De la R¨²a asegura que la orden de captura no se aplicar¨¢ en Argentina

Varios de los 98 militares argentinos procesados por el juez Baltasar Garz¨®n ya est¨¢n en arresto domiciliario por orden del juez argentino Adolfo Bagnasco, que les proces¨® por el robo, retenci¨®n y suplantaci¨®n de identidad de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura. El presidente electo argentino, Fernando de la R¨²a, dijo ayer que Garz¨®n ha tomado una decisi¨®n "dentro de su competencia en el Reino de Espa?a, pero que no tiene efecto operativo en Argentina".

De la R¨²a se limit¨® de ese modo a se?alar que el territorio argentino queda fuera del radio de acci¨®n de la orden de Garz¨®n. Es decir, que Argentina se convierte en una jaula de oro para los 98 procesados o, en palabras de las asociaciones de derechos humanos, en una "c¨¢rcel".Bagnasco declar¨® ayer a EL PA?S que "en Argentina genera resquemor la intromisi¨®n de un juez extranjero" y record¨® que, en su pa¨ªs, varios oficiales ya han sido sentados en el banquillo. Los oficiales procesados en Argentina son el almirante Emilio Massera, ex comandante en jefe de la Marina y uno de los cerebros del r¨¦gimen militar; el general Cristino Nicolaides, ¨²ltimo jefe del Ej¨¦rcito; el almirante Rub¨¦n Franco, ¨²ltimo comandante en jefe de la Marina; el capit¨¢n de fragata Jorge Tigre Acosta, ex jefe de inteligencia de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA); y el prefecto retirado de la ESMA H¨¦ctor Febres. Jorge Videla, presidente de la primera junta militar, es el ¨²nico que ya tiene confirmado que ir¨¢ a juicio.

Durante la Administraci¨®n de Ra¨²l Alfons¨ªn ya se celebr¨® el juicio a las juntas militares, en el que sus 10 comandantes fueron condenados a cadena perpetua. Pero el permanente ruido de sables forz¨® a Alfons¨ªn a aprobar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dieron carpetazo a la investigaci¨®n. Tras asumir el poder, el presidente Carlos Menem aprob¨® un indulto para los condenados.

Fuentes judiciales interpretan que Garz¨®n da este paso precisamente ahora porque piensa que con la nueva Administraci¨®n de De la R¨²a, que asumir¨¢ sus funciones el 10 de diciembre, puede encontrar colaboraci¨®n. El Gobierno de Menem ha negado toda colaboraci¨®n con Garz¨®n y no dud¨® en dictar el a?o pasado el decreto 11/98, que le permite no responder a las reiteradas rogatorias judiciales para indagar a argentinos sospechosos de haber participado en la desaparici¨®n de personas durante la ¨²ltima dictadura (1976-1983).

La actitud que pueda adoptar el nuevo Gobierno es una inc¨®gnita, ya que entre los asesores del presidente electo hay opiniones encontradas. Si bien, cuando estaban en la oposici¨®n, De la R¨²a y destacados pol¨ªticos de su entorno se desmarcaron de la actitud mantenida por Menem respecto de las causas contra militares argentinos y contra el general chileno Augusto Pinochet, hay dudas de que, una vez en el Gobierno, De la R¨²a d¨¦ curso a las peticiones de Garz¨®n.

El penalista de la Alianza, la formaci¨®n de De la R¨²a, Ra¨²l Zaffaroni ha calificado en m¨¢s de una ocasi¨®n de inconstitucional el decreto 111/98 porque "es una interferencia en el poder judicial". Sin embargo, Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa en el Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn y experto de la Alianza en temas militares, declar¨® a este diario que Garz¨®n no tiene competencia mientras no haya un tribunal internacional.