Callej¨®n con salida

Para cualquier conocedor de la pol¨ªtica vasca, la vuelta a la lucha armada por parte de ETA no puede haber constituido sorpresa alguna. Al contrario, tal como se desarrollaba el proceso en los ¨²ltimos meses, la decisi¨®n de poner fin a la tregua es coherente con las intenciones que ETA expres¨® al declararla. En efecto, la tregua de septiembre de 1998 no ten¨ªa como finalidad la paz en Euskadi, sino que, para la organizaci¨®n terrorista, era un mero instrumento, un simple cambio de t¨¢ctica, para conseguir su objetivo primordial: la llamada "construcci¨®n nacional" de una Euskal Herria independiente. Se trataba, en definitiva, de un periodo de paz condicionado y precario. Condicionado a que se cumplieran determinadas expectativas y precario porque ¨²nicamente aseguraba el fin de los atentados mortales y no -kale borroka- el cese de toda violencia.Este cambio t¨¢ctico consist¨ªa en pasar el protagonismo de la lucha por la "liberaci¨®n nacional" al PNV, a EA y, por supuesto, a EH-HB. La pretensi¨®n era que la v¨ªa "civil" sustituyera a la "militar" y que un frente de partidos nacionalistas alcanzara, sin violencia, los mismos objetivos que ETA pretend¨ªa con la lucha armada. El testigo se entregaba, fundamentalmente, al PNV, y ¨¦ste lo acept¨® mediante el Pacto de Lizarra. Cualquiera que sea la posici¨®n ideol¨®gica respecto a los t¨¦rminos y al contenido de este pacto, hay que reconocer que la decisi¨®n del PNV ten¨ªa, objetivamente, indudables m¨¦ritos: valent¨ªa pol¨ªtica, clarificaci¨®n de posiciones y asunci¨®n de riesgos. Por una vez, un partido nacionalista moderado dejaba de practicar la constante ambig¨¹edad de proclamar una pol¨ªtica y realizar otra muy distinta. Con el Pacto de Lizarra, la direcci¨®n del PNV tom¨® una v¨ªa que le llevaba a asumir posiciones nacionalistas radicales y se arriesg¨® a que parte de su mismo partido y numerosos votantes no la compartieran. Pero se trataba de intentar poner fin a la violencia mediante nuevos caminos all¨ª donde estrategias pol¨ªticas anteriores -especialmente la derivada del Pacto de Ajuriaenea- hab¨ªan fracasado. Explorar nuevas v¨ªas ten¨ªa importantes riesgos, pero tambi¨¦n la posibilidad de encontrar una alternativa definitiva a la violencia.

Con la perspectiva actual, al Pacto de Lizarra hay que reconocerle tambi¨¦n importantes efectos positivos sobre la sociedad y la pol¨ªtica vascas. Durante 14 meses, la sociedad vasca ha experimentado un enorme alivio tras la tensi¨®n de tantos a?os. El gusto por la sensaci¨®n de libertad -aunque sea vigilada y con kale borroka- es algo a lo que uno se acostumbra con facilidad y, por consiguiente, a lo que le es dif¨ªcil ya renunciar. Uno de los grandes activos para cualquier perspectiva de paz en la situaci¨®n actual es, precisamente, el impacto ben¨¦fico de este corto pero estimulante periodo. Adem¨¢s, Lizarra ha sacado a EH-HB de la marginalidad y lo ha integrado en las instituciones pol¨ªticas, hasta el punto de que en la actualidad es una pieza clave entre las fuerzas que dan soporte parlamentario al Gobierno vasco. El partido que dirige Otegi es hoy una fuerza renovada y distinta a la antigua HB: recientes declaraciones suyas o gestos tan significativos como el manifestarse junto a las fuerzas pol¨ªticas democr¨¢ticas con el objetivo de que ETA no reanude la lucha armada no pueden pasar inadvertidos y dan pie a que se pueda confiar en que un sector mayoritario de esta formaci¨®n, sin renunciar a su ideolog¨ªa ni a sus fines pol¨ªticos, se alinee definitivamente con las fuerzas que han optado por las v¨ªas pac¨ªficas de actuaci¨®n pol¨ªtica. Por tanto, a mi modo de ver, no cabe descalificar de manera un tanto simplista al PNV por el camino escogido en Lizarra, sino que, por el contrario, debe apreciarse en todo su valor los riesgos que ha asumido y los resultados hasta ahora conseguidos.

