hay que darle m¨¢s importancia que la que tiene"; la tiene para los consumidores que tengan que pagar esa cantidad con recargos en el recibo de la luz.

Peor es a¨²n la vocaci¨®n de clandestinidad con que el Ministerio de Industria est¨¢ negociando en Bruselas. Las informaciones que facilita son nulas o confusas: si por el Gobierno fuera, los ciudadanos apenas se habr¨ªan enterado del problema, incluyendo la presentaci¨®n del recurso. El Ejecutivo act¨²a como si no existieran consumidores y vecinos, leg¨ªtimamente asociados, que quieren intervenir para defender su derecho a no pagar tarifas que no sean admitidas por las autoridades europeas de la competencia.

Existen fuertes evidencias de que la negociaci¨®n el¨¦ctrica en Bruselas est¨¢ siendo un fracaso. Quiz¨¢ pueda corregirse, pero de momento, y mientras el Tribunal de Luxemburgo no diga lo contrario, el hecho incuestionable es que los CTC son ayudas de Estado. Esa calificaci¨®n es un grave rev¨¦s para el Gobierno que los aprob¨® en 1998 y para las empresas el¨¦ctricas que corren el riesgo de percibir cantidades muy inferiores a las que pactaron con Josep Piqu¨¦. Adem¨¢s de reclamar ante un tribunal por un dictamen que considera injusto, algo que es perfectamente leg¨ªtimo, el Gobierno deber¨ªa elaborar ya una estrategia distinta para el caso de que el recurso no prospere. Pero la ¨²nica estrategia visible parece ser la de dejar que el tiempo pase y seguir diciendo a los ciudadanos que todo va bien en Bruselas.