A la mano del Gobierno

AL GOBIERNO se le ha vuelto como un bumer¨¢n su generosa receptividad a las demandas salariales de los magistrados del Tribunal Supremo, a los que apenas hace dos a?os subi¨® de golpe sus retribuciones en un 60%. Desde entonces, ese antecedente enrarece, tensiona y entorpece la b¨²squeda de una soluci¨®n racional a las demandas de mejora salarial que plantean los 3.000 jueces restantes.Es evidente que la esplendidez presupuestaria de que hizo gala el Gobierno con los 80 jueces del Supremo no es extendible al resto de la profesi¨®n. Pero el Ejecutivo deber¨ªa mostrar id¨¦ntico inter¨¦s a la hora de resolver un problema que es bien real. Por una parte, su capacidad adquisitiva ha descendido en un 18% durante los ¨²ltimos 10 a?os, y ya no pretenden, como plantearon en un principio, colmar ese desfase de golpe. Por otra parte, su condici¨®n de poder del Estado impide a los jueces sindicarse, y ni siquiera est¨¢n representados en la mesa de negociaciones entre el funcionariado y el Gobierno. Si sus reivindicaciones salariales no obtienen respuesta, ser¨¢ inevitable una mayor sindicalizaci¨®n de las asociaciones profesionales, lo que ser¨ªa lamentable desde todos los puntos de vista.

Poner sobre la mesa como ¨²nica e innegociable respuesta a esos argumentos y demandas una subida del 2%, sin el acompa?amiento siquiera de un fondo a repartir en concepto de productividad, como el resto de los funcionarios, es estramb¨®tico. Los jueces han dado marcha atr¨¢s en el disparatado argumento, insinuado por algunos, de vincular determinado aumento salarial, en este caso un 25%, a la independencia judicial.

Para evitar estar sometidos a esta situaci¨®n de debilidad frente a la Administraci¨®n -que como parece lo mismo puede subir a unos el 60% que dar a otros un 2% acordado en una mesa de negociaci¨®n ajena- los jueces necesitan una ley de retribuciones que fije, a largo plazo, sus escalas salariales y mecanismos estables para su actualizacion. No es un privilegio, sino una medida indispensable para garantizar su nivel retributivo y para que la justicia funcione mejor. Lo lamentable es que esa ley, prevista en 1985, siga in¨¦dita tantos a?os despu¨¦s. Ser¨¢ una tarea urgente para la pr¨®xima legislatura, ya que parece imposible de aprobar en los restos de ¨¦sta. Mientras tanto, el Gobierno habr¨¢ de habilitar un paquete de emergencia para cumplir con los jueces.