Ahora bien, ETA ha roto la tregua porque quien le ha fallado en estos 14 meses no ha sido el Gobierno de Aznar -con el que no hab¨ªa pactado nada y del cual s¨®lo quer¨ªa obtener el acercamiento de los presos a Euskadi-, sino, precisamente, el PNV, y por extensi¨®n, el Gobierno vasco. Esta acusaci¨®n se manifiesta con claridad en el comunicado de ETA que pon¨ªa fin a la tregua. Son el PNV (y EA), dice ETA, quienes no han dado los pasos necesarios para cumplir con todos los compromisos adquiridos en Lizarra, singularmente la creaci¨®n de una instituci¨®n nacional vasca surgida de la "asamblea de municipios" y la ruptura de relaciones de los partidos nacionalistas con el PP y el PSOE.

A la vista de lo sucedido en los ¨²ltimos meses, desde el punto de vista estricto de que pacta sunt servanda, ETA tiene parte de raz¨®n: las expectativas creadas por Lizarra no se han cumplido. Ahora bien, las dificultades del PNV para que sus militantes y votantes aceptaran lo acordado hace 14 meses han sido muy grandes. La prueba est¨¢ en que la sociedad vasca se ha manifestado electoralmente durante este periodo en tres ocasiones: en todas ellas los partidos nacionalistas en su conjunto han retrocedido electoralmente, aunque EH haya mejorado sus posiciones. En cambio, PP y PSOE han experimentado un aumento de sus votos. Precisamente fue en la "asamblea de municipios", pieza clave de la nueva legitimidad democr¨¢tica vasca que pretende ETA, donde m¨¢s se comprob¨® la debilidad de los partidos nacionalistas. De las capitales, s¨®lo Bilbao -con un alcalde cr¨ªtico con Lizarra- estaba presente. Esta tendencia a la baja iba dando la raz¨®n a los importantes barones del PNV que consideran que la v¨ªa de Lizarra constitu¨ªa un grave error: Ardanza, Atutxa, Cuerda, Arregui, entre otros. La sociedad vasca no respond¨ªa como se esperaba al acuerdo entre partidos nacionalistas.

Pero el paso que esperaba ETA, y que no se dio en 14 meses, ha tenido lugar ahora. A pesar de la decreciente tendencia electoral y del malestar interno, el reciente documento hecho p¨²blico por el PNV parece responder a los deseos de la organizaci¨®n terrorista. En ¨¦l se declara que "partiendo de la realidad pol¨ªtica y marcos jur¨ªdicos vigentes (...) apuesta inequ¨ªvocamente por un ¨¢mbito jur¨ªdico-pol¨ªtico que abarque a todos los vascos y que contenga el respeto efectivo a su ser nacional y a la realidad hist¨®rica, cultural y ling¨¹¨ªstica; as¨ª como el derecho a definir su propio futuro, su articulaci¨®n interna y su relaci¨®n externa". Y a?ade: "Teniendo en cuenta la nueva perspectiva europea y los reajustes de naciones y fronteras en su ¨¢mbito, estamos convencidos de que ha llegado para el pueblo vasco la hora de levantar su voz y crear en su propio seno aquellas condiciones de cohesi¨®n y de afirmaci¨®n propias para caminar hacia una expresi¨®n colectiva de voluntad acerca de su posici¨®n como pueblo en el concierto europeo". Por ¨²ltimo, invita a las formaciones nacionalistas (no a las dem¨¢s), y "en especial a EH-HB", a "establecer las bases de este proyecto, en sus contenidos, modos y ritmos".

Esta declaraci¨®n supone un cambio en el panorama pol¨ªtico espa?ol de primera magnitud, mucho m¨¢s significativo que el mismo comunicado de ETA poniendo fin a la tregua. No es ya

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ETA quien pide, con otras palabras, el derecho a la independencia del "pueblo vasco" y de "los vascos" del resto de Espa?a. Es el propio PNV quien lo plantea: no se est¨¢ ya bajo el chantaje de quien amenaza con las pistolas, sino que tal opini¨®n es expresada por el partido que obtiene m¨¢s votos en Euskadi y quien, sin interrupci¨®n, ha gobernado en aquella comunidad. Adem¨¢s, el PNV formula su pretensi¨®n desde el marco de la legalidad vigente y no se desprende de sus palabras que quiera apartarse de las v¨ªas constitucionalmente previstas.

