El PP elimin¨® en 1996 el control fiscal a los colegios que solicitan conciertos

La primera orden de conciertos educativos de la Administraci¨®n del PP data del 23 de diciembre de 1996 y se publica en el DOGV el 13 de enero de 1997, apenas siete meses despu¨¦s de entrar en vigor el texto refundido de la Ley de Hacienda P¨²blica de la Generalitat Valenciana, que contempla en su art¨ªculo 47.7 que cualquier ayuda, subvenci¨®n o concierto deber¨¢ exigir "la acreditaci¨®n de que el beneficiario est¨¢ al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social". La normativa de conciertos, que deb¨ªa tener una vigencia de cuatro a?os a partir del curso 1997-1998, omiti¨®, sin embargo, este control fiscal.

Para la aprobaci¨®n de cualquier proyecto, ayuda o subvenci¨®n de la Administraci¨®n se requiere que el beneficiario, bien sea una entidad p¨²blica, privada nacional o internacional o persona jur¨ªdica presenten "la acreditaci¨®n de que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma prevista en la Orden del 30 de mayo de 1996, de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda". Esta precisi¨®n consta en las convocatoria de ayudas, sirva de ejemplo, cualquiera de las emitidas este a?o por la Direcci¨®n General de Ordenaci¨®n Educativa. Algo que, sin embargo, omite Educaci¨®n en la primera orden de conciertos aprobada en el primer a?o de gesti¨®n de la Administraci¨®n del PP, que entr¨® en vigor el 13 de enero de 1997. Se trata de una extensa orden firmada por la entonces consejera de Educaci¨®n, Marcela Mir¨®, con una vigencia de cuatro a?os a partir del curso 1997-1998, donde s¨ª se exige que las solicitudes "provisionales" o nuevas se soliciten en enero, pasen por inspecci¨®n y se aprueben antes del 15 de abril del curso anterior al que se solicita el concierto. Pero obvia mencionar el control de las obligaciones tributarias, que acompa?an a los presupuestos. Para el portavoz de Educaci¨®n del PSPV, Baltasar Vives, esta orden deja sin argumentos al consejero Manuel Taranc¨®n, que culp¨® "a la normativa de conciertos de los socialistas" de no requerir este control, tras el esc¨¢ndalo del fraude tributario del colegio Mar¨ªa de Ic¨ªar, detectado por Trabajo, que orden¨® a Educaci¨®n el embargo de uno de los 10 pol¨¦micos conciertos aprobados en agosto, fuera del plazo de matr¨ªcula. Vives denuncia "la pol¨ªtica privatizadora" del PP y afirma que en el periodo 1995-2000 el gasto corriente para conciertos ha crecido un 45%.PASA A LA P?GINA 3