Fraude en las ayudas a la ciencia m¨¦dica

Las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo de Investigaci¨®n Sanitaria (FIS)empiezan por constatar que "el Gobierno carece de informaci¨®n elaborada sobre las cifras del gasto total de investigaci¨®n sanitaria en nuestro pa¨ªs", por lo que el tribunal ha tenido que hacer su propia estimaci¨®n: 18.000 millones de pesetas anuales. Una cifra que s¨®lo alcanza el 0,55% de los presupuestos en salud y que se queda a la mitad del objetivo m¨ªnimo (1%) establecido en la Ley General de Sanidad. Aunque la fiscalizaci¨®n se refiere a 1996, abarca algunas actuaciones de los dos a?os anteriores, correspondientes a la etapa de gobierno socialista, y a la gesti¨®n del FIS ya bajo el mandato del PP.Las irregularidades comprobadas empiezan en la selecci¨®n de los proyectos que reciben ayudas p¨²blicas. Proyectos que ni siquiera han quedado depositados en un registro, ni en el Ministerio de Sanidad ni en el Instituto de Salud Carlos III, del que depende el FIS desde 1996, lo que de por s¨ª contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo Com¨²n.

El Tribunal de Cuentas afirma que "la gesti¨®n del procedimiento (para la evaluaci¨®n de las solicitudes de subvenciones) ha presentado irregularidades que han afectado a la equidad del acceso a las ayudas y a su transparencia, infringiendo el principio de objetividad proclamado en la Ley General Presupuestaria". Unas anomal¨ªas que, seg¨²n a?ade, quedaron subsanada en las ayudas aprobadas para 1999, pero que durante a?os han sido de este calibre: un 5,7% y un 9,4% de los investigadores que recibieron ayudas en 1994 y 1995 formaban parte de las propias comisiones t¨¦cnicas de evaluaci¨®n de las solicitudes de ayudas; la direcci¨®n del Fondo de Investigaci¨®n Sanitaria no ha podido facilitar al Tribunal de Cuentas la documentaci¨®n del nombramiento de los miembros de esas comisiones t¨¦cnicas de evaluaci¨®n ni el de los expertos para el resto de las solicitudes de ayudas en el periodo 1994-1997; 29 personas que efectuaron evaluaciones no figuraban en la composici¨®n de las comisiones t¨¦cnicas de evaluaci¨®n, y hubo un elevado porcentaje de reuniones a las que s¨®lo asistieron uno o dos miembros de la comisi¨®n. El Tribunal de Cuentas especifica que ese tipo de reuniones sin qu¨®rum contraviene la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas y hace que los acuerdos tomados en ellas "adolezcan de un vicio de nulidad de pleno derecho".

El tribunal afirma que "las gerencias y direcciones de los centros beneficiarios de las ayudas para proyectos de investigaci¨®n durante el periodo 1994 a 1998 han justificado y certificado datos que no son reales en las memorias finales que env¨ªan al FIS, lo que pone de manifiesto la existencia de posibles responsabilidades contables por parte de quienes extendieron tales justificaciones y certificaciones(...). Adem¨¢s, los titulares de las citadas gerencias podr¨ªan haber incurrido en responsabilidades penales por la consignaci¨®n de datos falsos en las memorias".

El tribunal ha comprobado en la fiscalizaci¨®n de 11 centros hospitalarios que no hab¨ªan sido remitidas al FIS las memorias econ¨®micas de 35 proyectos financiados con dinero p¨²blico, lo que dejaba pendiente de justificar subvenciones por un total de 220 millones.

La direcci¨®n del Fondo de Investigaci¨®n Sanitaria no ha elaborado instrucciones generales sobre el contenido de las memorias de cada investigaci¨®n ni ha organizado un sistema de informaci¨®n que permita evaluar en cada centro la calidad cient¨ªfica de los proyectos ejecutados y los gastos que efectivamente han generado, seg¨²n el Tribunal de Cuentas. "En cada centro", relata en el informe que ha enviado al Parlamento, "se registran los datos para el seguimiento de la investigaci¨®n libremente y la informaci¨®n resultante es escasa, poco fiable y dif¨ªcilmente comparable, e impide conocer la aplicaci¨®n indebida de las subvenciones concedidas. El Tribunal de Cuentas", seg¨²n sus propias palabras, "se ha visto limitado para conocer la justificaci¨®n de la subvenciones del Fondo de Investigaci¨®n Sanitaria en aquellos centros en los que no se registran e identifican los gastos por subvenci¨®n -Escuela Andaluza de Salud P¨²blica (Granada), hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona y hospital universitario cl¨ªnica Puerta de Hierro (Madrid)- y en aquellos en que los registros anotan los gastos pero no los identifican con los justificantes de gasto -hospital universitario Virgen de las Nieves (Granada), hospital Ar¨¢nzazu (San Sebasti¨¢n) y hospital General Universitario (Alicante)-. En ambos casos no existe garant¨ªa de que los justificantes de gasto entregados al Tribunal de Cuentas se correspondan con gastos de los proyectos para los que se concedieron las subvenciones, lo que, adem¨¢s de constituir una limitaci¨®n al alcance de esta fiscalizaci¨®n, pone de manifiesto la existencia de posibles responsabilidades contables" y, por tanto, la obligaci¨®n de reintegrar las cantidades no justificadas.

Seg¨²n el tribunal, el FIS no ha realizado una evaluaci¨®n del contenido econ¨®mico y cient¨ªfico ni otras pruebas de control que justifiquen la inversi¨®n realizada. De los 11 centros analizados, s¨®lo cuatro realizan convocatorias p¨²blicas para ofrecer plazas de becarios asignados a proyectos de investigaci¨®n. Los dem¨¢s los eligen "de forma discrecional, sin ning¨²n tipo de concurrencia ni publicidad".

Entre 1994 y 1998 las ayudas para proyectos de investigaci¨®n tardaron m¨¢s de cien d¨ªas en llegar a sus destinatarios desde que fueron aprobadas, seg¨²n el muestreo realizado en 11 hospitales. Ese retraso lleg¨® a ser de unos cinco meses en el caso de las subvenciones destinadas a infraestructuras para la investigaci¨®n.