El fiscal pide 92 a?os de c¨¢rcel para Galindo en el 'caso Lasa-Zabala'

El fiscal Jes¨²s Santos solicita penas que superan los 90 a?os de prisi¨®n para cinco de los acusados en el juicio del caso Lasa-Zabala que se inicia hoy en la Audiencia Nacional. El general Enrique Rodr¨ªguez Galindo, el ex gobernador civil de Guip¨²zcoa Julen Elgorriaga, y los miembros de la guardia civil ?ngel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo est¨¢n acusados de pertenecer a los GAL -los dos primeros en grado de dirigentes- y de haber secuestrado y asesinado en octubre de 1983 a los presuntos terroristas de ETA Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala.

El fiscal pide penas de 92 a?os de c¨¢rcel y multa de 750.000 pesetas para Rodr¨ªguez Galindo y Elgorriaga, y de 90 a?os de prisi¨®n y multa de 300.000 pesetas para Vaquero, Dorado y Bayo. Las acusaciones solicitan penas que oscilan entre los 114 y los 118 a?os de prisi¨®n, b¨¢sicamente por los mismos delitos, mientras que las defensas reclaman la absoluci¨®n por entender que los hechos no eran constitutivos de delito o que sus clientes no participaron en ellos.El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote no est¨¢n acusados de las muertes de Lasa y Zabala, sino de delito de encubrimiento, por haber realizado presuntamente maniobras para ocultar los hechos entre 1991 y 1994. El fiscal pide para ellos dos a?os de c¨¢rcel y 16 de inhabilitaci¨®n.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera que todos los acusados, a excepci¨®n de Vera y Argote, fueron miembros de los GAL, por lo que les acusa de pertenencia a banda armada. Sin embargo, la pena solicitada para Galindo y Elgorriaga es de 10 a?os de prisi¨®n y 750.000 pesetas de multa por su condici¨®n de presuntos jefes del grupo, mientras que la pena pedida para los restantes es de ocho a?os y 300.000 pesetas de multa.

Prevalerse del cargo

El fiscal considera que el secuestro y asesinato de los dos presuntos etarras debe ser calificado como detenci¨®n ilegal y asesinato y que involucra a Galindo, Elgorriaga y Vaquero como inductores y a Dorado y Bayo como autores materiales. La petici¨®n de c¨¢rcel es de ocho a?os por cada una de las dos detenciones ilegales y de 30 a?os por cada asesinato. El fiscal considera que en el caso de estos cinco ¨²ltimos procesados concurre la agravante de prevalerse del cargo p¨²blico que todos ellos ten¨ªan en el momento de los hechos.

Tambi¨¦n percibe un delito de lesiones imputable a los cinco principales implicados, por el que se piden dos penas de tres a?os. El fiscal no califica los hechos como delito de torturas, como se hizo en el auto de procesamiento, debido a que en el art¨ªculo 204 bis del C¨®digo Penal aplicable en el momento en que se produjo la detenci¨®n se exig¨ªa como requisito para considerar que se hab¨ªan producido torturas el que los malos tratos hubieran sido infligidos durante una investigaci¨®n oficial, y el fiscal considera que los hechos son ilegales desde su inicio.

El fiscal solicita una indemnizaci¨®n de 25 millones de pesetas para los herederos de cada una de las v¨ªctimas, y adem¨¢s insta la declaraci¨®n del Estado como responsable civil subsidiario, al ser funcionarios p¨²blicos los presuntos autores de los da?os.

En la actualidad, ¨²nicamente permanecen en prisi¨®n preventiva el ex sargento Enrique Dorado y el ex cabo Felipe Bayo, mientras que el general Galindo y Elgorriaga se encuentran en libertad bajo fianza de 25 millones, y el comandante Vaquero, relevado como segundo jefe de de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, est¨¢ en libertad bajo fianza de 15 millones.

Est¨¢ previsto que el juicio dure unos dos meses. La Sala estar¨¢ formada por los magistrados Siro Garc¨ªa, como presidente; Carlos Cez¨®n, que sustituye al magistrado Antonio D¨ªaz, que se encuentra enfermo, y Manuela Fern¨¢ndez de Prado, como ponente.

El tribunal, en un auto dictado en noviembre, rechaz¨® una serie de pruebas pedidas por las partes y redujo el n¨²mero de testigos a un centenar. El tribunal dej¨® fuera a testigos de car¨¢cter pol¨ªtico y a periodistas, as¨ª como la investigaci¨®n del patrimonio de los acusados.

Entre los testigos que comparecer¨¢n figuran los ex ministros Jos¨¦ Luis Corcuera y Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas; el ex director del CESID Emilio Alonso Manglano; el ex agente de ese mismo organismo Juan Alberto Perote; el ex director de la Seguridad del Estado Juli¨¢n Sancrist¨®bal; el ex director de la Guardia Civil Luis Rold¨¢n, y la ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles.