El Defensor del Pueblo denuncia la grave desatenci¨®n p¨²blica a los ancianos

Casi seis millones y medio de espa?oles tienen m¨¢s de 65 a?os. Son m¨¢s del 16% de la poblaci¨®n, pero no cuentan demasiado. Han sido relegados por las leyes, y los servicios sociales que los atienden son insuficientes y no est¨¢n adaptados a sus necesidades sanitarias. Son las conclusiones de un informe del Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, entregado ayer al Congreso de los Diputados, que pide cambios legales y la intervenci¨®n de cuatro ministerios para garantizar la correcta atenci¨®n m¨¦dica y social de este colectivo. El coste del esfuerzo ser¨ªa de 326.712 millones hasta el 2006.

El "reto" es cumplir con las necesidades de los ancianos, sobre todo de aquellos que necesitan ayuda para su vida cotidiana. Este grupo, que se acerca ya al mill¨®n de personas, es cuidado sobre todo por sus familiares (en un 86,5% de los casos).Para evitar esta situaci¨®n y garantizar una mayor autonom¨ªa de los mayores, el Defensor recomienda el incremento de los servicios sociales dirigidos a ellos, su perfeccionamiento y una mejor coordinaci¨®n de ¨¦stos con el sistema sanitario.

Un informe de 471 p¨¢ginas de la Sociedad Espa?ola de Geriatr¨ªa y Gerontolog¨ªa y de la Asociaci¨®n Multidisciplinaria de Gerontolog¨ªa ha servido de base. El "objetivo razonable" es acercar a Espa?a a la media europea en esta materia. Esto exige un esfuerzo importante, ya que las prestaciones actuales no cumplen siquiera los objetivos del Plan Gerontol¨®gico, aprobado en 1992 y vigente hasta el 2000.

As¨ª, s¨®lo 120.000 mayores reciben en la actualidad ayuda a domicilio (1,8% de ese grupo), cuando la media europea se sit¨²a en el 4% y el Plan Gerontol¨®gico aspiraba a un 8%. Lo mismo ocurre con los servicios de teleasistencia (60.000 beneficiarios), que mantienen conectado al mayor con un centro de referencia, o las estancias de d¨ªa, a medio camino entre las residencias y la asistencia a domicilio. El caso de las residencias es diferente. No s¨®lo faltan plazas, sino que las que hay est¨¢n mal concebidas, ya que la mayor¨ªa no est¨¢n preparadas para mayores dependientes.

111.000 nuevos puestos

Con el horizonte puesto en el 2006, el desaf¨ªo lanzado por el informe exige un esfuerzo de 326.712 millones de pesetas para garantizar la atenci¨®n a domicilio de otros 240.970 mayores; 88.888 nuevos usuarios de teleasistencia; 75.113 nuevas plazas en los centros de d¨ªa y otras 50.431 en residencia. De esos servicios se beneficiar¨ªan m¨¢s de 450.000 mayores y supondr¨ªan la creaci¨®n de 111.063 nuevos puestos de trabajo. Si se restan las prestaciones por desempleo que dejar¨ªan de cobrar estos trabajadores y lo que pagar¨ªa el mayor por la atenci¨®n recibida, el ambicioso plan exigir¨ªa 115.335 millones de pesetas de los presupuestos generales.El informe se ha hecho p¨²blico una semana despu¨¦s de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reconociera las carencias en el ¨¢rea de los recursos sociales para este colectivo. Su propuesta, menos ambiciosa y de la que a¨²n no se conoce ni el coste ni la fecha, implica la creaci¨®n de 30.000 nuevas plazas en residencias, 120.000 nuevos beneficiarios de programas de ayuda a domicilio y otros 90.000 de teleasistencia.

Las preocupaciones del Defensor, que surgen de un "n¨²mero significativo de quejas", no son s¨®lo materiales. Una de sus recomendaciones implica una reforma penal para dar una protecci¨®n espec¨ªfica a este grupo, como ya est¨¢ recogido para los ni?os. En este sentido propone que la vejez de la v¨ªctima de cualquier delito sea considerada un agravante.

Adem¨¢s, el informe pide una regulaci¨®n m¨¢s clara del internamiento forzoso en centros geri¨¢tricos, para que se tenga en cuenta, si es posible, la voluntad del mayor, as¨ª como sus derechos, para lo que ser¨ªa necesario modificar el C¨®digo Civil.

Algunas de las medidas propuestas ya han sido aprobadas, como los permisos y excedencias para cuidar a un familiar, previstos en la ley de conciliaci¨®n de la vida familiar y laboral impulsada por el Gobierno este mismo a?o.

El Defensor ha formulado 11 recomendaciones, dirigidas a los ministerios de Sanidad y Consumo; Trabajo y Asuntos Sociales; Justicia y Educaci¨®n y Cultura, para coordinar y reforzar la atenci¨®n que hoy reciben los mayores de 65 a?os.

Con este informe, que ayer fue entregado al vicepresidente del Congreso de los Diputados, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, junto a otros dos -sobre violencia escolar y residuos urbanos-, el Defensor del Pueblo se despide del cargo. Hasta que el Parlamento elija a su sucesor permanecer¨¢ en funciones su adjunto primero, Antonio Rovira.