El Gobierno de Aznar sostiene que el auto es "un factor de distorsi¨®n"

El Gobierno, por boca de su secretario de Estado de Cooperaci¨®n Internacional y para Iberoam¨¦rica, Fernando Villalonga, expres¨® ayer, con una rotundidad poco habitual, su malestar por la ¨²ltima iniciativa legal del magistrado Baltasar Garz¨®n contra los militares argentinos acusados de genocidio. La orden de busca y captura emitida por el juez supone "una factor de distorsi¨®n" para la Cumbre Iberoamericana de La Habana, declar¨® Villalonga a la agencia Efe, aunque consider¨® "casual" que esta ¨²ltima decisi¨®n, como la que tom¨® hace un a?o al ordenar la detenci¨®n del ex general Augusto Pinochet, coincidan con cumbres iberoamericanas.Para el secretario de Estado, la decisi¨®n de Garz¨®n, "desde el punto de vista pol¨ªtico es bastante da?ina para la imagen de Espa?a en Iberoam¨¦rica". Las declaraciones de Villalonga, realizadas en la Embajada de Bolivia tras recibir una condecoraci¨®n del Gobierno del general Hugo B¨¢nzer, contrastaron con las realizadas por su ministro, Abel Matutes, que, en los pasillos del Senado, rechaz¨® comentar la orden de Garz¨®n. Matutes se limit¨® a decir que la orden del magistrado espa?ol "probablemente no ser¨¢ bien recibida en Argentina", donde se aprob¨® una ley de punto final. Por su parte, el ministro portavoz del Gobierno, Jos¨¦ Piqu¨¦, dijo que el Ejecutivo tramitar¨¢, en caso de que se le presenten, cualquier solicitud de extradici¨®n, "como ha hecho en otros casos". La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, subray¨®, como Matutes, el respeto del Gobierno por las decisiones judiciales y su costumbre de no comentarlas.

El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, reiter¨® ayer que el ministerio p¨²blico ya entendi¨® hace cuatro a?os que los tribunales espa?oles "no eran competentes para el conocimiento de estos hechos". Por ello, la fiscal¨ªa se mantendr¨¢ "por coherencia en la misma l¨ªnea".

Por otra parte, Garz¨®n declar¨® ayer que "no basta decir que en Espa?a se cumplen los derechos humanos". El magistrado de la Audiencia Nacional pidi¨®, durante una conferencia pronunciada en Girona, que Espa?a tenga una actitud m¨¢s avanzada y beligerante respecto a la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional (TPI). El juez record¨® que Espa?a todav¨ªa no se ha pronunciado respecto a este estatuto internacional, que tendr¨ªa jurisdicci¨®n sobre los delitos de genocidio y cr¨ªmenes contra la humanidad, y que hasta el momento s¨®lo ha sido ratificado por cinco Estados.

Garz¨®n opina que la reserva espa?ola se debe a que la ratificaci¨®n exigir¨ªa modificaciones constitucionales.