Contradicciones

Las enmiendas introducidas en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado para dotar de mayor transparencia las retribuciones extraordinarias de consejeros y directivos mediante opciones sobre acciones son un paso importante para mejorar la informaci¨®n de los accionistas de las empresas, en la l¨ªnea de lo que ped¨ªan los inversores despu¨¦s de conocerse los sobresueldos -unos 40.000 millones de pesetas- que se embolsar¨¢n 100 directivos de Telef¨®nica, incluido su presidente, Juan Villalonga. Las enmiendas exigen que, antes de percibir las plusval¨ªas de estas acciones reservadas, la empresa entregue en la CNMV un folleto explicando de forma individualizada y detallada las acciones y liquidaciones de los administradores-ejecutivos y que los planes de retribuci¨®n con acciones, incluidos los que est¨¦n en vigor antes del 1 de enero del a?o 2000, sean aprobados por la junta general de accionistas. Ambos requisitos son aciertos indiscutibles. Beneficiar¨¢n a los accionistas y contribuir¨¢n a que el mercado est¨¦ informado sobre el destino de vol¨²menes importantes de acciones que pueden influir sobre la cotizaci¨®n.Cabe deducir de tales enmiendas que el programa de stock options de Telef¨®nica deber¨¢ ser aprobado por los accionistas en una junta general; que los accionistas recibir¨¢n una informaci¨®n individualizada de las acciones de cada consejero beneficiado con este extra salarial y el factor multiplicador de las acciones; y que se ha terminado la pr¨¢ctica de entregar informaci¨®n parcial o confusa en las juntas de accionistas para colar cantidades desmedidas en forma de pagos extrasalariales. Adem¨¢s, se corregir¨¢ la opacidad de las retribuciones extraordinarias de Telef¨®nica planeadas por Villalonga y su equipo en el momento de la privatizaci¨®n, que tanto malestar y esc¨¢ndalo han causado en la sociedad espa?ola.

Pero este Gobierno y el partido que lo respalda parecen responder a impulsos contradictorios, pr¨®ximos a la esquizofrenia. El ¨¢nimo de transparencia mostrado en las stock options -seguramente favorecido por el riesgo de p¨¦rdida de votos que puede suponer el enriquecimiento escandaloso de los directivos de una empresa cuyos ingresos dependen de decisiones del Gobierno- queda desmentido por otra enmienda en la Ley de Acompa?amiento, la que limita el ejercicio de derechos pol¨ªticos a las empresas p¨²blicas que quieran comprar acciones de empresas energ¨¦ticas espa?olas. Es un ejercicio de rancio intervencionismo incompatible con los tratados de la Uni¨®n, que consagran la libertad de movimiento de capitales y tratan de formar un mercado ¨²nico que supere las barreras nacionales; tambi¨¦n es una decisi¨®n incompatible con el sentido com¨²n. ?Por qu¨¦ se ha de limitar la entrada de empresas p¨²blicas o semip¨²blicas en el sector energ¨¦tico y no en el de telefon¨ªa o en el de la siderurgia? Tal disposici¨®n es tan antipedag¨®gica como, por ejemplo, la ¨¢spera intervenci¨®n del Gobierno portugu¨¦s para evitar el acuerdo del BSCH con Champalimaud. ?ste no es el camino para construir el mercado europeo; m¨¢s bien es el que habr¨ªa que seguir para abortarlo.