Condenado a siete meses un ex alcalde por fraude al PER tras un acuerdo con el fiscal

El ex alcalde de L¨¢char (Granada), Luis P¨¦rez Funes, de Izquierda Unida, ser¨¢ condenado a siete meses de prisi¨®n y 50.000 pesetas de multa por un delito de falsedad en documento p¨²blico despu¨¦s de haber llegado a un acuerdo con el fiscal para que le rebajase la pena en el juicio que comenz¨® y concluy¨® ayer sobre fraude al Plan de Empleo Rural (PER). La condena, que ser¨¢ dictada por la Audiencia Provincial de Granada, no supondr¨¢ la c¨¢rcel para el ex alcalde.P¨¦rez Funes compareci¨® ayer ante el tribunal arropado por medio centenar de vecinos de su pueblo, entre ellos los 24 jornaleros que hab¨ªan sido imputados anteriormente y a quienes luego el fiscal retir¨® los cargos en aplicaci¨®n del nuevo C¨®digo Penal.

El ex alcalde, para quien el ministerio p¨²blico hab¨ªa solicitado una pena inicial de nueve a?os de prisi¨®n y siete de inhabilitaci¨®n por delito de estafa y otros dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n por un delito de falsedad, lleg¨® a un acuerdo con el fiscal para declararse culpable a cambio de que se retirase la acusaci¨®n de estafa y se rebajase la pena por el delito de falsedad. Eso dej¨® el juicio en un puro tr¨¢mite.

No obstante, el fiscal sostuvo durante el juicio que P¨¦rez Funes hab¨ªa ejecutado un "plan preconcebido" para firmar 22.000 peonadas falsas con el objeto de que algunos vecinos de su pueblo pudieran acreditar los 60 jornales necesarios para percibir el subsidio agrario que contemplaba el Plan de Empleo Rural.

De las 27.000 peonadas que se firmaron, la Inspecci¨®n de Trabajo s¨®lo reconoci¨® como validas y realmente realizadas 4.600. El resto, seg¨²n sostuvo el fiscal, hab¨ªan sido jornadas no trabajadas en realidad. Las 22.600 restantes no pudieron ser justificadas.

P¨¦rez Funes explic¨® su actitud en el estado de necesidad que sufr¨ªan los habitantes de su pueblo acogidos al subsidio agrario y en el problema social que supon¨ªa el paro en el campo. El ex alcalde defendi¨® en todo momento que ninguna de sus actuaciones iba encaminada a obtener un provecho propio.

Los 24 jornaleros que fueron imputados en el comienzo de este proceso quedaron fuera del mismo una vez que entr¨® en aplicaci¨®n el nuevo C¨®digo Penal, que establece como delito el cobro de m¨¢s de 10 millones de pesetas. Como ellos, en total, apenas hab¨ªan llegado a los seis millones de pesetas, s¨®lo pod¨ªan ser considerados como autores de una infracci¨®n.

A su salida del juicio, P¨¦rez Funes manifest¨® que una cuarta parte de L¨¢char, un pueblo situado a 30 kil¨®metros al oeste de Granada, "est¨¢ muy necesitada" y era prioridad para el Ayuntamiento encontrar una f¨®rmula de ayuda.