Ante tal petici¨®n, creo que los representantes de la sociedad espa?ola no pueden permanecer indiferentes ni a la defensiva; esta vez han sido aludidos directamente y deben dar una respuesta a la demanda del PNV. Si representantes cualificados de una parte importante y significativa de los ciudadanos de un Estado muestran pac¨ªficamente su voluntad de desligarse de los lazos que les unen al mismo, la obligaci¨®n es atenderles y nuestra Constituci¨®n tiene v¨ªas adecuadas para ello. Ahora bien, en una democracia una situaci¨®n de este g¨¦nero requiere el respeto a dos requisitos b¨¢sicos: primero, utilizar las v¨ªas jur¨ªdicas que ofrece el marco constitucional vigente y, segundo, respetar antes que nada la opini¨®n mayoritaria de los ciudadanos afectados m¨¢s directamente por la situaci¨®n, en este caso, los ciudadanos del Pa¨ªs Vasco y de Navarra, sin olvidar los derechos de los dem¨¢s ciudadanos del Estado.

Desde este planteamiento, lo m¨¢s inmediato, por tanto, es proceder a conocer la opini¨®n de los ciudadanos vascos mediante los usuales procedimientos democr¨¢ticos que la Constituci¨®n pone a nuestro alcance. Por supuesto no bastan los resultados de elecciones pasadas para conocer una opini¨®n tan concreta sobre un aspecto de tan grande relevancia. La posici¨®n del PNV no es contradictoria con sus aspiraciones generales de siempre, pero s¨ª que contiene la novedad de que esta vez su formulaci¨®n es mucho m¨¢s definida y, sobre todo, parece requerir una respuesta que no se demore mucho en el tiempo. Todas estas caracter¨ªsticas sobre un tema tan espec¨ªfico requieren, a mi modo de ver, que se efect¨²e una consulta a los ciudadanos de Euskadi y de Navarra a trav¨¦s de un refer¨¦ndum que, de acuerdo con la Constituci¨®n, debe tener car¨¢cter consultivo y no puede ser vinculante para las instituciones estatales.

Este car¨¢cter, sin embargo, no significa que los deseos de una mayor¨ªa de ciudadanos vascos no ser¨¢n, en su caso, debidamente atendidos. S¨®lo significa que su voluntad, por s¨ª sola, no comporta un inmediato derecho de secesi¨®n, sino que la misma puede tener efectos jur¨ªdicos posteriormente mediante una reforma constitucional fruto de una negociaci¨®n entre todas las partes implicadas, es decir, tanto las representativas de los ciudadanos vascos como las representativas de los ciudadanos de toda Espa?a. El orden constitucional espa?ol, en efecto, no podr¨ªa permanecer indiferente ante la expresi¨®n "clara" de una mayor¨ªa "clara" de ciudadanos vascos que manifestasen su deseo de no seguir formando parte de Espa?a, siempre que, tanto en el proceso como en el resultado final, se respetasen los derechos fundamentales tanto de las mayor¨ªas como de las minor¨ªas. A la inversa, todos los ciudadanos vascos deber¨ªan acatar una mayor¨ªa "clara" contraria a la independencia.

Creo que estamos en un momento crucial para la consolidaci¨®n definitiva de nuestro Estado constitucional que no debe ser desaprovechado. La intangibilidad de nuestras fronteras o, dicho de una forma m¨¢s popular, la llamada "unidad de Espa?a", no es, por supuesto, un valor constitucional superior a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico de nuestro Estado Social y Democr¨¢tico de Derecho. Los Estados no son m¨¢s que instrumentos al servicio de los ciudadanos y no a la inversa. Por tanto, la Constituci¨®n debe amparar, y desde luego ampara, cualquier deseo jur¨ªdicamente leg¨ªtimo de los ciudadanos que se exprese a trav¨¦s de los cauces democr¨¢ticos, en especial a la regla de la mayor¨ªa dentro del respeto a las minor¨ªas. Ninguna finalidad, planteada en tales t¨¦rminos, es constitucionalmente imposible. Por otra parte, no existe, constitucionalmente hablando, una Espa?a metaf¨ªsica e indestructible, sino s¨®lo ciudadanos espa?oles que tienen el derecho a vivir en paz, es decir, a vivir con la seguridad de la libertad que les suministran las normas jur¨ªdicas que ellos mismos se han otorgado.

No estamos, por tanto, en un callej¨®n sin salida. Debemos hacer un esfuerzo por desdramatizar la situaci¨®n con el objeto de reconducirla a trav¨¦s de las reglas y los procedimientos jur¨ªdicos democr¨¢ticos. Quiz¨¢s ha llegado el momento de, mediante estas reglas y procedimientos, tomar decisiones audaces e imaginativas que puedan solucionar definitivamente la violencia en Euskadi.

Francesc de Carreras es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona